El Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) presentó este jueves un extenso informe anual que reúne artículos redactados por académicos, militantes y organizaciones civiles que exponen las barreras y los avances en materia de derechos humanos durante 2023 en el país.

El informe, que está disponible en la página web de la organización social, “refleja el compromiso de nuestro movimiento social y pone de manifiesto las deficiencias del Estado en su papel de garante de los derechos”, indicó Serpaj.

El documento se divide en tres capítulos. El primero, titulado “Derechos civiles y políticos”, aborda los crímenes de lesa humanidad, el terrorismo de Estado, la verdad, la memoria y justicia, el reconocimiento del genocidio charrúa y los derechos de la comunidad LGTBIQ+. El segundo, “Seguridad democrática y derechos humanos”, trata sobre la situación en las cárceles, el narcotráfico, la seguridad ciudadana, la violencia institucional y la violencia sexual. Por último, el capítulo “Derechos económicos, sociales y culturales” incluye temas como las desigualdades sociales, la seguridad social, la emergencia hídrica, la educación, el derecho a la alimentación, la infancias y los cuidados, la explotación sexual, la salud mental, la accesibilidad y la situación de calle y acceso a la vivienda.

A 50 años del golpe de Estado

En 2023 se supo el paradero de tres detenidos desaparecidos en dictadura, según registraron Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos a Serpaj: Héctor Orlando Giordano Cortazzo, militante del Partido Comunista Revolucionario, abogado y padre de una niña de siete años; Jorge Pedreira Brum, militante del Partido Comunista, camionero y padre de dos hijos: Eduardo y Silvia. Tanto Héctor como Jorge fueron enterrados como NN. Por último, el 6 de junio se hallaron los restos de una mujer en el Batallón de Infantería Paracaidista 14, pero todavía no se han podido identificar.

Según el informe, el ADN como procedimiento para identificar detenidos desaparecidos en Uruguay comenzó a utilizarse en torno al 2000. “Entre las complejidades existentes debemos marcar que en nuestro país por parte del Estado se reconoce recién en ese año que existían personas detenidas desaparecidas, lo que motivó la tardía recolección de muestras de sangre para ADN”, indican.

Tamara Samudio, politóloga e integrante de Serpaj, dijo a la diaria que el no reconocimiento de los restos “da cuenta de una falta de acción del Estado y de una impunidad que sigue muy latente”.

En 2021 la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado uruguayo por los asesinatos de Silvia Reyes, Laura Raggio, Diana Maidanik, y por las desapariciones forzosas de Luis Eduardo González y Óscar Tassino. Karina Tassino, hija de Óscar, dice en el informe que la sentencia “fue una forma de reparación al darnos la razón, esperanza y expectativa de verdad y justicia”.

Uno de los puntos reparatorios que dictaba la sentencia era la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad del Estado. Sin embargo, el presidente Luis Lacalle Pou no concurrió. “Eligió no participar”, consideró Tassino. En la presentación del informe, Gerardo Caetano, historiador y politólogo, quien integraba la mesa redonda de la presentación del informe, calificó de “inadmisible” la ausencia del presidente.

Tassino señaló que en Uruguay no hay políticas de Estado sobre verdad y justicia, que desde el poder político no hay exigencia a las Fuerzas Armadas (FFAA) para que entreguen información sobre los desaparecidos y que no hay políticas de verificación de lo que dicen las FFAA.

Mujeres, microtráfico y reclusión

En la presentación del informe, Mirtha Villa, docente, comunicadora y una de las fundadoras de Serpaj, indicó que en Uruguay hay 430 presos cada 100.000 habitantes, cifra que lleva al país a estar entre los primeros ocho lugares en el mundo con más presos: hay 15.465 personas privadas de libertad y 10.000 más con medidas alternativas. La población penitenciaria creció un promedio de 4% respecto de 2022 (3,9% en la población masculina y 6,9% en la población femenina).

“Con el crecimiento de la población que tiene Uruguay, esto se va a tornar, además de inoperante, imposible de financiar para cualquier administración”, dijo Villa, y agregó que hoy hay 26 centros de reclusión pero, “a este nivel de crecimiento, en breve necesitaríamos muchos más”.

“Si bien las mujeres representan un pequeño porcentaje del total de las personas privadas de libertad, situándose alrededor del 7%, la proporción de mujeres privadas de libertad crece a un ritmo más acelerado que el de los varones”, indica el informe, y agrega que esta tendencia “se viene detectando y denunciando desde al menos una década y media”.

En 2020 había 623 mujeres privadas de libertad; en junio de 2023 la cifra alcanza las 1.074. Según Serpaj, las disposiciones de la ley de urgente consideración, que aumentó la pena mínima de cuatro años de prisión cuando la venta de drogas se efectúa en el hogar y una pena mínima de cuatro años para quienes ingresan estupefacientes a los centros de reclusión, produjeron el “aumento alarmante” de la cantidad de mujeres privadas de libertad.

Violencia policial

“La violencia policial es un fenómeno que se presenta en todas las democracias contemporáneas”, y Uruguay no es la excepción, afirma en el informe Sarah Kennedy Rodrigo, estudiante de Ciencia Política. Allí dice que la Policía es la institución en la que los y las uruguayas confían “mayormente”, con un 73% de aprobación absoluta, según una encuesta de Equipos Consultores de 2022.

Kennedy hace un relevamiento de los asesinatos en manos de la Policía entre agosto de 2022 y agosto de 2023, revelados por la prensa, debido a que no pudo obtener datos del Ministerio del Interior o del Poder Judicial.

Registró 22 asesinatos a manos de la Policía: las víctimas son en su totalidad hombres, 17 en Montevideo, uno en Florida, uno en Canelones, uno en Colonia, uno en San José, y uno en Lavalleja.