Gobierno presentó el Plan Nacional de Integración para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiados

El Poder Ejecutivo presentó este jueves el Plan Nacional de Integración (PNI) para personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio Legislativo. Su objetivo principal es “garantizar la integración de la población migrante, solicitante de refugio y refugiada, así como promover su contribución al desarrollo del país, en el marco del enfoque de derechos humanos de las políticas nacionales de migración y refugio”, según se establece en el documento.

El PNI, correspondiente al período 2023-2024, fue elaborado por la Junta Nacional de Migración (JNM) y contó con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). De acuerdo con las cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE) y la Dirección Nacional de Migraciones del Ministerio del Interior, la cantidad de residencias iniciadas en el país se duplicaron en los últimos años, pasando de 10.446 hacia 2014 a 20.542 en 2022.

Este crecimiento sostenido, que sólo se vio atenuado por la pandemia de la covid-19, redundaría en una proporción de la población nacida fuera del país de aproximadamente 3%, “de las cuales una tercera parte inmigraron al país recientemente”, detalla el resumen.

Entre sus objetivos, incluye el acceso a la documentación y regularización migratoria, generar condiciones que favorezcan la inserción laboral de las personas migrantes, solicitantes de refugio y refugiadas, garantizar el acceso a la educación y promover entornos educativos interculturales libres de discriminación, garantizar el acceso universal a la salud y el acceso a la población migrante a la vivienda. También busca promover la convivencia, la diversidad y la cohesión social, “combatiendo el racismo, la xenofobia y otras formas de discriminación”.

“Esto es mucho más que un documento”. De esta forma comenzaba su discurso de apertura la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, quien recalcó la “voluntad” así como la “permanente acción” por parte del gobierno “de avanzar con directrices claras” en temas como la migración, que calificó como “esencial”. Argimón recordó los vínculos históricos que el país mantuvo con “distintas olas migratorias”, y que, en su opinión, Uruguay históricamente fue “un lugar donde la integración formaba parte de nuestro propio progreso, de nuestro propio crecimiento, de nuestra lógica en tanto país”.

Ya refiriéndose a lo contemporáneo, la vicepresidenta recalcó la necesidad de alcanzar un “profesionalismo acorde al siglo XXI”, acorde a la normativa internacional a la que adhiere nuestro país. Para Argimón, “el tema de la migración marca una agenda internacional, en virtud de olas migratorias notorias, en un mundo al que Uruguay no es ajeno”.

En líneas similares intervino el canciller, Omar Paganini, quien calificó al PNI como “un hito”, en tanto “primer plan especializado en la materia”. Así, el ministro reiteró el concepto de “movilidad humana” como “parte central de nuestra historia”. Según Paganini, “nuestro país sabe que estas son oportunidades de mejora para todos: para el que viene, para el que se va y para los que estamos y recibimos aportes de otras culturas, de otras idiosincrasias, de otras formas de ver el mundo”.

El ministro explicó que Uruguay es un “país atractivo para personas de todo el mundo”, dada su estabilidad política y democrática, la actual coyuntura económica y políticas públicas como “la educación pública gratuita y nuestra cobertura en salud”. También remarcó los instrumentos y el “marco normativo específico, garantista de los derechos humanos” que posee nuestro país, acordes al “compromiso con el multilateralismo y la cooperación internacional”.

El PNI “baja a la práctica” lo establecido por la Ley de Migraciones

Según dijo a la prensa Lorena Jones, directora de la División de Derechos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), uno de los mayores desafíos a los que deberá hacer frente el país para el cumplimiento del PNI es el empleo. Si bien calificó la respuesta humanitaria que el país destina a los migrantes refugiados como “muy buena”, Jones detalló que “entre eso y la autonomía el empleo es el puente”.

Según reveló Jones, gran parte de la población que solicita refugio en nuestro país proviene de Venezuela, República Dominicana y Cuba, y si bien “en un principio venían en mejores condiciones”, hoy en día llegan “en peor situación”. Según detalló, son “núcleos familiares bastante grandes, con infancias, que necesitan esa primera respuesta humanitaria” dadas las condiciones en las que arriban al país.

Por ello, celebró la implementación del PNI, que, según detalló, es complementario a la Ley 18.250 (Ley de Migraciones), porque “baja a la práctica” la igualdad jurídica establecida por dicha ley.

Claudia Romano, gerenta de la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional (AUCI), calificó como “oportuno y pertinente poder acercar experiencias” que permitan “facilitar procesos”, algo que a su parecer requiere de voluntad política. Según Romano, el PNI tuvo como “eje de referencia” un documento homónimo de origen costarricense. Así, explicó, fue contextualizado a la realidad uruguaya a partir de un trabajo interinstitucional que incluyó al gobierno, la sociedad civil y la academia.

Por último, y consultada acerca del rol de la cooperación internacional en el diseño de este tipo de políticas, la gerenta de AUCI sostuvo que permite “ampliar la mirada” para “pensar en otras estrategias o en otras formas de hacer las cosas, tal vez distintas a lo que estábamos acostumbrados a hacer”. “Eso es muy importante”, concluyó.