El viernes, en su cumpleaños número 62, Gabriel Oddone compareció durante 11 horas y media ante la comisión que tiene a estudio el presupuesto quinquenal elaborado por el Poder Ejecutivo. El ministro de Economía y Finanzas arrancó su exposición remarcando que, por más que “el mundo de las instituciones plurilaterales” esté experimentando un “proceso de cambio”, el gobierno uruguayo está convencido de que el equilibrio preexistente se mantendrá. “Estamos asumiendo que las reglas de tipo comercial y de naturaleza tributaria van a seguir avanzando”, subrayó Oddone, según consta en la versión taquigráfica de la sesión.
La introducción del ministro sería la base para la posterior defensa de las modificaciones de naturaleza tributaria que el equipo económico pretende introducir a través del presupuesto, algunas de las cuales ya han sido objetadas por algunos dirigentes de la oposición.
En términos generales, Oddone señaló que, en promedio, el gobierno prevé una tasa de crecimiento de la economía uruguaya en el entorno de 2,5%. Apuntó, además, que el presupuesto tiene como punto de partida “una restricción fiscal importante”, debido a que en el período pasado “un conjunto de circunstancias llevaron a que el resultado fiscal se deteriorara especialmente en el último año”.
El equipo económico tiene previsto bajar el actual déficit fiscal de 4,1% a 2,6% en 2029, el último año del mandato. Según Oddone, la disminución del déficit tendrá un punto de inflexión a partir de 2027, cuando empiece a regir el impuesto mínimo a la renta global, siempre y cuando este sea aprobado en el Parlamento. El ministro enfatizó que la reducción del déficit se hará “por el lado de los ingresos” y no mediante un recorte del gasto público, el cual, sostuvo, “permanece constante a lo largo del quinquenio”.
“Este gobierno no fue electo para hacer un corte del gasto público. [...] La agenda por la que la gente votó en Uruguay fue la de un gobierno de izquierda, que no suele hacer un ajuste fiscal por el lado del gasto”, manifestó.
Con relación al impuesto mínimo a la renta global, Oddone señaló que este tributo se aplicará sobre las empresas uruguayas pertenecientes a grupos multinacionales que tengan una facturación anual superior a los 750 millones de euros, “con una tasa de imposición menor al 15%”. Dijo que se trata de un impuesto consensuado en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). El objetivo del gobierno, sostuvo, “es localizar esos impuestos aquí”.
“Estamos sumándonos a una tendencia global que creemos que va a permanecer y a la que queremos pertenecer, porque no somos una isla en el mar Caspio. No somos un paraíso fiscal”, afirmó. Y añadió: “Tenemos que atraer inversiones a Uruguay siendo competitivos, pero no siendo tontos, porque son impuestos que ya se pagan”. El equipo económico prevé recaudar 360 millones de dólares por este impuesto en 2027.
“El mundo en el que estamos es un mundo de resignación de soberanía”
El vínculo de Uruguay con la OCDE también formó parte de la defensa del ya cuestionado artículo 635 del presupuesto, que, a grandes rasgos, establece que la Dirección General Impositiva (DGI) podrá requerir el levantamiento del secreto bancario sin autorización judicial tanto para responder solicitudes de autoridades extranjeras como para sus propias tareas de investigación y fiscalización.
Oddone señaló que este cambio responde a una recomendación que la OCDE le hizo a Uruguay en 2020. “Efectivamente, esto supone una resignación de soberanía que nosotros, como gobierno, estamos dispuestos a asumir, dado que el costo-beneficio –porque en estas cosas el costo-beneficio funciona– vale la pena”, afirmó.
El ministro apuntó que actualmente Uruguay está calificado como “un país ampliamente cumplidor”, pero tiene “pendiente el cumplimiento de una recomendación”, y un descenso de categoría en la calificación supondría “un problema”. A modo de ejemplo, mencionó que la Unión Europea, “con la que tenemos más probabilidad que nunca de firmar un tratado de libre comercio, tiene establecido [como requisito] ser un país ampliamente cumplidor en su código de conducta”.
“El mundo en el que estamos es un mundo de resignación de soberanía. Ese es un hecho indiscutible. [...] Pero vivimos en este mundo, no vivimos en otro lugar del universo”, manifestó Oddone, y agregó que en los próximos años Uruguay deberá enfrentarse “de forma creciente” al debate “sobre el delicado equilibrio entre la soberanía y la pertenencia a un mundo que establece reglas”.
“En la medida en que Uruguay es un pequeño país abierto al mundo, y al mismo tiempo no es –voy a decirlo de manera un poco grosera– una roca en el mar Caspio, sino un país que produce y exporta bienes y que está sujeto a reglas de comercio internacional, nos tiene que importar toda la normativa global, porque cada vez que hacemos algo o dejamos de hacer algo nos exponemos a sanciones o inclusiones en listas determinadas”, recalcó.
“Las prioridades de la OCDE no están pensadas para favorecer a Uruguay”
La discusión en torno al secreto bancario acaparó una buena parte de las intervenciones de los legisladores de la oposición. El diputado Gerardo Sotelo (Partido Independiente) consideró que existe un apresuramiento por parte del equipo económico, ya que hasta ahora no se vislumbra en el horizonte “nada parecido a sanciones”.
Para Sotelo, una opción es “jugar con el tiempo, jugar en el buen sentido, [y] manejarlo a nuestro favor”. “Podríamos obtener beneficios sin poner en riesgo la calificación de riesgo”, afirmó, y señaló que “las prioridades de la OCDE no están pensadas para favorecer a Uruguay”. “Obviamente, no las podemos desconocer, pero tenemos que seguir utilizándolas a nuestro favor de una manera responsable y razonable”, acotó.
Por su parte, el diputado Pablo Abdala (Partido Nacional) cuestionó la incorporación “subrepticia” y “totalmente inesperada” de este cambio normativo en el proyecto presupuestal. Criticó también que, con la redacción actual del artículo 635, se le está concediendo al director de la DGI “un poder absolutamente indiscriminado” para “pedir en cualquier momento, con relación a cualquier contribuyente, la información que se le ocurra”.
“Cuando se nos dice que hay que estimular la inversión, fomentar el crecimiento y atraer capitales que vengan a radicarse al país para que generen crecimiento y, por lo tanto, aumenten la recaudación, me parece que estas señales son bastante contradictorias”, afirmó Abdala.
La diputada Paula de Armas (Partido Colorado) dijo que, en este caso, podría analizarse cómo optimizar los tiempos de respuesta del Poder Judicial ante las solicitudes de levantamiento del secreto bancario por parte de autoridades extranjeras. “Ese puede ser uno de los focos en los que podemos trabajar para lograr una alternativa a este artículo que, sinceramente, es preocupante”, señaló. “No podemos cortar las garantías judiciales”, subrayó.
No opinó sobre este tema el diputado Álvaro Perrone (Cabildo Abierto); de hecho, Perrone sólo intervino para expresar su inquietud sobre los beneficios impositivos que el Estado otorga al sector privado a través de las zonas francas con respecto a la generación de puestos de trabajo. “Siempre tenemos la duda de si realmente generan los puestos de trabajo que prometen”, señaló.
El diputado Gustavo Salle (Identidad Soberana), en tanto, le informó a Oddone que no votará el presupuesto. “¿Por qué? Porque creo que se puede ejercer un poquito de resistencia”, expresó Salle, quien dijo sentirse “agobiado” por la “sinceridad” del ministro, quien puso de manifiesto “una situación verdaderamente trágica: somos víctimas de la extorsión por parte de los grandes capitales del mundo”.