El jueves el Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop) y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social presentaron los resultados de un informe sobre el desarrollo del cooperativismo en 2022. De acuerdo con lo expuesto, las cooperativas de trabajo aumentaron 6% la cantidad de ocupados, las sociales 5%, las de artistas 22% y las de vivienda 12%.
En conversación con la diaria, Marisol Fuentes, presidenta de la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay (FCPU), dijo que “hay que ser cuidadosos con nuestra mirada desde el movimiento cooperativo” respecto de estos números, porque “si los datos dicen que se creció, se creció”, pero no hay que confundir “crecimiento con engorde”.
Según Fuentes, el aumento de cooperativistas se debe a la pandemia, porque “en los momentos de crisis, obviamente, la gente tiende a buscar una solución”. Si bien opinó que es “bienvenido” que eso suceda, admitió que a la FCPU le preocupa que crear cooperativas “no termine siendo una herramienta” que luego se convierta en “precarización y debilitamiento a la hora de buscar una salida”. La presidenta de la FCPU explicó que la mayoría de ellas buscan ser proveedoras del Estado, que “termina precarizando su trabajo porque es lento, las debilita y no les genera fortaleza”.
Estas formas se observan en las cooperativas que establecen convenios de servicios con entes como el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, OSE y UTE, entre otros. La lentitud se evidencia “a la hora de los pagos”, pues suelen demorarse, y lo que precisan las cooperativas que dependen directamente del Estado es “que los pagos sean ágiles”.
Por otro lado, Fuentes se refirió a las cooperativas sociales de más de diez años, a las que el actual gobierno les solicitó hacer su pasaje a cooperativas de trabajo. Este cambio implica dejar de ser controladas por el Ministerio de Desarrollo Social, para que la Auditoría Interna de la Nación quede a su cargo. También supone comenzar a pagar IVA por lo que facturen, aportes patronales Fonasa por todos los trabajadores socios y no socios, y la prestación coactiva del Instituto Nacional del Cooperativismo (Inacoop), de acuerdo con lo expuesto en la Guía Práctica para la Transformación de Cooperativas Sociales a Cooperativas de Trabajo de Inacoop.
“No supimos, no pudimos y no cumplimos con fortalecerlas para que hagan esa transición”, admitió la directora de la FCPU, y argumentó que lograrlo implica implementar propuestas para que sus integrantes no se queden sin empleo y mejoren la calidad de sus servicios.
Además, señaló que en cierto punto a los entes públicos les sirven las cooperativas sociales por su mano de obra. “Pueden llegar a ser más baratas y cumplimos con una necesidad cultural de los organismos del Estado, a menor precio”, esgrimió. Según plantearon a la diaria fuentes de la federación, a nivel nacional y municipal ante determinados problemas las autoridades incitan a crear cooperativas sociales incluso cuando “en muchos casos no están dadas las condiciones para la autogestión de estos emprendimientos”. Así “terminan explotando a las personas” o dejándolas en “una inestabilidad laboral terrible”.
Golpe duro
Otro de los puntos por los que la FCPU manifestó preocupación fue el hecho de que se alienta a las cooperativas a competir en licitaciones o instancias de proyectos estatales con multinacionales, “sin tener un solo ítem de ponderación hacia la propuesta cooperativa, que supone mano de obra nacional, mejor distribución de los ingresos, compromiso con el trabajo y equidad en los procesos de distribución”.
Un ejemplo es el de la Cooperativa Social de la Costa, que para presentarse a un llamado de la Intendencia de Canelones (IC) el año pasado optó por asociarse con la empresa Ciemsa, porque sabía que sola no tendría posibilidades de volver a quedar. La cooperativa, que se dedica a la recolección de residuos y restos vegetales, necesitaba ocho millones de dólares como mínimo, sin contar los materiales que luego utilizaría.
Ignacio Rodríguez, uno de sus integrantes, contó a la diaria que en la asamblea de socios y socias habían definido no perder puestos de trabajo y mantener el régimen que solían implementar con la IC, por el cual trabajaban cinco días a la semana y descansaban dos. Aunque fue “una tarea ardua entrar en una licitación tan grande” y sus requerimientos –que convirtieron su propuesta en la más cara, con una gran diferencia respecto del resto– fueron aceptados, la IC le dio la licitación por ocho años a un consorcio de capitales argentinos.
De acuerdo con lo establecido por la IC, la empresa que ganara debía contratar a70% de las personas que estaban trabajando hasta el momento. Muchas de ellas continúan en la cooperativa pero sólo como socias, y además hay aproximadamente 30 trabajadores que están en seguro de paro. Rodríguez, uno de ellos, afirmó: “Fue un golpe duro para nosotros, lo sigue siendo, porque sentimos que se le dio la espalda a lo social”.