Aunque todavía no empezó a tratarse formalmente en comisión, el proyecto de ley elaborado por el Poder Ejecutivo para reformar la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios ya está siendo discutido en el Parlamento. Este lunes al mediodía un grupo de “profesionales independientes” fue al Palacio Legislativo para expresar públicamente su posición de rechazo al proyecto.

En un documento que fue entregado a los legisladores presentes, al que tuvo acceso la diaria, el colectivo exige que no se incrementen los aportes y que haya una “amnistía para los deudores sin multas ni recargos por un año”. El proyecto establece un aumento de la tasa de aportación de 16,5% a 19% -que incluso podría llegar a 22,5%-, así como también la consideración de 15 años para el cálculo de la jubilación, en lugar de los últimos tres años de actividad profesional, como ocurre actualmente.

Además, el colectivo critica la creación de un nuevo impuesto a las jubilaciones de los afiliados a la Caja Profesional, que el proyecto dispone para las pasividades superiores a los 33.960 pesos. El porcentaje del impuesto varía entre 2% y 10% de la jubilación. También se pide la derogación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS), cuya recaudación se vuelca al Banco de Previsión Social y no a la Caja Profesional.

En diálogo con la diaria, el abogado Óscar López Goldaracena, asesor del grupo, afirmó que, al igual que el IASS, el tributo que el Poder Ejecutivo pretende imponer sobre las jubilaciones “es inconstitucional”. “Se pone un impuesto que lo paga el jubilado para poder pagarle la jubilación a ese jubilado, es absurdo”, expresó.

López Goldaracena adelantó que, en caso de aprobarse, “se va a plantear un recurso de inconstitucionalidad”. Señaló que la seguridad social es “un derecho humano” y que, por ende, el Estado “es el obligado a solventarlo”. Su responsabilidad, sostuvo, va “hasta el límite máximo de todos los recursos” porque “es un imperativo jurídico”.

El abogado aseguró que actualmente hay pasivos de la Caja Profesional, “gente de 80 años”, que sólo tienen como fuente de ingreso la jubilación, que “cada vez rinde menos”. “¿Y le vas a sacar de su jubilación el 10%?”, preguntó. El proyecto prevé un gravamen de 10% para las jubilaciones por encima de los 113.200 pesos.

“No podemos normalizar impuestos inconstitucionales. No podemos seguir admitiendo la violación del derecho”, manifestó López Goldaracena. A título personal, opinó que la solución al déficit de la Caja Profesional -que sin reforma agotará sus reservas en 2025- tampoco sería un redireccionamiento del IASS hacia el organismo, sino que haya “una racionalización de los recursos del Estado para pagar jubilaciones dignas a todos y en todas las cajas”.

Asociación de Afiliados: “Una falta de respeto”

Este mismo lunes asistió al Parlamento una delegación de la Asociación de Afiliados a la Caja Profesional, ajena a los “profesionales independientes”, para entrevistarse con legisladores del oficialismo y la oposición. La presidenta de la asociación, Cristina Muguerza, dijo a la diaria que por el momento no hay ningún gremio a favor del proyecto y definió como “una falta de respeto” que el texto se haya presentado “con tan poco tiempo”. Por disposición constitucional, el proyecto debe aprobarse en el Parlamento antes del 27 de octubre, un año antes de las elecciones nacionales.

Respecto a un eventual redireccionamiento del IASS, Muguerza afirmó que solucionaría “parte del problema, [pero] no todo”. Señaló que “la asistencia del Estado podría ser esa”, en vez de las “transferencias” que prevé el proyecto de unos 2.000 millones de pesos, sujetas al aumento de la tasa de aportación. Al respecto, Muguerza advirtió que si hay un aumento de los aportes “muchos de los aportantes voluntarios, que son una cantidad importante en la Caja, van a dejar de aportar”.

El proyecto del Poder Ejecutivo sostiene que actualmente los afiliados a la Caja Profesional aportan a lo largo de su trayectoria apenas “entre un 35% y 40% del monto que perciben como retiro”. En promedio, los pasivos cobran entre 70.000 y 75.000 pesos mensuales; mientras que los pensionistas cobran alrededor de 59.000 pesos mensuales.

¿Conflicto de intereses?

Según datos del Programa de Estudios Parlamentarios de la Facultad de Ciencias Sociales, 48% de los diputados y 55% de los senadores tenían educación terciaria completa al inicio de la presente legislatura. Los reglamentos de ambas cámaras establecen que los legisladores tienen que declarar “toda vinculación personal o de intereses que lo ligue a cualquier gestión, asunto o proyecto de carácter general que se considere” en el cuerpo antes de la votación. Pero, consultado por la diaria, el abogado constitucionalista Martín Risso dijo que “a priori no hay ninguna dificultad” porque “con esa tesitura los legisladores no podrían modificar el Código Civil porque se aplica a toda la población. Me parece que se requiere algo más concreto”.