La Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) continúa desarrollándose en Glasgow, Escocia. Durante su tercer día, cerca de 80 países se comprometieron a reducir 30% las emisiones de metano para 2030, respecto de los niveles de este año. También más de 100 líderes globales, cuyos países tienen más de 86% de los bosques del mundo, se comprometieron a “trabajar juntos” para “detener y revertir la pérdida de bosques y la degradación de la tierra” para 2030. Según confirmó el ministro de Ambiente, Adrián Peña, a la diaria, Uruguay firmó los dos acuerdos.
Peña manifestó que al principio la postura del gobierno sobre firmar el acuerdo de reducción de metano era “un poco reacia”. “El lunes de la semana pasada habíamos acordado con Argentina y Brasil por lo menos no firmar ya el compromiso. Argentina cambió de posición, Brasil a última hora de este martes también, y se decidió”, contó. Afirmó que uno de los argumentos para promover la reducción de emisiones de metano es que “puede lograr un efecto favorable en la temperatura a corto plazo”; pero acotó que este gas de efecto invernadero “en 10 años desaparece” de la atmósfera “a diferencia del CO2, que está mil años”.
“No somos un gran emisor de metano en términos globales, las emisiones que tenemos tienen que ver con la producción ganadera, que forma parte del ciclo biológico. No es lo mismo que la mayor parte de las emisiones de metano, que en realidad son por pérdida de gas natural, cosa que Uruguay no contribuye en nada”, indicó.
Según el último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), el metano es responsable de 25% del aumento de la temperatura global registrado desde la era preindustrial. Ni China, ni India, ni Rusia firmaron el acuerdo.
El suelo no es la única variable
En la nueva promesa, 12 países –entre los que se encuentran Estados Unidos, Japón y la Unión Europea– se comprometieron a proporcionar 12.000 millones de dólares de financiamiento público de 2021 a 2025. Según se detalló, el objetivo es fomentar la “gobernanza forestal y de la tierra”; la “aclaración de la tenencia de la tierra y los derechos forestales para los pueblos indígenas y las comunidades locales”; las “cadenas de suministros agrícolas sostenibles y libres de deforestación”; la restauración de paisajes; y la conservación de bosques a gran escala. Pero no es motivo para alegrarse: los países ricos ya han incumplido sus acuerdos de financiamiento.
El último informe de Global Witness denunció que al menos 227 personas defensoras de la tierra y el ambiente fueron asesinadas durante el año pasado. La organización planteó que la explotación forestal fue el sector culpable de la “mayor cantidad de asesinatos”. En este sentido, otros 14 países se comprometieron a donar 1.700 millones de dólares de 2021 a 2025 para promover los derechos de tenencia forestal de los pueblos indígenas y las comunidades locales, y su papel como “guardianes de los bosques y la naturaleza”.
En Uruguay la fragmentación de hábitat no se da sólo por la deforestación, sino también por la expansión de la soja. En este sentido, Peña acotó que el país sí es un “gran afectado por este problema y las acciones de deforestación” que “complican” cuando los efectos del cambio climático comienzan a visibilizarse. “Yo a veces creo que no somos demasiados conscientes de esto: cuando ves la ola de calor que tuvimos la semana pasada, estamos viviendo todas estas situaciones que complejizan mucho al sistema productivo nacional y a la economía nacional”, declaró, y agregó que en “un país básicamente agroindustrial, la persistencia de sequías recurrentes, inundaciones, olas de frío, olas de calor, todos estos componentes, son muy perjudiciales”.
Como parte del compromiso, 28 gobiernos –entre los que se encuentra Uruguay–, que representan 75% del comercio mundial de productos básicos que pueden amenazar los bosques, adhirieron a una declaración de comercio forestal, agrícola y de productos básicos. Forma parte de una hoja de ruta de acciones diseñadas para “ofrecer un comercio sostenible y reducir la presión sobre los bosques, incluido el apoyo a los pequeños agricultores”.
El ministro de Ambiente apuntó que “la posibilidad de crecimiento de la forestación” todavía existe en el país, pero consideró que debe ser “ordenado” y no teniendo en cuenta “como la única variable el suelo”. Está formulando un decreto –que fue presentado a [el presidente Luis] Lacalle Pou y “le gustó”– para atender nuevas variables como la biodiversidad, el agua y el aspecto patrimonial. “Por más que el suelo permita forestar, si en una cuenca determinada se forestó más de determinado porcentaje, nosotros vamos a pedir un estudio a la cuenca para ver si permitimos forestar más o no, porque puede tener impacto sobre las nacientes de los cursos de agua”, desarrolló.
Consultado respecto de la participación de grandes empresas privadas en la COP26, Peña respondió: “Más allá de las decisiones de los gobiernos, es necesario que la visión de los privados esté alineada. Hoy sabemos que hay grandes corporaciones que tienen un poder de decisión muy superior al que uno quisiera”. Señaló que le parece importante “aumentar la información y la transparencia”. “Uno muchas veces advierte grandes declaraciones, grandes titulares, pero cuando va a la sustancia, dista mucho”, finalizó.
¿Más que palabras?
“Diez de las empresas más grandes que gestionan más de la mitad del comercio mundial de productos básicos de riesgo para los bosques, como el aceite de palma y la soja, han anunciado que para la COP27 –que tendrá lugar el próximo año– establecerán una hoja de ruta compartida para mejorar la acción de la cadena de suministros” en consonancia con mantener el calentamiento global debajo de los 1,5 grados Celsius, según planteó el compromiso para detener la pérdida de biodiversidad, de bosques y degradación de la tierra.
Olam —empresa agroalimentaria que opera en 60 países— es una de ellas. En 2021, se presentó una denuncia colectiva de ocho niños que estaban en situación de esclavitud en Costa de Marfil, África. Los niños señalaron que la empresa ayudó e instigó su esclavitud en plantas de cacao, que hubo una supervisión negligente y una imposición intencional de angustia. En 2016 las ONG Mighty Earth y Brainforest manifestaron que Olam estaba haciendo operaciones secretas de comercio de aceite de palma en todo el mundo, particularmente con sus proveedores en Asia. Se la acusó de poner en peligro hábitats forestales de gorilas, chimpancés y elefantes debido a la deforestación generalizada. En 2017, las organizaciones publicaron un segundo informe en el que documentaron que Olam compraba cacao cultivado ilegalmente en parques nacionales y bosques protegidos en Costa de Marfil.
Otra empresa que se sumó a la promesa es Bunge Limited –estadounidense, dedicada a la exportación internacional de soja, el procesamiento de alimentos y el comercio de granos y fertilizantes–. En 2012, la ONG Survival International apuntó que obtenían caña de azúcar de la tierra ancestral de pueblos guaraníes en Brasil. Los lugareños advirtieron que junto a la producción de cultivos de la empresa, vinieron pesticidas y maquinarias que dañaron su salud. En 2006, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés) presentó cargos contra Bunge por emisiones contaminantes.
Golden-Agri Resources, una empresa de aceite de palma de Singapur, también firmó el acuerdo. En 2010, empresas como Burger King, Unilever y Nestlé cancelaron sus contratos de proveedores con empresas subsidiarias de Golden-Agri Resources por prácticas agrícolas insostenibles. En 2018, su subsidiaria en Liberia, que se llama Golden Veroleum, fue retirada de la Mesa Redonda sobre Aceite de Palma Sostenible por presuntas violaciones en su adquisición de tierras.
Las empresas reconocen un “importante papel de los productos básicos agrícolas para abordar el cambio climático y lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular promoviendo el desarrollo económico, reduciendo la pobreza, apuntalando la seguridad alimentaria y mejorando los medios de vida de millones de personas”. Por esta razón, las diez empresas adhirieron a un “compromiso compartido” para “detener la pérdida de bosques asociada con la producción y el comercio de productos agrícolas”.