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Nacional | Lunes 22 • Agosto • 2016

Nuestras reservas del caso

Recibimos y publicamos.

En los últimos días se ha señalado en medios de prensa que no se intervendrán las construcciones del Servicio de Materiales y Armamentos (SMA). Estos sitios habían sido estudiados por el equipo técnico de arqueología de la Universidad de la República (Udelar), como posibles lugares de enterramientos clandestinos de personas que están detenidas-desaparecidas y estaban cautelados por el Poder Judicial en el marco de dichas búsquedas. Se señala que las inspecciones de la Facultad de Ingeniería de la Udelar y del Equipo Argentino de Antropología Forense mediante georradar no arrojarían datos que confirmen la necesidad de intervenir los pisos de dichas construcciones(1).

Las dificultades están a la vista. Se trata de cimientos de amplio porte y grosor. En ese sentido, la detección remota de cambios existentes por debajo de estos suelos no resulta sencilla. A su vez, los testimonios que aluden a posibles enterramientos sólo pueden ser descartados con intervención en los terrenos, dado que no existen fuentes de información que den por seguras estas versiones sobre los hechos. Por ese motivo, la corroboración en los terrenos constituye la única modalidad de eliminar especulaciones y mitos en torno a estos asuntos.

Por otra parte, se vuelve a señalar por la prensa la aparición de archivos producidos por organismos represivos en el período de la última dictadura militar. Por lo que se informa en los medios, parecería tratarse de documentación relevante para el proceso judicial contra el capitán de navío Jorge Tróccoli que se está llevando a cabo en Italia. El Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia anunció que el tratamiento de estos archivos implicará esfuerzos de carácter prolongado en el tiempo y el juicio en cuestión se encuentra en su fase final. En caso de que su tratamiento no se acompase con esta estrategia judicial, nos hemos preguntado cuáles son los motivos que limitan el acceso universal a un archivo producido hace cerca de 40 años(2).

A lo largo del año pasado, integramos el equipo de la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Lamentablemente, el alto nivel de conflictividad existente en el que nos vimos inmersos no permitía llevar a cabo una estrategia de investigación rigurosa sobre los crímenes cometidos en dictadura, que pudiera ser comunicada de manera clara a la ciudadanía. Esta situación nos llevó a apartarnos de dicha institucionalidad.

En las primeras etapas de los gobiernos frenteamplistas se detectaron archivos producidos por los organismos de la represión, se hallaron cuerpos de cuatro personas que estaban desaparecidas y se juzgó a algunos de los principales responsables del aparato represivo en dictadura. Estos avances permitieron quebrar con los discursos de los gobiernos blancos y colorados que declaraban que las evidencias documentales habían sido quemadas, los cuerpos arrojados al mar y las violaciones a los derechos humanos constituían fenómenos de carácter aislado y paraestatal.

Estos primeros avances renovaron las expectativas en relación a la lucha contra la impunidad, pero también han hecho presente un pasado doloroso para buena parte de la izquierda en el país y han visibilizado conflictos en su seno relacionados con la trágica experiencia de sus protagonistas que, en muchos casos, hoy ejercen responsabilidades de gobierno.

Pese a las tres décadas que nos separan de la restauración democrática, consideramos que no será fácil analizar estos hechos globalmente si el Estado no da cuenta del conjunto de crímenes de los que es responsable ante la ciudadanía. Desde nuestra perspectiva se trata en todos los casos de una sociedad que fue víctima del terrorismo de Estado, dado que no hay hechos que justifiquen los crímenes cometidos por la dictadura. La represión estatal constituye uno de los principales mecanismos de control social. En la medida en que naturalizamos sus modalidades abusivas, perdemos democracia, libertad de expresión y opinión. Queremos un Uruguay más democrático en el presente y eso no es posible sin que el Estado se haga responsable de los crímenes que comete o ha cometido.

Nos alarma la ausencia de resultados o de información sobre los motivos que enlentecen estos procesos. Sabemos que se trata de asuntos de difícil resolución, pero romper las dinámicas de secreto frente a la ciudadanía constituye un primer paso en el esclarecimiento de los hechos. Nos distanciamos de este espacio por no querer contribuir con una dinámica de reserva que genera gran inquietud en la sociedad y no permite sensibilizar a la población en torno al tema, fuera de los grupos directamente implicados en los hechos.

Como individuos comprometidos con el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos, exhortamos a no dejar de intervenir en los galpones del SMA hasta descartar la información generada en base a fuentes de archivo, testimonios y equipos de detección remota (georradares) que están a disposición del Grupo de Trabajo por Verdad y Justicia y a dar acceso a los archivos con criterios ecuánimes, con el objetivo de aunar esfuerzos en esta búsqueda. Si la información es poder, lo mejor es democratizarla, para que cada presente re-escriba la historia y nuevas miradas puedan analizar los viejos problemas.

Isabel Wschebor y Camilo Collazo

(1). Nota en Búsqueda del 18/08/16: “Vázquez avaló actuación del Grupo de Trabajo en derechos humanos y resolvió designar a un nuevo director con perfil administrativo”. (2). Véase nota de la diaria del 17/08/16: “Con cautela”.

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