Somos un grupo de uruguayos, hombres y mujeres, que por distintas razones vivimos en el exterior del Uruguay. Nos dimos el nombre de Grupo Diasporando, ya que nuestro propósito es contribuir a mejorar el vínculo con nuestro país desde fuera de sus fronteras, partiendo de la base de que tenemos algo valioso para aportar en nuestra calidad de ciudadanos del Uruguay.

Existen motivos suficientes para que Uruguay pueda darles la posibilidad de ejercer el derecho al voto a sus ciudadanos que viven en el exterior. Algunos de estos motivos los han expuesto con claridad Ema Wilkins y Laura Fernández en artículos publicados en la diaria.1

Sobre el tema también se han expresado eminentes juristas y catedráticos, como el profesor, abogado y diplomático Héctor Gros Espiell, reconocido jurista, exministro de Relaciones Exteriores entre los años 1990 y 1993 y expresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien manifestó, según consta en el memorando de complementación de diciembre de 2020 presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que: “Somos casi la única democracia que niega en los hechos –no por el sistema constitucional– el voto a sus ciudadanos que viven en el exterior... Es una excepción discriminatoria y violatoria de la Constitución, que castiga a los ciudadanos uruguayos que están en el extranjero, que muchas veces se han ido del país por causas políticas, económicas o culturales y no se les puede culpabilizar quitándoles en los hechos el derecho al voto”.

Gros Espiell ya lo decía de manera enfática: el voto en el exterior no es el otorgamiento de ningún derecho, es simplemente habilitar el pleno ejercicio de los derechos ya existentes. Y estamos muy de acuerdo con esta afirmación.

Pareciera que en el Uruguay del siglo XXI existen dos categorías de ciudadanos: los que viven dentro de las fronteras territoriales de nuestra República, que cuentan con el privilegio de ejercer el sufragio, y los uruguayos que estamos fuera de ellas.

El castigo del que hablaba Gros Espiell se traduce en una barrera económica que debemos sortear para trasladarnos al Uruguay a ejercer nuestro derecho. Este castigo es profundamente discriminatorio, ya que solamente puede ser superado por aquellos uruguayos que tienen el dinero suficiente para pagar los cuantiosos costos de transporte hacia nuestra patria (que se intensifican aún más cuando se plantea la posibilidad de participar del balotaje o cuando nos tenemos que trasladar desde distancias muy lejanas).

También parece que entre uruguayos existiera un cuestionamiento al que se fue. “Ya no está”. “Está haciendo la de él”. “Se borró”. “Está cómodo”. Y en ese cuestionamiento, a medida que avanza el tiempo y erosiona la distancia, “el silencio”. Como lo comentaba Fabián Muñoz en la presentación de su libro El Departamento 20 del Uruguay, “siempre existe esa percepción de que el que se fue nos dejó, nos abandonó, no merece compartir los sentimientos, las alegrías, las esperanzas del Uruguay de los uruguayos”.

Queridos compatriotas en Uruguay: ¡No, no los abandonamos! Testimonio de ello dan los exiliados políticos que retornaron al Uruguay con el advenimiento de la democracia o aquellos jóvenes que se fueron luego de la crisis del 2002 y que nunca se olvidaron de su familia, aumentando consecuentemente las remesas que Uruguay recibía desde el exterior, llegando a los 200 millones de dólares en 2008, contra los 140 millones que recibía nuestro país en 2005 (BCU, 2008).

Un mundo hiperglobalizado

Desde hace ya bastante tiempo, los acontecimientos que suceden del otro lado del mundo tienen un impacto en el Uruguay del día a día. Por ejemplo, los resultados de la guerra entre Rusia y Ucrania afectan los precios de las materias primas que nuestro país comercializa con el exterior y tienen consecuencias decisivas en la economía de todos los uruguayos.

También los avances tecnológicos y el desarrollo impactan en cómo vivimos y nos relacionamos. Los países se encuentran más interconectados que nunca. Esta lógica globalizante cambia el ecosistema poblacional de las naciones, abre puertas y hace que los pueblos se mezclen como nunca antes.

En ese mundo, la mayoría de los Estados facilita a sus ciudadanos el ejercicio del voto en sus lugares de residencia, teniendo en cuenta la creciente movilidad que existe por razones laborales, de estudio o por el también legítimo derecho de optar por vivir y tener una familia en un territorio diferente al de origen.

En este mundo hiperglobalizado, en la región latinoamericana, Uruguay, junto con Surinam, son los dos únicos países de América del Sur que no cuentan con este derecho para sus ciudadanos fuera de fronteras.

En definitiva, esta actitud “inmovilista” del Estado se choca con una realidad contundente de globalización económica, social y cultural.

La responsabilidad del sistema político

En la democracia uruguaya, solamente están representados los tres millones y medio de uruguayos que viven en nuestro país, pero hay 500.000 uruguayos fuera de fronteras, que no tienen voz ni voto; 500.000 uruguayos que no están representados por nadie, que no son escuchados ni pueden decidir sobre el destino del país que les dio su ciudadanía. Por supuesto, con la clara excepción de aquellos que pueden sortear la barrera económica y trasladarse para votar.

Cómo es posible que el Uruguay del 2023, un país relativamente pequeño en términos poblacionales, se dé el lujo de dejar afuera a más de una quinta parte de su gente del sistema representativo, de nada más ni nada menos que de su amada democracia, y se jacte, al mismo tiempo, de ocupar los primeros lugares en los rankings internacionales de acceso a derechos, sistema político, democracia, etcétera.

Cómo es posible que el Uruguay del 2023, un país relativamente pequeño en términos poblacionales, se dé el lujo de dejar afuera a más de una quinta parte de su gente del sistema representativo.

Mientras escribimos estas líneas, dos integrantes del grupo, que cuentan también con ciudadanía española, se preparan para votar en las elecciones de España. ¡Qué contradicción!

Tal vez Uruguay está lleno de contradicciones. Por ejemplo, cuando en 1927 la primera mujer que votó en América Latina lo hizo en Uruguay, no fue uruguaya, fue brasileña, se llamaba Rita Rebeira, y tenía 90 años.

Aunque es cierto que en el correr de los años se han presentado varios proyectos parlamentarios para atender el tema, ninguno ha tenido éxito. Las razones son diversas. Mientras tanto, 500.000 uruguayos esperamos ser escuchados, llamando a las puertas de nuestro país, pidiendo revertir una injusticia que se perpetra en el tiempo, mientras vemos a nuestros vecinos que con una sonrisa pícara nos preguntan: ¿cuándo les va a tocar a ustedes?

¿Cuándo nos va a tocar a nosotros?

Sombra da Silva, Juan Manuel Priegue y Marcelo Riveiro son integrantes del Grupo Diasporando, conformado por uruguayos que viven en Brasilia (Brasil), Maceió (Brasil), Barcelona (España), Madrid (España), Chicago (EEUU) y Nueva York (EEUU).