En diciembre de 2020, el Poder Ejecutivo, entonces encabezado por Luis Lacalle Pou, reglamentó la llamada “ley de derribo” que había sido aprobada en el marco de la ley de urgente consideración (LUC) impulsada al inicio de la administración. En aquel entonces, desde la Presidencia se definía al protocolo allí establecido como “muy preciso para la protección del espacio aéreo”, con un objetivo “disuasivo”, para poder “ejercer la autoridad” y la “soberanía” en los cielos nacionales.
Esta medida encontró algunas resistencias en la entonces oposición y volvió a estar en agenda durante la campaña electoral, cuando el candidato frenteamplista –ahora presidente– Yamandú Orsi dijo querer “analizarla”, en el contexto de un encuentro organizado por la Cámara Española de Comercio. Recientemente, en entrevista con El Observador, la ministra de Defensa, Sandra Lazo, informó que ya se le transmitió a Estados Unidos la “voluntad” del presidente Orsi de modificar la normativa.
Según pudo confirmar la diaria, por el momento la cartera estudia “la forma” de volver al cumplimiento del Protocolo de Montreal, acuerdo internacional al que el país adhiere pero incumple desde la entrada en vigencia de la ley de derribo, según las actuales autoridades. En octubre de 2024, un pedido de informes realizado por la entonces diputada Elsa Capillera y divulgado por Búsqueda indicó que la ley se había aplicado 13 veces desde su entrada en vigencia –en ningún caso se llegó a la instancia de derribo, sino que se aplicó el protocolo previo–.
Lazo remarcó este martes en el programa Arriba Gente, de canal 10, que el convencimiento de modificar la legislación no es “ni político ni ideológico”, sino “estrictamente una cuestión de legalidad”. Según profundizó la jefa de la cartera, una de las consecuencias de no modificar esta ley, que “contraviene” el Protocolo de Montreal, es que no se puede adquirir tecnología estadounidense para la Fuerza Aérea.
Lazo detalló que tuvo la posibilidad de intercambiar sobre el tema con el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier Fernando Colina, quien le manifestó que los militares están “dispuestos a cooperar para la modificación”. “Nosotros no estamos hablando de derogar la ley. Hay que modificarla, es una cuestión de terminología; subsanando eso, no hay ningún problema”, indicó la ministra.
Por último, Lazo dejó en claro que la eliminación del derribo –último paso del protocolo vigente– no implica la desprotección del espacio aéreo, dado que hay otras formas de actuar que se utilizan en la actualidad y que tienen que ver con “acompañar” a la nave en cuestión e “invitarla a que se retire”. “Además de eso, creo que tendríamos que explorar otras posibilidades”, remarcó la jefa de cartera.
En ese sentido, Lazo explicó que se deberá considerar la adquisición de “tecnología adecuada” –por ejemplo, radares– que permita que se realice “seguimiento, se pueda recopilar información o se pueda proceder, sin tener que ir al derribo” de la aeronave.
Javier García: “¿Por qué no lo impugnaron en el referéndum de la LUC?”
Una vez conocida la intención del gobierno de ir hacia esta modificación, el senador nacionalista Javier García, ministro de Defensa en el momento en el que se aprobó y reglamentó esta ley, salió al cruce de las actuales autoridades. En diálogo con la diaria, puso en duda que la posición del actual Ejecutivo tenga que ver sólo con algo “legal”. “¿Por qué no lo impugnaron en el referéndum de la LUC?”, preguntó el legislador. A su vez, llamó la atención sobre la situación de la región en relación con el narcotráfico, y afirmó que “Brasil tiene ley de derribo, Argentina la activa por períodos, Paraguay la discute y el Chile de [Michelle] Bachelet la impulsó”.
“Quiere decir que no es un tema legal ni de leyes internacionales; la plantean derogar a pedido de Estados Unidos, lo cual significa que habilitan el veto a leyes nacionales por países extranjeros. Vergonzoso”, concluyó García.