En el marco del análisis del presupuesto quinquenal, actualmente a estudio de la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados, el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres) publicó un informe titulado “La realidad, los supuestos y las interrogantes del Proyecto de Ley del Presupuesto Nacional 2025-2029”, centrado en los aspectos fiscales del proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo. Ignacio Munyo, economista y director de Ceres, dijo en la diaria Radio que no le “cierran” las proyecciones de crecimiento que plantea el gobierno.
Munyo explicó que el trabajo del informe consistió en ordenar los datos presentados en el proyecto y “recalcular algunas variables de forma diferente”, con el objetivo de transmitir un mensaje más claro. Lo primero que surgió, señaló, es que “hay un 10% de crecimiento del gasto público total para el quinquenio”. El documento marca que el aumento sería similar al que se registró en el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (10,6%) y el doble que el del gobierno de Luis Lacalle Pou, que se previó de un 2% pero finalmente fue de 5%. Munyo indicó que desde 2005 hasta la actualidad “se multiplicó por dos veces y medio el volumen total de recursos que gasta el Estado uruguayo, para una población que es la misma”.
Con respecto al crecimiento del producto interno bruto (PBI), que el gobierno estima en un 2,4% promedio anual para el quinquenio, el informe de Ceres incorpora el análisis de las condiciones externas, las cuales serían neutras, según el Poder Ejecutivo. Munyo sostuvo que, con base en esas condiciones externas neutras y según los antecedentes de años similares, el crecimiento debería ser del 1%.
En ese marco, señaló: “Nos parece raro, o por lo menos cuestionable, que con el propio contexto que el gobierno pone en el presupuesto la economía pueda crecer más del doble, 2,4%”. Agregó: “No me cierra internamente. Me parece internamente inconsistente”.
Una de las interrogantes que se desprenden del informe es “¿cómo se va a duplicar el crecimiento del PIB si no crece la inversión?”. El economista cuestionó que la inversión proyectada promediaría 16,6% del PIB, cuando “la prédica” era que “había que elevarlo de 16% a 20%”, en el entendido de que es el motor para el crecimiento económico. “Que me muestren que de acá a cinco años va a seguir en 16% en el presupuesto. Me tiró abajo, o sea, me decepcionó”, expresó.
“¿Cómo se va a hacer para que el crecimiento sea el doble con la misma inversión que teníamos durante la última década, que era aproximadamente entre 16% y 17%, y la economía creció al 1% en la última década?”, insistió Munyo.
Por fuera del presupuesto, el gobierno prevé 800 millones de dólares anuales para inversión en infraestructura a través de diferentes mecanismos. Para Munyo, esto es “relevante”, aunque igualmente “insuficiente” para elevar la inversión al 20%. “Estamos lejos de ese 20% que, en teoría, se necesitaría para acelerar el crecimiento estructural de la economía de Uruguay”, resaltó.
Sobre el impuesto mínimo a la renta global –que gravaría a las empresas multinacionales instaladas en Uruguay con ingresos anuales iguales o superiores a 750 millones de euros–, el cual ha sido cuestionado desde la oposición al considerar que podría afectar el interés de ciertos grupos empresariales por invertir en el país, Munyo dijo que sí hay un riesgo, porque es un cambio “muy complejo” que implica “perforar el régimen de zona franca”, que ha “sido una bandera para atraer inversiones a nivel internacional”.
Desde el gobierno se ha sostenido que las multinacionales reclamaron que Uruguay implementara el tributo, para comenzar a pagarlo en el país, ya que actualmente lo abonan en sus países de origen. Consultado al respecto, Munyo dijo que esto podría generar una competencia con los países en los que las empresas dejen de tributar el impuesto.
El economista consideró que es un “tema de alta complejidad” y “cuánto va a complicar o no a una empresa” sólo lo puede saber ella misma. No obstante, aseguró, en base a charlas con personas vinculadas a ese tipo de empresas, “hay preocupación” y “nerviosismo” en todo el régimen de zona franca.
Acotó que algo similar ocurre con el impuesto a las ganancias patrimoniales en el exterior y la propuesta de levantamiento del secreto bancario, incluidas en el proyecto. “Las tres innovaciones tributarias que hay creo que generan mucho ruido y pocas nueces, o sea, porque van a recaudar muy poco y están generando un ruido muy grande que no es bueno para el país”, cerró.