El Departamento de Economía (Decon) de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República expuso los resultados de una investigación sobre el impacto de los impuestos al tabaco en el Uruguay, en un evento a cargo de la Organización Multidisciplinaria para la Integración Social, este lunes por la tarde.

La exposición fue inaugurada por Wilson Benia, consultor de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Uruguay, quien recalcó la necesidad de implementar “impuestos saludables” necesarios para contrarrestar el consumo de tabaco, al que caracterizó como “paradigmático” entre aquellos productos que afectan a la salud.

Para el integrante de la OPS en Uruguay, los impuestos saludables significan una “triple ganancia”, en el entendido de que reducen su consumo, generan un ingreso fiscal –y así incrementan el “espacio fiscal” disponible para la implementación de políticas públicas para la atención de la salud–, así como también afectan positivamente a la proporción de la población en estado saludable y con posibilidades de trabajar.

Si bien el resumen de la presentación señala que “desde la ratificación del Convenio Marco para el Control del Tabaco [CMCT] de la Organización Mundial de la Salud, en 2005, Uruguay se ha destacado como pionero en la implementación de políticas de control de tabaco”, allí se remarca la necesidad de avanzar en materia impositiva.

Para los investigadores, Uruguay “ha alcanzado un nivel óptimo” en la implementación de medidas promovidas luego de la puesta en marcha del Programa Nacional para el Control del Tabaco, que comenzaron en 2006. Entre otros hitos, enumeran la implementación de espacios libres de humo al 100%, así como la “prohibición total de la publicidad de productos de tabaco desde 2014” y “la adopción de empaquetado neutro con presentación única desde 2019”.

Esto, según revela la investigación, ha redundado en “mejoras significativas en los últimos años”, entre las que se encuentran la reducción del consumo de tabaco entre adultos, en el orden del 33%, entre 2006 y 2021, y la reducción del porcentaje de consumo en jóvenes de 13 a 17 años, de 73%, entre 2003 y 2021. Otros grupos poblacionales, en cambio, experimentaron reducciones en el consumo “por debajo del promedio de la población”, por ejemplo, las mujeres y las “personas de situación socioeconómica más desfavorable”.

Asimismo, de acuerdo con la investigación presentada por el Decon, hacia 2020 15% del total de muertes anuales se debían al consumo de tabaco, aproximadamente 6.000 de las 40.000 defunciones anuales, “cifra equivalente al total de defunciones registradas por covid-19 entre 2020 y 2021”.

Dichas muertes, detalla el informe, representan “la causa más evitable de mortalidad prematura” en nuestro país, donde las enfermedades asociadas al consumo de tabaco representan 17% del gasto en salud (1,5% del PIB).

De acuerdo con Patricia Triunfo, integrante del Decon, los números son “realmente importantes”. “Si lo comparamos, Uruguay es peor que el promedio de América Latina. […] Esto es grave”, concluyó Triunfo, quien además reveló que el gasto en salud no llega a ser compensado por la cantidad de dinero recaudado a través de los impuestos a la venta de cigarrillos.

Triunfo resaltó dos “hitos impositivos” en la política antitabaco llevada a cabo por el Estado: el cobro de IVA a los productos de tabaco, así como “la unificación de las tasas del Imesi entre cigarrillos y tabacos de armar”, que permite impedir la sustitución de un producto por otro.

Aun así, Triunfo reparó en dos “fallas de diseño” en la política de determinación de aumentos en el cobro del Imesi: en primer lugar, que este se establezca mediante decretos, de forma “discrecional”, y, en segundo término, que se fije en la forma de un valor nominal anual, algo que, entiende, lleva a “problemas con la inflación” y con “cómo se ajusta”.

Sumado a esto, la investigación del Decon remarca la necesidad de avanzar en materia impositiva para así alcanzar las metas acordadas como parte del CMCT. Tal y como detalla, hacia 2028 sería posible llegar a una proporción de impuestos en el precio final de la cajilla de cigarrillos del 75%. Hoy en día, dicho número ronda el 65%: 47% se debe al Imesi y 18% al IVA.

Para lograrlo, de acuerdo con simulaciones realizadas por el Decon, el Estado debería proceder con “un aumento del 56% –distribuido en cinco aumentos anuales de 2%, según aclaró Triunfo– en términos reales del Imesi”, algo que el informe estima que “reduciría en 21% la población fumadora”.

Los impuestos son “punta de lanza de cualquier estrategia de control del tabaco”

Para el economista especializado en economía de la salud Guillermo Paraje, los resultados de la investigación realizada por el Decon –que el equipo de investigación que preside, Tabaconomía, apoyó– demuestran “que los precios y los impuestos son efectivos para reducir el consumo de tabaco, no solamente de los consumidores actuales, sino de los futuros”, agregó.

De acuerdo con Paraje, “Uruguay ha sido líder en la implementación de algunas políticas a nivel regional que fueron replicadas en otros países”, sin embargo, “se ha quedado retrasado en términos de impuestos, superado en términos de carga impositiva por sus países vecinos y por otros países de la región”, consideró.

Es así que Paraje llamó a la sociedad uruguaya a “discutir” y “comprender” “la importancia que tiene subir los impuestos”, “no solamente para aumentar la recaudación, sino para bajar la enorme carga de enfermedad que tiene el consumo de tabaco”.

En conversación con la diaria, Paraje detalló que si bien las políticas impositivas no son suficientes por sí solas para combatir el consumo de tabaco, son “punta de lanza de cualquier estrategia del control del tabaco”. Esto se debe a que, de acuerdo con estudios, “los impuestos son la herramienta más costoefectiva”, concluyó, si bien no renegó de llevar a cabo “otra serie de políticas” que “van en el mismo sentido”.

Asimismo, y consultado sobre posibles cambios en el paradigma que lleven a la eliminación gradual del tabaco en el mercado, tal y como se ha planteado en Nueva Zelanda y algunas naciones europeas, Paraje explicó que de todas formas requieren la implementación de políticas impositivas en un primer lugar. A su entender, antes de llevar a cabo el retiro gradual del tabaco, es necesario “desnormalizar su consumo” y “regular fuertemente el acceso a las nuevas generaciones”.

Respecto a los argumentos que mantienen que un incremento en la carga impositiva del tabaco desplaza a la población a mercados de contrabando, Paraje explicó que el aumento de impuestos sobre el tabaco resulta en una baja del consumo general, que incluye también el contrabando, y denunció la prevalencia de estudios “que da la industria tabacalera” y que contienen “exageraciones groseras”, que distan de resultados obtenidos por investigaciones que avaló.

En todo caso, de ocurrir, la solución debería ser “aumentar los controles”, evaluó. “Por lo que yo entiendo, todo el mundo sabe dónde se venden los cigarrillos contrabandeados […] Si realmente hay una preocupación por el contrabando, que creo que la hay, se pueden tomar medidas específicas para el contrabando”, concluyó.

También advirtió que “el contrario también juega”, al referirse a acciones por parte de industria tabacalera que puedan buscar retrocesos en la implementación de políticas antitabaco. Por lo tanto, llamó a “seguir insistiendo”, así como a “aislar” a los diferentes gobiernos de su esfera de influencia.