Innumerables llamadas, citaciones, idas, comparecencias, entre otras acciones, tuvieron desde hace 40 años los casi 1.000 exobreros que construyeron la represa de Salto Grande para lograr recuperar lo que la dictadura les quitó: las indemnizaciones correspondientes. Ahora se suma un nuevo capítulo que se tradujo en una carta al presidente de la República, Luis Lacalle Pou, en la que estimaron cuál es el monto que deberían percibir los extrabajadores y sus familias, a más de cuatro décadas del adeudo: unos 3.800.000 dólares. Esta cifra se disgrega para 500 exobreros que están vivos actualmente -un millón de dólares-, 400 viudas -800.000 dólares- y 100 familias -otros dos millones de dólares-.

Desde un principio los extrabajadores pidieron la indemnización, pero a los cinco años prescribió. La represa comenzó a construirse en 1974; sin embargo, para el gobierno de facto esas obras finalizaron en 1978, algo que en verdad ocurrió recién cinco años después -en 1983-, a dos años de la reapertura democrática. En ese entonces, la multinacional italiana que estaba a cargo de la obra les pagó el correspondiente dinero a los obreros extranjeros -en su mayoría argentinos, chilenos y paraguayos- y el resto se le entregó a la administración de la dictadura de turno para que se les pagara a los trabajadores uruguayos. No obstante, ese dinero se licuó en Rentas Generales y nadie sabe a dónde fue a parar.

En la carta, a la que tuvo acceso la diaria, los extrabajadores señalaron que ya pasaron 30 años, con “sucesivos” gobiernos de distintos partidos políticos, y “ninguno se hizo eco de tal situación, siendo que Uruguay desde la salida a la democracia ha tenido y tiene sendos antecedentes de leyes reparatorias e intentos de recomponer el tejido social mediante recomposición de puestos de trabajos suprimidos, indemnización a víctimas de la persecución política e ideológica del período que abarca desde 1973 hasta 1985, en tal sentido a trabajadores del ámbito público como también del ámbito privado”.

Es por eso que “en el mismo sentido” existen normas indemnizatorias, como la Ley 19.039, que refiere a una pensión a las víctimas de delitos violentos. En ese marco, señalaron que “se hace necesario, imprescindible y justo que el Estado uruguayo, la sociedad toda en su conjunto, asuma la responsabilidad humanitaria y social de resarcir el daño a este núcleo de ciudadanos, el resarcimiento que se pretende por los mismos es cuasi simbólico en lo que tiene que ver con las cifras que se proyecta solicitar”.

En el documento entregado al mandatario se especifica que aquel exobrero que esté jubilado o pensionado “deberá percibir” un monto de 2.000 dólares, más 25.000 pesos mensuales y “vitalicios” agregado a su jubilación o pensión. Asimismo, señalaron que en el caso de que el extrabajador “no se encuentre en ninguna de las condiciones antes mencionadas, deberá percibir por única vez 20.000 dólares”. En el caso de fallecimiento, le corresponderán los beneficios antes mencionados a la cónyuge o concubina de acuerdo a la ley; en caso de haber fallecido el exobrero y la viuda, “les corresponderá a los hijos un monto por única vez equivalente a 20.000 dólares”. El monto se repartirá en partes iguales con todos los hijos legítimos del respectivo exobrero, aclararon.

Hace cuatro días se envió a Presidencia el documento, donde se solicita una nueva reunión para tratar de “conciliar” a las partes en cuanto al estudio del proyecto, que consta de cuatro artículos. “La idea es intercambiar ideas” para que el documento llegue a buen puerto, señaló a la diaria Mario de los Santos, coordinador de la organización de extrabajadores. Explicó que hay una “alta probabilidad” de que el proyecto sea una realidad y recordó la minuta de comunicación que se votó en Diputados por unanimidad -86 en 86-, “donde todos los partidos políticos pusieron su voluntad de reparar”.

“En esta legislación el tema no tiene tinte político, sino que tiene a todos los partidos trabajando por un mismo proyecto en común. Eso es lo que lo hace más viable, porque hablamos de la viabilidad del proyecto. Todos los proyectos anteriores terminaban en el Ministerio de Economía [y Finanzas], porque se pedían cifras de 45 millones de dólares a 90 millones. Este proyecto, sin embargo, no”, valoró.

De los Santos valoró que se “llegó más allá” de lo que se había logrado con los anteriores gobiernos. A la espera de que se concrete la reunión con el presidente y autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, su titular, Pablo Mieres, dijo a la diaria que aún “no hay nada definido” y que lo único que hubo fue una reunión el 18 de enero. “No hay novedades”, insistió.

Multipartidarias

Las estimaciones fueron hechas en consulta con actores jurídicos y políticos, entre ellos, los tres diputados salteños, Rodrigo Albernaz (Cabildo Abierto), Álvaro Lima (Frente Amplio) y Omar Estévez (Partido Colorado). En diálogo con la diaria, el cabildante dijo que el reclamo de los extrabajadores y de sus familiares “nunca fue escuchado seriamente” ni tomado por ningún gobierno de turno desde la reapertura de la democracia en 1985. “Claramente es una deuda del Estado con el empleado, obrero, que ha quedado de lado sistemáticamente”, apuntó,

En ese sentido, Albernaz dijo que se reúnen desde hace al menos dos años en asambleas abiertas, con la participación de un promedio de 300 personas, casi todos los sábados para iniciar gestiones para reclamar por el adeudo. Consideró que el pago a los trabajadores es una “decisión política” para que se genere una serie de “reconocimientos”. “Que este gobierno dé una respuesta a la deuda del Estado”, agregó.

“Había pocas esperanzas de que fuera escuchado, se logró después de años de trabajo ponerlo en la agenda de la Torre Ejecutiva. Se va a atender una deuda histórica, al menos de forma representativa de lo que sería la deuda original”, estimó el cabildante, y agregó que el presidente “políticamente responderá si va a solucionar de alguna manera o si no lo va a hacer”. En cualquiera de los dos casos, expuso, “ya está haciendo más que los ocho gobernantes anteriores, que directamente no respondieron al caso presentado”.

Por su parte, el frenteamplista Lima coincidió con lo planteado por Albernaz y señaló: “Más allá de las diferencias, siempre se mantuvo el diálogo”, y destacó el “enorme” trabajo que hizo la Comisión de Legislación del Trabajo de la cámara baja.