En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alimentación, que se conmemoró el 16 de octubre, la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), con el apoyo del Día del Futuro de la diaria realizó este miércoles la conferencia virtual llamada “Del campo a la mesa: cultivar, nutrir, preservar. Juntos”; un evento que se trasmitió en vivo de manera simultánea en Uruguay y en el resto de los países de América Latina y el Caribe. La conferencia también fue organizada por el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
Uno de los disertantes fue el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca de Uruguay, Carlos María Uriarte, quien dijo que desde que se declaró la pandemia por la covid-19 el 13 de marzo, uno de los desafíos a los que se enfrentó el gobierno fue la lucha contra los problemas de alimentación, en un país que precisamente es agroexportador.
A pesar de que Uriarte aseguró que en Uruguay hay acciones innovadoras en producción y cuidado del medioambiente, dijo que “tenemos deberes que cumplir” y “estamos lejos de alcanzar nuestro potencial”, con miras al objetivo de la FAO, que es tener hambre cero en 2030. “Es un partido que se juega todos los días y en la altura”, dijo el ministro, al tiempo que aseguró que existe un compromiso por parte de su cartera de “nutrir y conservar” los suelos.
“Nuestra estrategia número uno es el cuidado del ambiente [y que eso] sea lo que nos diferencie. Hoy debemos considerar el alimento no sólo como algo que satisface las necesidades biológicas, sino como una expresión de la cultura, del amor, [teniendo] la responsabilidad de [saber] lo que estamos poniendo en las mesas del mundo”, señaló.
Uriarte dijo que durante la pandemia uno de sus desvelos fue que la actividad no parara, y comentó que donde había más temores de contraer la enfermedad era en los frigoríficos, pero “el virus no entró en la cadena alimenticia, porque se generaron protocolos para todos los pasos, como el envasado o el empaquetado”, también se tomaron medidas para prevenir que entre la enfermedad a través del comercio por tierra con países vecinos. Hubo “relación con los ministros de la región para el traslado de las mercancías, para que no parara, porque sin la actividad económica el virus, más tarde o más temprano. nos iba a ganar”, sostuvo.
“Estamos en plena batalla y lucha, con el temor de que el cansancio les gane a muchos uruguayos y que arriesguemos más de lo que debemos arriesgar. No hay que bajar la guardia porque estamos arriesgando la salud de los más expuestos, y la actividad. El éxito es muy mejorable, pero nos sentimos muy orgullosos”, dijo con relación a la situación sanitaria de Uruguay.
Por su parte, Álvaro Garcé, director de la Secretaría de Inteligencia Estratégica del Estado, anunció que están trabajando en un proyecto de ley para la seguridad alimentaria que presentarán en las próximas semanas a Uriarte para que sea el Poder Ejecutivo quien lo remita al Parlamento. A pesar de que dijo que está basado en un proyecto anterior, no quiso dar detalles sobre el articulado.
“La seguridad humana y alimentaria es de primer orden y tiene que ver con la dignidad de las personas, por eso la secretaría quiere contribuir con información para que se tomen las mejores decisiones”, aseguró. Para tener una base de datos e información más detallada pidieron ayuda a la FAO, que les brindó una consultoría que resultó fundamental para la redacción del proyecto.
Ejemplos de la sociedad
Además de las autoridades de gobierno, en la actividad participaron productores, actores de la sociedad civil y empresarios.
Stefania Silveyra, productora rural, directiva de Cooperativas Agrarias Federadas (CAF), Cudecoop e integrante de Conaprole, aseguró que el acceso a alimentos suficientes y saludables es esencial para enfrentar la pandemia generada por el coronavirus, así como cualquier otra enfermedad. “Los cambios son ahora”, sobre todo “en la producción y comercialización. Los productores enfrentan desafíos diarios para producir alimentos de manera sustentable económica y socialmente”, sostuvo. Comentó que CAF viene desarrollando una producción “segura, sostenible y accesible, cuidando de no saturar el mercado y evitando el desecho de alimentos”. Recordó que al ser tres millones de habitantes Uruguay tiene la capacidad de producir alimentos para 30 millones de personas: “Todos juntos debemos darlo todo, ahora más que nunca”, dijo.
Por su parte, Guidahí Parrilla, que forma parte del Mercado Popular de Subsistencia de Uruguay, comentó que este proyecto trata de ser una alternativa a la distribución tradicional, y es “barato participativo y solidario”. El mercado se inició en 2015 cuando un grupo de personas se juntó ante la imposibilidad de comprar alimentos en las grandes superficies porque no llegaban a pagar los precios. Además, muchos de los productos de las multinacionales competían con los de industria nacional. Ante esta realidad, colectivos barriales se juntaron “para hacer una compra mensual a cooperativas y empresas familiares”, contó Parrilla.
La organización no gubernamental busca precios accesibles, pero también fomenta la trasmisión de valores cooperativos, la autogestión, la independencia de clase, el trabajo voluntario, la solidaridad, el apoyo al crecimiento y el feminismo, entre otros principios.
En la actualidad en Montevideo hay 90 familias involucradas y el mercado maneja una lista de 300 productos, que incluye, además, vestimenta y artículos de limpieza, “lo necesario para la vida”, dijo Parrilla. Cuando no encuentran productos fabricados por cooperativas recurren a mayoristas, pero siempre adquieren lo que fabrica la industria nacional.
“El fundamento de la organización es que el consumo es una herramienta política capaz de cambiar la sociedad, evitando intermediarios y vinculándonos con quienes producen los alimentos. El trabajo es voluntario, los vecinos se organizan en comisiones sin fines de lucro, los trabajadores nos organizamos para acceder a los productos de otros trabajadores con la solidaridad de clase” de por medio, explicó.
“Si nos organizamos para consumir siendo conscientes de quiénes elaboran los productos, podemos tomar la decisión de a quiénes queremos ayudar, y así evitar la acumulación de la riqueza. Las redes se pueden desarrollar a gran escala sólo conectando a productores con consumidores de los departamentos”, dijo y resaltó que se trata de productos “de buena calidad y de bajo precio”. “Es un encuentro entre los vecinos, en el que se puede construir comunidad abordando otras temáticas, como el género”, aseguró. Con relación a los meses de pandemia contó que se organizaron ollas populares porque además de ser “una cooperativa de consumo somos una organización política”. Quienes quieran contactarse con el Mercado Popular de Subsistencia de Uruguay pueden hacerlo a través de su sitio web.
Por su parte, Natalia Hughes, emprendedora, abogada y presidenta de Sistemas B en Uruguay, relató su experiencia desde el punto de vista empresarial. Dijo que para la forma tradicional de ver la sociedad están: las ONG, que son las que “hacen un bien”; las empresas, que “buscan el lucro”, y el Estado, que tiene como dos grandes fines la eliminación de las inequidades y la convivencia social. Para Hughes la clave está en cambiar esta concepción y buscar otras soluciones y formas de relacionamiento. Para ejemplificarlo, hizo algo bien práctico: se paró y mostró los championes que llevaba puestos, y dijo que se trataba de un calzado realizado con materiales reciclables ‒como neumáticos‒ elaborados por personas privadas de libertad.
Que existan estos productos hace que los consumidores puedan elegir y “ser parte de la solución a un problema colectivo, esas son las empresas B, que no sólo buscan el lucro sino el triple impacto. Tienen conciencia, generan ganancias y logran una solución social y ambiental. La B es de beneficios compartidos”, dijo.
Hughes contó la experiencia de una empresa en Paraguay que recolecta alimentos que van a ser desechados por los restaurantes y los lleva a los comedores. “Es una empresa que tiene ganancias, pero cuyo propósito es que el desperdicio y el hambre sean cero. Llevaron la responsabilidad empresarial al corazón de la empresa, dentro de sus objetivos sociales está la creación de valor integral”. Para esto se necesitan “empresarios osados que generen una nueva genética empresarial”, dijo.
Entre las iniciativas apoyadas por la FAO participó la de Gloria Canclini, académica y directora de la Dirección de Derechos Humanos del Consejo Directivo Central de la Administración Nacional de Educación Pública, quien sostuvo que las políticas públicas durante la pandemia deben apuntar a “la seguridad humana, a la transformación social y a la conciencia de género, porque la inseguridad alimentaria tiene rostro de niño, de joven y de mujer”. Por eso destacó la importancia de construir sistemas alimentarios sostenibles. Sobre el desperdicio de alimentos dijo que se producen 1.300 millones de toneladas al año, lo que equivale a un millón de dólares tirados a la basura. Agregó que una de las tareas de la academia es brindar información para desarrollar políticas públicas, para que los parlamentos diseñen leyes que contemplen el riesgo de la emergencia. “Lo que tenemos que decidir es dónde podemos construir acuerdos para monitorear la realidad y ajustar las políticas y los apoyos económicos. La pandemia es una crisis y una oportunidad para los emprendimientos comprometidos, la cuestión más desafiante es lograr la vida plena de la población y uno de los problemas [para alcanzarla] es el sobrepeso y la obesidad”, señaló.
Canclini dijo que debe haber voluntad política y compromiso social para fomentar la alimentación saludable, y destacó que se trata de una parte de la cultura. Para esa mejora dijo que es estratégico el papel del productor familiar en conjunto con los mercados locales.
Por su parte, Serrana Goldie, productora ganadera de Flores, participante del proyecto Ganadería y Clima de Uruguay, dijo que desde su actividad intentan contribuir a mitigar el cambio climático y a aumentar el ingreso a la actividad de las familias productoras. Otro de los propósitos del proyecto es mejorar la resiliencia de los sistemas, con procesos de innovación que contemplen un enfoque sistémico, un aprendizaje social y el monitoreo dinámico. En este proyecto también es importante la perspectiva de género, para que mujeres y hombres “puedan tener los mismos beneficios”.
Goldie destacó que a pesar de que sólo 8% del territorio del mundo es de pastizales productivos, en Uruguay esos campos ocupan 50% de la superficie del país, pero hasta ahora la producción se mide sólo en rentabilidad económica, sin contemplar si hay benéficos ambientales o socioeconómicos. “Hoy no están cuantificados, tenemos todas las oportunidades para insertarnos en los marcados con un valor ambiental agregado”, aseguró. La productora dijo que una de las hipótesis con las que trabajan es que con un pastoreo diferente (rotación y descanso de terrenos) se puede modificar el balance de carbono y tener menores emisiones.
Por su parte, Marcelo Fossatti, productor agroecológico y coordinador de la Red Nacional de Semillas Criollas y Nativas, integrada por 400 familias de todo el país, dijo que tienen como objetivo rescatar y revalorizar las variedades de semillas criollas “tanto por su valor alimenticio como por su valor cultural”. “Muchos de nosotros somos descendientes de inmigrantes que eran agricultores y que vinieron con las semillas en el bolsillo”, contó Fossatti.
Una de las ventajas de las variedades nativas es que están adaptadas a nuestro ambiente, requieren menos agroquímicos y resultan inocuas para la alimentación. “El derecho a la alimentación es mucho más que el derecho a comer, y las variedades nativas hacen parte para contribuir con este derecho”, dijo.
Como ejemplo de cambio aseguró que hay un surgimiento de platos que antes no había y de libros sobre especies nativas, que contribuyen a una mejor dieta. “Un caso muy anecdótico es el del tomate araña, que es muy sabroso y jugoso, y que se había dejado de plantar por un problema de transporte. Es un tomate que se ablanda, tiene mucha azúcar y no soporta viajes largos. Si se produce en Salto y se tiene que llevar a Montevideo se llega con salsa o con jugo de tomate. En la medida en que se fueron rescatando las variedades aparecieron en las localidades y los consumidores las empezaron a pedir, y se desarrolló un boca a boca. Ese es un emergente a partir del rescate y la revalorización de una variedad. A la familia le sirve porque tiene donde venderlo”, afirmó.