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Fuera de sección | Martes 15 • Marzo • 2016

Argentina me duele

La última vez que había viajado a Buenos Aires había sido para votar en el balotaje. Nunca antes voté al kirchnerismo ni al peronismo y, de hecho, desde que me instalé en Montevideo, no había vuelto a sufragar. Sin embargo, lo que hasta ese entonces era la amenaza neoliberal resultó una convocatoria suficiente a ejercer mi derecho a voto.

Argentina me duele. Las cosas que pasan desde el cambio de gobierno me quitan el sueño, la esperanza y me llenan de impotencia y horror. Conozco mucha gente que ha perdido su trabajo, que está desesperada. A Daniela, economista y docente, la despidieron de la Secretaría de Comercio junto a cientos de compañeros. A Sergio lo despidieron de la Secretaría de Derechos Humanos. Lo mismo pasó con Jimena y el área completa del Banco Central dedicada a investigar la deuda externa contraída en la última dictadura cívico-militar. Lautaro trabajaba en el Ministerio de Cultura; aquella mañana en la que quiso entrar a trabajar y no se lo permitieron, como si no tuviera desgracia suficiente, desde los edificios vecinos del espléndido barrio de la Recoleta le tiraron huevos. El Tano, economista y docente universitario, trabajó hasta hace dos semanas en un instituto estatal de investigación económica que cerró. Está tratando de conseguir más horas cátedra porque tiene dos hijos y un crédito hipotecario. A mi primo la universidad privada en la que daba clases lo despidió el 23 de diciembre, cuando terminó de tomar examen, cuando ya no se podía despedir de los compañeros, que se enteraron de la situación por Facebook. Los casos se repiten por decenas de miles, pero cada uno tiene un nombre, una familia que perdió, en algunos casos, el único sustento.

Del otro lado del mostrador hay un espacio vacío y una función que el Estado dejó de cumplir, una prestación que dejó de brindar. La semana pasada se cerró el programa Conectar Igualdad, mediante el cual, como en Uruguay, se gestionaban las netbooks para niños y jóvenes de escuelas públicas. Antes, se habían cerrado centros de atención a víctimas de violencia de género. Prácticamente se desmantelaron la Secretaría de Derechos Humanos, la de Comercio, la de Defensa del Consumidor. Por decreto presidencial, se intervino la autoridad de aplicación de la ley de medios y se suspendió de facto la vigencia de dicha ley.

Se ha desplegado un Estado represivo. Represivo en serio, en serie, que desde el discurso y la gestión pública se apoya en las fuerzas de seguridad públicas y privadas para avasallar derechos, para reprimir a los más vulnerables, a quienes están en situación de calle, a quienes han perdido su empleo. Se anularon leyes por decreto. Bajo la excusa del “ñoqui” y la “grasa militante”, se despidió a 30.000 empleados públicos y “te revisamos el Facebook” se instaló como causal de despido. La gente se entera del despido en la puerta del lugar de trabajo, cuando personal de agencias de seguridad privada le impide el ingreso al chequear que su nombre y número de documento están en la lista. No hay explicación, no hay telegrama de despido, no hay previo aviso.

Mientras, en la televisión pública y privada se despliega la cadena nacional de la pavada, delimitada por los escándalos de verano y por Antonia y Balcarce (niña y mascota presidencial, respectivamente). Las redes sociales se transformaron en el medio de comunicación social más efectivo: se suceden las fotos y videos de la represión, los cuerpos heridos por balas de goma, los atropellos de las fuerzas de seguridad. Recién cuando el sol no se puede tapar con la mano, llega la información a la televisión.

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¿Quién no tiene un amigo trosko? Yo tengo un montón. Llamaron a no votar, a votar en blanco, porque era lo mismo, porque estábamos ante una falsa opción. Y yo en parte coincido, pero veía en Daniel Scioli la posibilidad de control de la propia fuerza política, ya que lo que definitivamente no es igual son las bases de uno y otro partido. Y cuando la pesadilla empezó, se babearon con la vuelta del que se vayan todos, con la vuelta de la autogestión popular, de la gente en la calle. ¿Y los cuerpos, compañeros? ¿Quién vela por los cuerpos? ¿No ven acaso que detrás de este gobierno hay una sociedad fascista que pide erradicar las villas y a “los kaka” con napalm y lanzallamas? El otro es el enemigo, choriplaneado resentido, parásito ladrón que hace 12 años se queda con lo mío, con lo que es de todos, menos suyo, porque es extranjero, porque es negro villero, porque es lacra social. Y merece morir.

Llegué al puerto de Buenos Aires el viernes por la noche. Al salir, un hombre me pidió indicaciones para llegar a Lavalle y 9 de Julio. Como suelo caminar hasta Córdoba y Alem para tomar un taxi (y evitar así las mafias enquistadas en el puerto), le propuse que caminara conmigo e indicarle más adelante. Me contó que llegaba a probar suerte: “un trabajo y estudios, si Dios quiere”. Su acento no era de Montevideo; me dijo que venía de Artigas, que había trabajado en el Ejército pero había dejado. Estuvo en Pernambuco, Brasil, estudiando teología y pasó los últimos dos años en Montevideo. En una ciudad tan grande como Buenos Aires, espera tener más oportunidades. Me pidió consejos para vivir allí y lo sorprendían mis gestos; un poco se asustaba y me preguntaba por qué. Le dije que la gente tiene mucha ira, que está muy presionada y reacciona con violencia, que lo peor no es la inseguridad sino la violencia social. ¿Entonces, qué me recomienda? ¿Decir tiene razón y seguir adelante? No supe responder. Me dio la mano al despedirse, se persignó y dijo que Dios me ayude. Que tengas mucha suerte, vas a andar bien.

El sábado a las seis de la tarde fui a una feria del libro de editoriales independientes. Se llama La Sensación y se hace en la calle, en el barrio porteño de Villa Crespo. Al lado de la feria, se inauguraba un local del partido Nuevo Encuentro, una fuerza política kirchnerista. Entre la feria y la inauguración, había muchísima gente. Pensaba quedarme un rato y encontrarme con compañeras del taller literario que hice antes de mudarme a Montevideo. Pero era tanta la gente, tan angosta la vereda y tan transitada la bicisenda que la incomodidad me hizo volver a casa rápidamente. Me esperaba una cena familiar ampliada. En ella estuvieron unos tíos militantes de Nuevo Encuentro. Hacía años que no los veía. Hablamos mucho de política, de la ausencia de la oposición, del flamante protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, emitido por el Ministerio de Seguridad (www.minseg.gob.ar/pdf/protocolo-final.pdf). También del local de La Cámpora que había sido baleado la madrugada anterior en Mar del Plata. Con una Itaka, ocho impactos de bala. Mi tío miró su celular y se puso pálido: desde un edificio tiraron contra la gente que estaba en la inauguración del local de Nuevo Encuentro. Al lado de la feria. Dos mujeres resultaron heridas en los brazos. Una cargaba a su bebé. Por suerte, a ella sólo la rozó y al niño no le pasó nada. Desde un edificio alguien disparó cuatro tiros a la gente que estaba en la calle.

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Necesito recapitular: decretos que anulan leyes, que avasallan derechos fundamentales, cerco mediático, censura, listas negras... Como si no fuera suficiente el tufillo a gobierno autoritario, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, en conferencia de prensa, justificó: “Estamos ante un Proceso de Reorganización”. Tuvo el decoro de omitir “Nacional”.

“Proceso de Reorganización Nacional” fue el nombre que el gobierno de facto de 1976 eligió para iniciar la dictadura cívico-militar más sangrienta de la historia argentina. Durante los tres gobiernos kirchneristas, los procesos judiciales en contra de los militares fueron política de Estado. Cuando finalizaba el segundo mandato de Cristina Fernández comenzaron procesos judiciales que indagan la participación de civiles en la comisión de delitos de lesa humanidad. Mauricio Macri dijo durante la campaña electoral que mantendría dicha política. Sin embargo, no sólo se desarmaron muchísimas unidades de apoyo a los juicios en diferentes dependencias públicas, sino que también hay integrantes de la nueva administración que están imputados por este tipo de delitos.

El viernes, mientras viajaba en el ómnibus a Colonia, leí la columna de Soledad Platero Puig publicada en Caras y Caretas sobre las declaraciones del ministro de Defensa Nacional, Eleuterio Fernández Huidobro. Una idea planteada por ella se me hizo herida. Reflexiona acerca del último gobierno de facto uruguayo, instaurado por un presidente electo. Frente a la recomendación/deseo del ministro de que el pueblo se armara para defenderse, Platero imagina que, de haber sido así, muchos patriotas habrían sumado su capacidad de fuego a la de las fuerzas represivas.

Sin intentar comparar lo incomparable, no dejo de pensar en el escenario planteado, que se me vuelve demasiado actual. La violencia institucional es un flagelo que estamos acostumbrados a combatir. Que tiene procedimientos escritos que podemos estudiar, debatir y luchar para modificar. La violencia social no tiene límites, procedimiento ni prevención. Conversamos en familia sobre la necesidad de no aceptar ese campo de juego, de no responder con los mismos medios. Pero entonces se impone una pregunta aterradora: ante un Estado represivo funcionando en connivencia con población civil armada de fuego y mucho poder, ¿cuántos muertos estamos dispuestos a poner antes de defendernos por los mismos medios? No hay respuesta tranquilizadora. Desesperanza, impotencia y horror.

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