“La propuesta [de prohibir la venta de productos con excesos en centros educativos] me parece excelente”, manifestó a la diaria Lucía Zaffaroni, licenciada en Nutrición y especialista en nutrición materno-infantil. La especialista se refiere al artículo 262 que el Ministerio de Salud Pública (MSP) incluyó en la Rendición de Cuentas de este año, que propone modificar el artículo 4 de la Ley 19.140 de Alimentación saludable en los centros de enseñanza. Esta norma, aprobada en 2013, establece una serie de pautas para cuidar la alimentación de los niños y adolescentes que asisten a los centros educativos.

Entre varias otras cosas, la ley establece la prohibición de “la publicidad en los establecimientos educativos de aquellos grupos de alimentos y bebidas” que no estén incluidos en un listado elaborado por el MSP, que sólo contempla “grupos de alimentos y bebidas nutritivamente adecuados”. El artículo 262 de la nueva Rendición de Cuentas pretende dar un paso más y prohibir, además de la publicidad, “la venta, promoción y/o patrocinio” de los alimentos que no estén incluidos en el listado del MSP.

Para Zaffaroni, este avance sería importante debido a que “los últimos estudios sobre sobrepeso y obesidad estiman que 40% de los niños uruguayos tienen sobrepeso y obesidad”. De hecho, lo que más le llama la atención a la especialista es que Uruguay “es el país con el mayor incremento de [ambas patologías] en los últimos diez años”. “El número crece en adultos, las cifras son alarmantes, y pospandemia, luego de que las personas se quedaron encerradas, se volvió peor aún”, agregó.

Por otra parte, en cuanto a las cifras elevadas de sobrepeso y obesidad que tiene Uruguay, agregó que si bien es una problemática multifactorial, “falta educación alimentaria a nivel poblacional”. Señaló que eso se refleja en que “los días que los niños tienen merienda libre en los centros de estudio, desde la casa algunas veces envían cosas como un paquete de papas fritas”, refrescos y “cosas que [los nutricionistas] no recomendamos”.

Remarcó que “lo que se ofrece [a los niños] en el ámbito educativo y en el hogar” es muy importante, y también los sabores que se transmiten en el primer período de vida: “Lo que consume la madre durante la gestación y luego, en la lactancia; todo tiene que ver”, explicó.

Concluyó que, “tal y como recomienda el MSP”, priorizar alimentos naturales o mínimamente procesados, comidas caseras y saludables, y “limitar a los niños la exposición de alimentos y bebidas con excesivos niveles de azúcar, sodio, grasas y grasas saturadas” es lo más conveniente para contribuir a una calidad de vida saludable.

La mala alimentación “disminuye la esperanza de vida”

Raquel Villegas, licenciada en Nutrición y especializada en nutrición materno-infantil, dijo que lo que propone el MSP es algo que ya se implementó en otros países en que la ley de etiquetado frontal de alimentos “dio un paso más allá” y no sólo no permite la venta de productos con excesos dentro de los centros educativos, sino tampoco “en determinada cantidad de metros a la redonda”.

Villegas también apoyó la iniciativa, sobre todo porque, a su entender, los niños “están en una edad en la que no son conscientes de muchas cosas” y eso aplica también para lo que consumen. Por eso, en la actualidad “los estamos habilitando a tomar decisiones que ni siquiera muchos adultos son capaces de tomar de forma informada y saludable”. Por ese motivo, aplicar la modificación de la ley y “poder tener un filtro de seguridad para que no haya productos con excesos” disponibles es bueno, consideró. “Los niños se fijan si es rico y el paquete es lindo, nada más. [...] No tienen la capacidad de entender lo que están consumiendo”, afirmó.

En cuanto a las familias, consideró que “les faltan recursos” informativos, y por eso muchas veces terminan consumiendo “poca variedad de alimentos, a base de productos ultraprocesados e hidratos de carbono”. También remarcó que hay muchos mitos alrededor de la alimentación segura y saludable. “Al que le toca primero es al referente de cuidados: usamos frases como ‘pobrecito, dejalo comer que no está a dieta’, porque consideramos que “comer saludable es malo o aburrido, o que no le tocaría a un niño”, pero esa es “la primera falla”, alertó Villegas. Opinó que también es importante “aprender más sobre los grupos de alimentos y vincular a los niños con los procesos” asociados a la alimentación.

Villegas expuso que una alimentación inadecuada, sobre todo desde edades tempranas, tiene consecuencias irreversibles y “riesgos graves que pueden acabar en la muerte”. “Ahora clasificamos a la diabetes en tipo uno y dos; eso no es casual, hay cada vez más niños con diabetes tipo dos” que se verán afectados el resto de sus vidas, observó.

Por último, añadió que si bien en algunos ámbitos como las redes sociales “hay muchas personas brindando información valiosa y gratuita” sobre alimentación, siguen primando las “personas públicas que promocionan cosas poco saludables” o influencers que dicen que “un jugo de botella es pura fruta, cuando eso no es verdad”, ejemplificó. Para Villegas, eso está directamente relacionado con la industria alimentaria, que “tiene muchos intereses, presiona y paga muy bien”, concluyó.

“Si al adulto le cuesta todavía [decidir sobre los alimentos que consume], no podemos dejarle esa responsabilidad a un niño”, porque la mala alimentación “disminuye la esperanza de vida”.

Organizaciones advierten que la “gran mayoría de los centros educativos” incumplen la ley actual

Una vez conocido el articulado de la Rendición, y puntualmente la inclusión del artículo 262, se generaron debates y varias organizaciones se expresaron al respecto. La Alianza de la Sociedad Civil para el Control y Prevención de las Enfermedades No Transmisibles (Alianza ENT Uruguay), por ejemplo, emitió un comunicado en el que expresó “total apoyo” a la propuesta del MSP. Por otra parte, manifestó que los integrantes “de la industria alimentaria y algunos centros educativos que se oponen a este artículo” sólo priorizan “su rédito económico, sin tener en cuenta el efecto sobre la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes”.

“Cuando trascendió el tema hubo personas que declararon a Subrayado que estaban en contra o preocupadas por la prohibición de esos productos”, dijo a la diaria Diego Rodríguez, integrante de la Alianza ENT. “De la industria no nos sorprende, pero queremos saber cuales son los centros educativos” que se oponen a una medida “que va en favor de cuidar la salud”, sostuvo, y agregó que “la evidencia científica disponible explica cuáles son las consecuencias” de consumir los productos que se propone prohibir en este artículo.

En el sentido de lo que ya pauta la ley de alimentos aprobada en 2013, Rodríguez remarcó que “si bien no se sabe en qué medida”, la “gran mayoría de los centros educativos” no cumplen con las medidas requeridas por la ley, por ejemplo, no promocionar ultraprocesados en los centros educativos. “Los controles son escasos”, mencionó Rodríguez. Por último, recordó que vender alimentos saludables es una recomendación de la Administración Nacional de Educación Pública, el Ministerio de Educación y Cultura y el MSP.

Por su parte, la Comisión Honoraria para la Salud Cardiovascular comunicó también su respaldo a la iniciativa, en el entendido de que “no es comprendido ni del todo aceptado que el sobrepeso en los menores de edad puede representar un problema de salud, y no únicamente con consecuencias futuras, sino ya en su presente”, y que además, según las últimas encuestas, “40% de los escolares presentan algún grado de exceso de peso”.

La comisión remarcó que el consumo de alimentos ultraprocesados, que “en muchos casos se identifican como adecuados para niños cuando no lo son, favorece el desarrollo de enfermedades crónicas”, y que por ese motivo “el ámbito educativo no debería ser un espacio de validación de estos alimentos como algo adecuado”.