Las asociaciones comerciales e industriales de los departamentos limítrofes con Brasil ultiman la redacción de un documento estratégico para solicitar transformaciones en la política económica en el norte del país. El proyecto reúne un análisis técnico y 22 propuestas concretas orientadas a achicar la abrumadora brecha de competitividad con el mercado brasileño y dinamizar la recaudación fiscal mediante el impulso al comercio formal.
Al evaluar las cinco medidas aplicadas en febrero por el Poder Ejecutivo, el presidente de la Asociación Comercial e Industrial de Rivera (ACIR), Gustavo Laclau, ofreció un diagnóstico inequívoco: si bien los incentivos tributarios demostraron que dinamizan el consumo y vuelven a volcar ingresos al Estado, su limitado alcance e inestabilidad operativa terminaron erosionando sus resultados.
El comportamiento en el mercado de combustibles dejó en evidencia el potencial de las políticas de frontera. Cuando la rebaja del impuesto específico interno (Imesi) logró equiparar los valores entre Rivera y Santana do Livramento, los consumidores uruguayos optaron masivamente por volcar su gasto del lado uruguayo. Este fenómeno generó un incremento del 35% en la recaudación estatal por concepto de combustibles.
Sin embargo, Laclau señala que los problemas operativos atentaron contra el instrumento. Las oscilaciones internacionales del barril de petróleo, sumadas a demoras administrativas de hasta dos meses en la acreditación del descuento impositivo a las tarjetas, provocaron un rápido retroceso. Al percibir que la rebaja no impactaba de forma inmediata, los conductores retornaron a las estaciones de servicio brasileñas. Ante esto, los empresarios reclaman una corrección operativa urgente.
Un escenario similar se registró con la exención del IVA a 12 productos de la canasta básica: la rebaja estimuló las compras en el circuito formal e incrementó un 35% los ingresos fiscales por esas partidas. Sin embargo, las gremiales coinciden en que acotar el beneficio a solo una docena de artículos representa una respuesta insuficiente frente al desfasaje de precios regional.
En materia laboral, los alivios a los aportes patronales para fomentar la contratación tuvieron una adhesión moderada, pero no lograron traducirse en un aumento real del empleo ni en una solución estructural para el desempleo fronterizo.
“No competimos con Montevideo ni con el resto del país; competimos contra Brasil, un gigante que nos saca más de un 80% de diferencia en los precios”, dijo a la diaria Laclau.
Frente a esta coyuntura, el sector empresarial articuló una contrapropuesta centrada en reducir costos estructurales, desde tarifas públicas hasta cargas impositivas, y ampliar el abanico de rubros beneficiados.
Rumbo al Ministerio de Economía y al Parlamento
“De las cinco medidas planteadas por el gobierno, algunas no funcionaron y otras lo hicieron a medias. Necesitamos mejores soluciones”, remarcó Laclau.
Una vez finalizada la redacción del documento, la delegación empresarial presentará el texto ante el Ministerio de Economía y Finanzas y las comisiones de Hacienda de ambas cámaras del Parlamento. Aunque en el sector privado domina el optimismo con respecto al sustento técnico de la propuesta, los comerciantes remarcan que el éxito del plan dependerá de la voluntad política para abordar las asimetrías de una región con urgencias particulares.
El margen de maniobra, según advierten los referentes locales, se achica al ritmo del flujo constante de consumidores que cruzan a diario la frontera. Para los comerciantes del norte, el documento de 22 puntos no constituye un reclamo gremial aislado, sino un mapa de ruta técnico para evitar que la sangría económica termine por consolidar un escenario de informalidad estructural e insostenible para el comercio formal.
