El martes la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió a Conrado Ramos, director de la Oficina Nacional de Servicio Civil (ONSC), en el marco de la discusión del proyecto para transparentar el ingreso de funcionarios en las intendencias, presentado en junio por el senador colorado Adrián Peña.

En líneas generales, la iniciativa declara “aplicable a los gobiernos departamentales las normas legales que establecen para la designación de personal presupuestado o contratado de la Administración Central, el preceptivo procedimiento de concurso público y abierto, así como aquellas que establecen la prohibición de designar personal presupuestado o contratado en el período de un año previo a la finalización del período de gobierno”.

“Más allá de que tenemos una opinión general favorable, jurídicamente no habría inconveniente” en implementar la ley, expresó Ramos durante su comparecencia. Según lo planteado, a partir del artículo 64 de la Constitución se entiende que, “tanto por competencia como por especialización, el Parlamento puede solicitar y tratar de conseguir los dos tercios de apoyo para legislar en esta materia en gobiernos departamentales”.

“Creo firmemente que hay que avanzar en esta materia porque es un debe que tenemos en nuestro país”, afirmó Ramos. Para el director de la ONSC “no puede ser que haya ámbitos en los que el 60% de los ingresos, o más, se den a través de designaciones directas, porque es una discusión saldada a fines del siglo XIX y principios del XX”.

En diálogo con la diaria, Ramos consideró que “este es un tema que no amerita dos lecturas” y afirmó que “la academia es clara en que el servicio público profesional es un antídoto para la corrupción”. Además, el actual “es un momento bueno, porque si hay cierto consenso en los partidos, no hay un ganador y un perdedor claro de esto”. De todos modos, dejó planteada una inquietud sobre los peligros de “pasar de cero a cien”. “Cuando vos cerrás la canilla, siempre se busca la forma de escapar”, señaló Ramos. Al terminar con la posibilidad de realizar contrataciones directas, “es muy probable que se dé la fuga que se da hoy en la Administración Central hacia formas de reclutamiento por fuera de la función pública”, advirtió.

En ese sentido, quizás lo mejor es no eliminar por completo esta modalidad e implementar el establecimiento de un porcentaje de contrataciones directas, aunque “ninguna receta es mágica”, planteó. “Es un tema a pensar, no tengo una opinión del todo formada, simplemente advertí por mi experiencia” y a los legisladores “les pareció razonable”, contó.

Por otro lado, Ramos se refirió al control de los llamados por cuotas por parte de la ONSC. “Nosotros deberíamos rendirle cuentas al Parlamento sobre el porcentaje de llamados”, pero “vemos que hay gobiernos departamentales que desde 2018 no los publican, y sabemos que los hacen”, afirmó ante los legisladores. “La norma dice 'falta grave', pero ¿falta grave sobre quién?”, cuestionó y añadió que en ese terreno “hay un déficit fuerte”.

Vicios

“Todos cometemos estos vicios. Todos”, reconoció la senadora del Partido Nacional (PN) Graciela Bianchi en la sesión de la Comisión de Constitución y Legislación. “Sobre el tema del clientelismo en Uruguay, pienso que hasta que no lo corrijamos en la ciudadanía se va a reflejar en el sistema político”, declaró. “Nos culpan a nosotros, pero cuando nos eligen, a los cinco minutos están llamando para ver qué les podemos dar”, apuntó.

Tras mostrarse de acuerdo con lo planteado por Ramos, la senadora nacionalista manifestó que “hay que tratar de tener el menor roce posible para que efectivamente pueda salir la ley”. De acuerdo a su postura, “el riesgo mayor” sería detenerse “demasiado en detalles”, porque “damos letra para hacer el recurso de institucionalidad” y por eso lo que corresponde es “asegurar lo estructural”.

Por su parte, el senador del Frente Amplio Charles Carrera opinó que sería “un sinsentido” que la Suprema Corte de Justicia cuestione que los funcionarios públicos ingresen por concurso. “Nosotros compartimos este proyecto y los 13 votos del FA están”, anunció, además.

Asimismo, el senador frenteamplista José Carlos Mahía recordó que “hace muchos años, en distintas oportunidades, en tratamientos de los presupuestos y en rendiciones de cuentas, el FA ha intentado ir con este tipo de normas”, pero hasta ahora no había contado con el apoyo de otras bancadas. “Cuando fuimos gobierno, ni el Partido Nacional ni el Partido Colorado votaban” y, “por lo tanto, si esta es una oportunidad para empezar a cambiar algo que hace años venimos buscando –nosotros no trabajamos sólo desde lo que es el sentido de quién tiene la iniciativa, sino de que las iniciativas salgan–, queremos decir que nuestro compromiso está”, aseguró.