El Ministerio de Defensa Nacional recibió recientemente un informe realizado por los dos capitanes de navío que viajaron a Vigo, en España, para realizar una inspección técnica del proceso de construcción de dos patrullas oceánicas por parte del astillero Cardama. La compra de estas patrullas, realizada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, generó polémica en el período de gobierno anterior con el Frente Amplio, en ese entonces en la oposición. Las patrullas le costarán al Estado uruguayo 100 millones de dólares, de los cuales ya pagó 28.
Al asumir el gobierno de Yamandú Orsi, la ministra de Defensa Nacional, Sandra Lazo, inició una investigación administrativa por la compra y sostuvo que en el proceso hubo “mucha desprolijidad”. En abril resolvió sancionar al excomandante en jefe de la Armada Jorge Wilson, a dos contralmirantes y a un capitán de navío de la Armada con arrestos a rigor por “faltar a la verdad” respecto del pago a Cardama.
Este martes, el periodista Eduardo Preve informó en radio M24 que el informe de inspección técnica de la Armada, realizado por los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo, quienes estuvieron en Vigo entre el 28 de mayo y el 6 de junio a pedido de la ministra Lazo, detalla una serie de irregularidades en el proceso de construcción de las patrullas. Entre ellas, que el astillero Cardama no estaba inscripto en el Ministerio de Transporte de España y que recién se inscribió el 27 de mayo a las 17.05, horas antes de la llegada de la inspección uruguaya. Además, los oficiales constataron que la empresa española no tiene los permisos de construcción necesarios para hacer las patrullas.
En el informe entregado a la ministra se señala que el astillero no tiene capacidad para construir las patrullas en el plazo establecido, que no presentó los planos al Ministerio de Transporte de España, que la puesta de la quilla “no tiene control de soldadura”, que el contrato firmado por Cardama con el Estado no tiene firmas certificadas ni protocolo notarial, que no se hicieron los ensayos técnicos requeridos, entre otras irregularidades. Proponen, por estos motivos, renegociar el contrato y en particular los pagos a partir de ahora, y hacer una “revisión jurídica y notarial integral” del proceso.
Según informó Preve y confirmó la diaria, la ministra Lazo resolvió que a partir de ahora el ministerio lidere este proceso y sea el encargado de autorizar los pagos -ya que el anterior cedió el control de esto a la Armada-, y decidió enviar dos oficiales superiores de la Armada a instalarse de forma permanente en Vigo para supervisar el proceso.