Instituciones, redes y grupos académicos que participan en el proceso Nodos Ambientales Participativos (Naps) firmaron una carta abierta para solicitar que el gobierno “continúe con el proceso para la implementación del Plan Nacional de Agroecología, con la reglamentación de la Ley General de Residuos Sólidos y con el Objetivo 3.3 del Plan Nacional Ambiental, dando continuidad o generando ámbitos de participación y destinando los rubros presupuestales necesarios”, según dice la misiva, fechada el 10 de marzo.
La carta, que hasta esta semana llevaba más de 1.400 firmas y la adhesión de 26 organizaciones, será presentada en el Parlamento. El miércoles quedó conformada la Comisión de Medio Ambiente del Senado, y la vicepresidenta, Amanda Della Ventura (Frente Amplio, FA), confirmó a la diaria que la solicitud de audiencia de Naps fue presentada y sus representantes serán recibidos “a la brevedad”.
Mauricio Passeggi, vocero de Naps, contó a la diaria que la iniciativa surgió a partir del Diálogo Social convocado por Presidencia en 2015, y en 2016 se inició un proceso de articulación entre distintas organizaciones. Dijo que la carta abierta que hoy circula es apoyada por “instituciones de lo más diversas, como la iglesia católica y el PIT-CNT”. “En vez de estar centrados en las diferencias estamos concentrados en cuáles son los puntos de acuerdo, y sobre ellos trabajamos”, aseguró.
Además de la presentación en el Senado, el grupo de organizaciones que respalda la carta pidió una reunión con la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama) del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Consultado sobre los motivos de estas instancias, Passeggi dijo que ante la instalación de un nuevo gobierno decidieron emitir la nota ofreciendo su compromiso y “pidiendo que se profundice en estas líneas de trabajo”.
Sostuvo que apuestan a la economía circular, que “busca hacer que la energía se aproveche de la forma más eficiente posible, de modo que no se estén consumiendo energías que no sean renovables y minimizando el ingreso de materias primas al consumo”. “Lo que hacemos es que los materiales que terminarían como residuos sean insumos para otros procesos”, explicó.
En ese sentido dijo que en Uruguay “la fracción de materiales que se están aprovechando es insignificante. No hay incentivo ni suficiente desarrollo por parte de las empresas para aprovechar esos materiales, además, los ciudadanos tenemos la responsabilidad de ser los gestores de nuestros residuos”. También afirmó que hay que ser más conscientes al momento de comprar: “Nuestras opciones orientan al mercado; si preferimos un producto hecho con materiales reciclados, estamos dando una ventaja competitiva a las empresas; además, si hacemos una buena clasificación posibilitamos que esos materiales lleguen a la industria”.
Passeggi dijo que otro de los pedidos es que se aplique la educación ambiental: “Tiene que haber una campaña sostenida en el tiempo, de información y sensibilización sobre el consumo responsable; se trata de una política de Estado”.
Para el integrante de Naps uno de los problemas es quién se queda con el valor del material, por lo que considera que “es necesario repensar cómo se está distribuyendo ese valor y cómo funciona la cadena, para que los que están en el inicio no reciban las migajas”.
En cuanto al Plan Nacional de Agroecología, dijo que lo que necesita es una resignación de presupuesto. Lo que se busca con el Plan es “promover la transición de una cantidad importante de productores familiares hacia la agroecología para mejorar la sostenibilidad de esas unidades y del ambiente”.
Las organizaciones esperan que sus pedidos sean contemplados antes de que se apruebe el Presupuesto Quinquenal y aseguran que “los tres temas son importantes para la salud de la sociedad”.
Los problemas de las plantas de reciclaje
A pesar de que el reciclaje es importante para estas instituciones y se trata de una fuente laboral, las cuatro plantas de reciclaje de Montevideo están cerradas como consecuencia de la emergencia sanitaria declarada por la covid-19, por lo que 128 trabajadores están amparados en el seguro de desempleo parcial. Las plantas están ubicadas en Casavalle, Colón, Bella Italia y el Cerro en Montevideo; además hay plantas en Maldonado, Canelones, Florida, Rivera, Paysandú y Paso de los Toros, pero la situación en cada una es distinta. En Canelones, por ejemplo, son las cooperativas de clasificadores las que levantan los materiales, mientras que en la capital es la Intendencia de Montevideo (IM) y algunos privados, como Abengoa-Teyma (esta se encargan de levantar los residuos del Centro y el Cordón).
Jorge Ramada, integrante de la Secretaría de Salud Laboral y Medio Ambiente del PIT-CNT, que trabaja con la Unión de Clasificadores de Residuos Urbanos Sólidos (UCRUS), dijo a la diaria que desde que se aprobó la Ley de Reciclaje de Envases (17.849), en 2004, hubo dificultades en su implementación: “El problema básico son los intereses económicos fuertes que hay detrás de los residuos; [estos] quieren que todo siga como está, basado en la informalidad, para que en la cadena de residuos se llenen de plata. Históricamente el modelo informal ha sido funcional a los grandes depósitos, a los grandes generadores de envases no descartables, que pagan muy poco en el fideicomiso que hoy existe para administrar los manejos de residuos. Sabemos que, cuando se aprobó la ley, Montevideo Refrescos trajo un asesor desde México para hablar con la Comisión del Parlamento, hay presiones muy fuertes”.
Ramada aseguró que Gabriel Murara, presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU), mintió al decir que no son responsables de que las plantas no estén trabajando, alegando que no son los empleadores: “Eso es falso, los empleadores formales son las ONG, pero no pueden hacer nada si no les vuelcan el dinero del fideicomiso”. Dijo que esas ONG incluso fueron multadas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque “la CIU no entregó lo necesario para cumplir con las observaciones de la Inspección General del Trabajo y Seguridad Social sobre seguridad laboral”.
Sobre el protocolo para volver a la actividad aseguró que ya redactaron uno, pero la CIU no participó, “luego pidió que lo mandáramos y una semana después dijo que tenía objeciones; una de ellas es que no está afín a pagar los tapabocas, las toallas descartables y los recipientes para tirarlas”, algo que, según el integrante del sindicato, genera un gasto de 1.000 dólares por mes.
Murara responde
Consultado por la diaria, Murara dijo que nunca se negaron a proporcionar los implementos para prevenir contagios de coronavirus. “Esto funciona así: el fideicomiso lo conforman más de 2.200 empresas que aportan para el funcionamiento de las plantas, y el Ministerio de Desarrollo Social [Mides], que contrata a ONG para que manejen las plantas; de ahí salen las necesidades de insumos, y la CIU tiene plata para comprar todo eso sin problema. Es un presupuesto ya establecido. No hay un problema de disponibilidad ni un motivo para retacear barbijos ni nada por el estilo, menos en este momento”.
Además aseguró que las plantas se cerraron a instancias de los trabajadores: “La gente se asustó por la pandemia y pidió para parar, yo digo lo que me contaron”.
Sobre el protocolo declaró que aún no está pronto, pero en cuanto se termine la actividad se retomará. “Había alguna diferencia entre lo que pedían y lo que nosotros creíamos que se necesitaba, pero eso es un tema de unos días más o menos”, aseguró. Además dijo que en “en el fútbol demoraron un mes en hacerlo, en los shoppings también, esto es lo mismo. La gente que está en el seguro de paro parcial es como las otras 200.000 personas que también están en el seguro”.
En referencia a la relación con los trabajadores, afirmó que la CIU “no tiene una relación directa, lo único que hace es manejar el dinero [...] La gente depende de las ONG, que son las que piden la plata para funcionar. Es un fondo que está sano, tiene plata”.
Los problemas con la IM
El integrante del PIT-CNT contó que el sueldo de una persona que trabaja en una planta de reclasificación es de poco más de 18.000 pesos en la mano, y hasta ahora han logrado tener un grupo propio en los Consejos de Salarios: “En este momento figuran como trabajadores de la educación privada porque están en la planilla de las ONG”.
En general la central sindical está de acuerdo con Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, pero hay aspectos que se podrían haber resuelto mejor, por ejemplo, poner una tasa ambiental, una pequeña carga a todo aquello que va a convertirse en residuo, algo que no tuvo la aprobación de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto.
Sobre la IM, Ramada dijo que “sigue enterrando más del 90% de lo que rescata. Que se rescate 10% no es anormal, es razonable, pero estamos muy lejos de eso”.
Recordó que en la discusión de la ley de envases no participaron los trabajadores. La CIU se quedó con el fideicomiso, mientras que las intendencias son las responsables de los locales, el equipamiento, el mantenimiento y la reposición de herramientas, y también del traslado de los residuos.
En general han sido “muchísimo peores de lo que prometieron”, dijo el sindicalista. A los trabajadores les aseguraron que “iban a sacar otro sueldo más con lo que vendían, ya que tendrían 25 toneladas semanales, de las que se recuperaría 80%, pero la realidad es que en los mejores momentos hubo 20 toneladas y la recuperación cuando llegaba a 50% la festejábamos”.
Otro de los inconvenientes es la mezcla de los desechos: “Llegan camiones con cosas absurdas, como animales muertos. Muchas veces, para ahorrar viajes [los residuos] llegan mezclados y, suponiendo que hubiera 40% de papel y cartón, al estar mezclados, más de la mitad no se puede reciclar porque está sucio. Eso era cosa de todas las semanas en la planta cuando funcionaba”.
El PIT-CNT estima que sólo en Montevideo hay 5.000 personas que se dedican a clasificar; “en el período de bonanza económica estimamos que había 10.000 personas en todo el país, y en los peores momentos llegó a haber 20.000”.