Hay molestia entre los vecinos organizados del complejo habitacional Jardines de Viale, ubicado al norte de La Paz, en Canelones, con la Agencia Nacional de Vivienda (ANV). La postergación a último momento de un remate de una casa a fines de marzo, así como la firma de un contrato de arrendamiento para evitar un lanzamiento previsto para fines de abril, fueron los últimos episodios de una historia de 30 años en torno a un espacio donde vivir.

Gracias a un préstamo del Banco Hipotecario del Uruguay, en 1982, Edificadora Sociedad Anónima empezó la construcción de 67 viviendas en el padrón 927 de La Paz. Pero, por distintos motivos, la obra se detuvo en 1985, y en 1992 un grupo de familias ocupó de manera irregular algunas de las casas sin terminar.

Hoy hay situaciones complejas desde el punto de vista jurídico. La más engorrosa es la de las viviendas con hipoteca: actualmente hay 16 inmuebles con hipotecas morosas y “la solución para resolver esa hipoteca sería justamente el remate”, dijo días atrás el presidente de la ANV, Klaus Mill, ante la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado.

Mill afirmó que para “regularizar la titularidad de los inmuebles”, que jurídicamente están siendo “ocupados por intrusos”, es necesario “rescindir el vínculo con el titular del inmueble mediante remate extraoficial”. Este recurso, sostuvo, es “la herramienta con la que se cuenta para terminar el crédito que tiene esa vivienda”. Señaló que solamente cuando la ANV “recupera la vivienda en remate” existe la posibilidad de “sentarse con la familia que reside en ella, que la ocupa, y acordar un arrendamiento”.

“No nos da ninguna tranquilidad”, afirman los vecinos

Uno de estos remates estaba fijado para el 30 de marzo, pero luego de que la familia ocupante interpusiera un recurso de amparo y de que los vecinos se movilizaran en la sede de la ANV, el proceso se postergó por 90 días.

En diálogo con la diaria, Ramiro Carrasco, vecino de Jardines de Viale, cuestionó la forma de “regularizar” el complejo habitacional por parte de la ANV: “Se suspendió ese remate por 90 días, [pero] ahora hay un remate para junio que se va a efectuar, y no sabemos quién es el próximo porque no te avisan: vienen y te ponen un cartel dos días antes del remate”. Afirmó que “no les han solucionado nada” a las personas que han ido a remate y advirtió que en 2020 le remataron la casa a una jubilada, que “quedó en la calle” sin “ninguna solución hasta el día de hoy”.

Verónica Dodera, directora de la ANV por el Frente Amplio (FA), explicó a la diaria que en el remate la ANV puede “defender el bien [la casa] por ley para que quede en la ANV y después regularizar al ocupante”, eliminando así el riesgo de que un tercero adquiera la propiedad en el remate. Sin embargo, apuntó que el remate del 30 de marzo “no se iba a defender por la ANV”.

Según Mill, esto no ocurrió porque la familia ocupante “se negó a brindar información socioeconómica” que permitiese “evaluar la vulnerabilidad”, lo cual es “uno de los elementos a considerar para una eventual defensa en el remate y posterior ocupación del ocupante”.

El principal reclamo de los vecinos es que el organismo congele todos los remates y desalojos en curso y que se instale una mesa de negociación entre todos. “Ellos citan personalmente y dicen una cosa diferente a todos”, dijo Carrasco. Los vecinos pretenden regularizar su situación mediante contratos que incluyan la opción de compra del inmueble.

Consultado por las declaraciones del vicepresidente de la ANV, Gustavo Borsari, quien sostuvo que “prácticamente no existe la posibilidad de que [los ocupantes] queden afuera” de Jardines de Viale, Carrasco manifestó: “No nos da ninguna tranquilidad. 70% de lo que dijo es mentira. Hasta el momento no nos han dado ninguna solución y tampoco nos han llamado, todo es más de lo mismo”. Mencionó además que actualmente hay en curso tres procesos de desalojo que, si bien están judicializados, “no se pararon”.

Dodera explicó que desde 2012 la ANV está intentando regularizar Jardines de Viale, pero la realidad cambió en setiembre del año pasado, cuando “se empezaron a mandar cedulones de diferentes situaciones –desalojos, remates– por el riesgo de prescripción” de las hipotecas. Cuestionó que en ese momento “no se tomó como una situación especial y entonces los vecinos comenzaron a generar ruido porque no tenían información sobre qué estaba pasando”.

Según la directora por el FA, ahora se está convocando “como debe ser” a las familias, es decir, “caso a caso”, porque “no todos están en igualdad de situación”. Señaló que hay tres situaciones diferentes: las viviendas con hipotecas, las viviendas “libres en lo contable”, que se pueden arrendar, y “los locales comerciales que no se terminaron de construir” en la obra original, pero que posteriormente las personas transformaron en hogares.

Acerca de los dichos de Borsari, Dodera afirmó que “habría que sacar” la palabra “prácticamente” porque “no debería quedar nadie” fuera del complejo habitacional. “Sé que hay una familia que está en la calle desde 2020 y la vivienda está sin utilizar. Ya hay un ejemplo de alguien que quedó afuera y no está más en el complejo. Podría haber otros”.

Comisión de Vivienda tendrá “una actitud de seguimiento”

Antes de la comparecencia de Mill en la comisión de Vivienda y Ordenamiento Territorial del Senado, un grupo de legisladores del FA ingresó una minuta de comunicación para solicitarle al Poder Ejecutivo que por intermedio de la ANV “congele los remates y desalojos de las unidades de este complejo mientras se adopte una solución integral para los núcleos familiares”, y que el Estado “cumpla con el deber de garantizar el derecho a la vivienda” y evite circunstancias de “desprotección” ocasionadas por “un problema burocrático administrativo”.

El mensaje no llegó a votarse en comisión. Oficialismo y oposición acordaron mantenerlo en suspenso, a la espera del resultado de las negociaciones entre la ANV y las familias ocupantes. En diálogo con la diaria, Gloria Rodríguez, senadora del Partido Nacional e integrante de la comisión, afirmó que por el momento el tema “quedó laudado” en el ámbito parlamentario porque el directorio de la ANV informó que “suspendió los desalojos”; no obstante, apuntó que desde la comisión “vamos a estar muy atentos para que se cumpla lo acordado”.

En tanto, el senador frenteamplista y miembro de la comisión José Nunes dijo a la diaria que el tema permanecerá en el orden del día de la comisión como “una actitud de seguimiento”, esto es, para “ver que efectivamente se puedan resolver los problemas”. Advirtió que, “estrictamente hablando, no están resueltas todas las situaciones de las familias”. A su modo de ver, el directorio de la ANV sólo planteó “criterios de trabajo” y la “voluntad de llegar a una solución”, pero “el tema está en proceso” y “hay que seguir los acontecimientos para ver si efectivamente se logra ese objetivo”.