El 1° de marzo, en su discurso ante la Asamblea General al asumir como presidente de la República, Yamandú Orsi retomó un aspecto que ya había estado sobre la mesa en la campaña electoral: una nueva política de riego para la producción agropecuaria.
“Es imperioso avanzar en un Plan Nacional de Aguas para garantizar el abastecimiento, la producción y la protección de uno de nuestros recursos más valiosos y desarrollar el riego como una estrategia nacional para agregar valor a nuestra producción”, decía ante los legisladores.
A seis meses de comenzar el gobierno, el Poder Ejecutivo difundió un decreto en el que se crea la Comisión Ejecutiva Interministerial para Asuntos de Riego (Ceiar), un nuevo ámbito de gestión en la órbita de Presidencia que se encargará de “definir e implementar” esa anunciada estrategia.
El Ejecutivo considera que esta herramienta mejorará la coordinación entre los ministerios y los organismos públicos con potestad en los temas vinculados al agua. En el decreto se establece que la búsqueda es “coordinar la concurrencia de políticas sectoriales y competencias de diversos organismos a efectos de contribuir a la eficiencia, operatividad y agilidad en la toma de decisiones”.
La comisión tendrá dos niveles: un Comité de Gestión, encabezado por el presidente de la República y los ministros de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti; Ambiente, Edgardo Ortuño; Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, e Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, y un Comité Operativo, conformado por representantes técnicos de esas mismas carteras.
El decreto establece que la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) tendrá un rol central como articuladora de proyectos, responsable de identificar oportunidades de infraestructura, realizar estudios técnicos y estructurar proyectos piloto de riego multipredial. Además, podrá gestionar financiamiento internacional y conformar consorcios o fideicomisos para viabilizar obras.
La Ceiar contará con 180 días corridos desde su primera reunión para presentar sus recomendaciones y definirá una guía de acción para la aprobación de proyectos de riego. Según el texto, la nueva estructura apunta a agilizar la toma de decisiones y garantizar la integración de políticas públicas, usuarios privados y sociedad civil en un tema considerado estratégico para el desarrollo productivo y la seguridad hídrica del país.
Entre los cometidos de la comisión se encuentran los de aprobar las líneas de acción, seleccionar y evaluar proyectos pilotos desde puntos de vista técnico, jurídico, ambiental y financiero, coordinar con organismos públicos y actores privados para agilizar la implementación y definir esquemas de financiamiento y gobernanza de las obras.
Sobre esto último, el decreto faculta a la comisión a definir recursos y gestionar fondos y le da a la CND la posibilidad de acceder a líneas de crédito de organismos multilaterales, además de crear o integrar sociedades comerciales o fideicomisos.
Según supo la diaria, en el Ejecutivo se piensa en una ingeniería financiera similar a la que Uruguay adoptó en la década pasada, cuando impulsó el cambio de la matriz energética. En aquella oportunidad, el Estado se asoció con privados, quienes generaron las obras y se encargaron de la operación de los proyectos, mientras UTE se hizo cargo de la compra de la energía. En el gobierno entienden que el Estado puede asociarse con privados para impulsar esta política, pero este camino debería planificarse desde el sector público.
Por otra parte, varios actores políticos colocan sobre la mesa de discusión la variable del impacto económico que podría tener una transformación con estas características. Un informe de la consultora Ceres de 2023 subraya que la aplicación de una política de riego en Uruguay podría producir un fuerte impulso económico. Según ese documento, una inversión de 1.800 millones de dólares en ocho años generaría un impacto acumulado de 10.000 millones y un crecimiento de hasta 4,8% del PIB en 2030.