En la madrugada del lunes 29 de febrero se produjeron varios disturbios en el quinto piso del Penal de Libertad, que tuvieron como saldo 17 personas privadas de libertad con heridas leves y graves, un policía con una herida leve en la mano, un memorándum de oficio del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) con destino al Juzgado de 1º Turno de la ciudad de Libertad, que está a cargo de Marcelo Malvar, y una denuncia por torturas de 14 internos que fueron golpeados y heridos brutalmente por el Grupo de Choque. Actualmente son 18 los internos que denuncian.

El viernes se sumaron a la denuncia seis reclusos más. Otros dos, patrocinados por la abogada Natalia Freitas -quien abogó por el director del Centro de Privación de Libertad en el caso de tortura a jóvenes internos-, decidieron retirar sus denuncias. Si bien estas dos personas habían firmado la denuncia, no la ratificaron cuando se los interrogó a raíz del oficio del INR, porque Freitas les aconsejó que no lo hicieran.

“Es muy difícil identificar a los policías que actuaron en ese momento”, dijo la abogada a la diaria. La profesional tampoco comparte la calificación jurídica: “Queda a criterio del Ministerio Público y el juez determinar si hubo algún exceso”, afirmó. Agregó que “la tipificación de tortura como delito de lesa humanidad no correspondería [...] De existir, eventualmente, algún abuso, podría aplicarse el Artículo 286 del Código Penal de abuso de funciones contra las personas privadas de libertad. Pero en etapa de presumario sería aventurado calificar una conducta”. Freitas agregó que “el hecho fue muy confuso”. En total, hay 18 denunciantes. Según supo la diaria, aún no se empezó a instruir la denuncia por torturas, pero sí la de oficio. La abogada denunciante, Verónica Carneiro, pidió medidas cautelares para los denunciantes y los participantes en el episodio, pero Malvar aún no se ha expedido.

El comisionado parlamentario para el Sistema Penitenciario, Juan Miguel Petit, elaboró un informe sobre el episodio violento. Sostiene que la represión policial fue “más allá de su cometido legal”, que el Grupo de Choque hizo salir de las celdas a internos que nada tenían que ver con los episodios, y que tiraron perdigones no letales contra todos. Petit relata que los reclusos fueron puestos contra la pared y contra el piso, fueron golpeados y sus celdas requisadas.

Fuentes allegadas al caso contaron que un interno permaneció con una fractura expuesta en el antebrazo sujetada con cartón corrugado desde el lunes hasta el miércoles, día en el que Petit intervino y pidió asistencia médica para todos los heridos. Otro interno aún está internado en el hospital Saint Bois, por múltiples cortes en la cabeza y en otras partes del cuerpo.