El Poder Ejecutivo remitió un proyecto de ley al Parlamento con medidas para “mitigar desventajas” que se producen en zonas fronterizas. Estos puntos se habían anunciado el 5 de junio en Artigas por el ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. Según detalló en su momento el jerarca, las decisiones fueron construidas a partir de un recorrido del equipo económico por comercios de la frontera uruguaya con Brasil.
En la exposición de motivos de la iniciativa se señaló la existencia de una “disparidad significativa en los niveles de precios relativos” con los países limítrofes, algo que puede generar “efectos sustantivos sobre la competitividad, el consumo interno, el empleo, el comercio en zonas de frontera y su correspondiente formalización”.
Según detalla el texto, las acciones previstas tienen “carácter transitorio” y se vinculan a la implementación de “un régimen especial de comercio de frontera, la exoneración de aportes jubilatorios patronales a nuevos empleos, y la reducción del IVA”.
Asimismo, se deja claro que estas medidas podrán instrumentarse “conjuntamente o en forma individual” en ambas fronteras del país –con Argentina o con Brasil– según “las necesidades coyunturales que surjan”.
Régimen especial
Según explica el proyecto, crear un régimen especial para el comercio de frontera tiene que ver con “dotar de condiciones viables al comercio”, y, a su vez, con implementar “mecanismos disuasivos para el ingreso ilegítimo de las mercaderías”. En ese sentido, la iniciativa prevé el establecimiento de un “procedimiento aduanero simplificado, exonerado de todo tributo y paratributo”, incluidos el IVA y el Imesi.
Según se detalla, con la implementación de estas acciones se espera que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan “importar, enajenar y comercializar ciertos productos” en línea con los términos que establezca el Poder Ejecutivo. Asimismo, se aclara que en pos de promover la “simplicidad, fluidez y evitar costos a la operación aduanera” tampoco se exigirá documentación aduanera vinculada a los organismos de control aplicables a la mercadería que se importa.
Se indica que, en cualquier caso, el Poder Ejecutivo quedará facultado a determinar “el alcance de la zona, estableciendo los límites en que deberán estar instaladas esas empresas para poder acceder a este procedimiento”.
Exoneración de aportes
En lo que respecta a la exoneración de aportes jubilatorios patronales a nuevos empleados, el texto expresa que se trata de medidas que buscan promover la “formalización” y “la generación de nuevos puestos de trabajo” en la frontera. En este caso, el alcance territorial de la medida comprende a las empresas que se encuentren en actividad en un radio máximo de 60 kilómetros de los pasos de frontera terrestre.
La disposición indica que se podrá exonerar hasta 75% del aporte patronal jubilatorio al Banco de Previsión Social (BPS) para los nuevos puestos de trabajo dependiente. El proyecto expresa que “la medida se orienta a empresas con actividad en giros relevantes para la dinámica fronteriza”.
A su vez, se aclara que el beneficio será aplicado “exclusivamente” sobre el “incremento neto de empleos respecto al promedio de personal ocupado registrado” en los seis meses previos. Esta consideración “evita la sustitución de personal existente por nuevas contrataciones con exoneración”.
Reducción de IVA
La reducción del IVA va en línea con “estimular la adquisición de bienes de consumo en comercios al por menor que se encuentren ubicados en un radio máximo de 20 kilómetros de los pasos de frontera terrestre”. Para evitar “la deslocalización inapropiada de las adquisiciones”, se condiciona a que la entrega sea realizada en el propio local comercial.
La iniciativa deja previstas “limitaciones cuantitativas para el acceso al beneficio” tanto por operación como en relación con el conjunto de operaciones mensuales. Para “evitar la superposición de regímenes de reducción del IVA”, también se deja constancia de que “deberá aplicarse la que otorgue un mayor beneficio”.
En cuanto al monto por operación, se establece como tope para la aplicación del beneficio el equivalente a 2.000 unidades indexadas (actualmente algo más de 12.000 pesos). A su vez, mensualmente, se deja constancia de que para el descuento del IVA no se deberá superar las 10.000 unidades indexadas (alrededor de 63.000 pesos).