El veto de Estados Unidos para exportar a ese país madera extraída de la Amazonia peruana los golpeó pero no los detuvo. Los socios tras las dos empresas sancionadas se reinventaron, con nuevas compañías y aliados, para seguir enviando madera, sobre todo a República Dominicana y a México. Nada tendría de particular, salvo que ni Perú les da avales transparentes de que la madera que ahora sacan fue talada con todas las de la ley, ni ellos lo han demostrado ante las autoridades. Y no se trata de un bosque cualquiera, sino de la mayor reserva de oxígeno del planeta. Los detalles en esta investigación transfronteriza sobre la ruta de la madera amazónica que atraviesa Perú, México, República Dominicana y Estados Unidos.
Una investigación transfronteriza y colaborativa de periodistas en cinco países ha descubierto cómo los socios de dos empresas forestales peruanas sancionadas en Estados Unidos entre 2017 y 2019 por transportar madera de origen ilegal se las han arreglado en años recientes para seguir exportando madera a varios países, mediante otras sociedades, parientes o aliados, dejando a su paso un rastro de inconsistencias.
Los socios de estas firmas sostienen que verifican la legalidad de su madera, pero no han proporcionado a las autoridades estadounidenses y peruanas ninguna prueba que demuestre que han mejorado su enfoque para hacer frente a la tala ilegal, como confirmó el entonces representante de Comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, cuando ordenó a las aduanas estadounidenses en 2019 que bloquearan las futuras importaciones de madera a ese país de Inversiones WCA EIRL, y el 19 de octubre de 2020 extendiera un veto similar que le había puesto a Inversiones La Oroza SRL (Oroza).
Con respecto a La Oroza, la medida de la representación comercial estadounidense se tomó “con base en la madera extraída ilegalmente encontrada en su cadena de suministro (La Oroza)” y porque “el gobierno de Perú no ha demostrado a satisfacción del Comité de la Madera que la Oroza cumple con los requisitos necesarios para la extracción y el comercio de productos madereros”.
Inversiones La Oroza fue la que mayor carga de madera ilegal llevaba en los ampliamente reportados viajes que en 2015 hizo el barco Yacu Kallpa desde Iquitos, en la Amazonia peruana, hacia Estados Unidos. Como consecuencia se tomó la emblemática decisión de bloquearles la entrada a sus productos, veto que se extendió el año pasado por otros tres años, hasta 2023.
La otra empresa, Inversiones WCA EIRL –la tercera que más carga llevaba en el Yacu Kallpa–, fue bloqueada para entrar a Estados Unidos en 2019, porque el gobierno de Perú encontró que un año antes había enviado a Estados Unidos madera que no había sido cosechada y comercializada de acuerdo con las normas peruanas. Este año las autoridades federales estadounidenses decidirán si le extienden o no el veto.
Esta investigación, realizada por Columbia Journalism Investigations en Estados Unidos, el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística con sede en Costa Rica, Ojo Público en Perú, Mongabay Latam en Perú y México, El Informe con Alicia Ortega del Grupo SIN en República Dominicana y Agência Pública en Brasil, encontró que las dos empresas exportaron a México, y en el caso de La Oroza, su socio siguió enviando madera al conglomerado empresarial de los Ceballos Gallardo, a pesar de que ya les había enviado cargas de madera ilegal a bordo del Yacu Kallpa, en 2015.
Los hermanos Ceballos no respondieron varios pedidos de entrevista, excepto por un mensaje corto que envió a una reportera de este equipo en México Ernesto Ceballos, en el que dijo que su empresa “había dejado de importar madera de Perú porque había incertidumbre legal con las autoridades forestales de ese país”. Pero las empresas de Ceballos siguieron comprándole a La Oroza.
La madera que han comercializado en los últimos años La Oroza y WCA, incluidas algunas provenientes de especies amenazadas o vulnerables, como la caoba o el shihuahuaco, la han extraído del Amazonas mientras autoridades de Brasil y de Perú han aflojado los controles para trazar el rastro de la madera a sus orígenes, como coincidieron varias fuentes consultadas por esta investigación.
El Banco Mundial calculó que 80% de la madera que sale de Perú tiene origen ilegal, y el Instituto BVRío, una entidad de la sociedad civil, encontró que 90% de los productos forestales de la Amazonia brasileña pueden involucrar alguna operación ilegal.
La investigación transfronteriza también estableció que la empresa Mafilo SA, de República Dominicana, fue fundada, junto con un socio dominicano, por Luis Ascencio Jurado, gerente de Inversiones La Oroza, y que este es hoy su mayor accionista. Desde su creación en 2016, esta maderera dominicana ha importado 5,5 millones de dólares desde diversos países, entre ellos Perú. Además, ha importado desde Brasil varias cargas de madera de especies amazónicas amenazadas, que compró a dos empresas brasileñas, actualmente investigadas por la Policía Federal de ese país, sospechosas de haber adquirido en el pasado madera cuyo origen se había certificado con documentos con información falsa.
La Policía Federal de ese país encontró esos documentos durante un gran operativo que empezó en 2017 para detener la extracción ilegal de madera de la Amazonia, llamada Operación Arquímedes. Según fuentes policiales en Brasil, como aún no han producido el informe final de sus operaciones, aún no lo han presentado ante el Ministerio Público Federal para que considere las acciones legales del caso.
Esta alianza periodística también encontró que el principal socio de Inversiones WCA, William Castro Amaringo, suspendió las exportaciones de madera con esta empresa después de la sanción del gobierno federal de Estados Unidos, pero continuó exportando en 2020 con otra de sus empresas, Miremi SAC, cuya actividad comercial original era la de aserrar y cepillar madera.
Después de comparar los datos de las entidades aduaneras de República Dominicana y de Perú, esta alianza periodística encontró inconsistencias. Entre estas, que –en al menos cinco ventas desde Perú a la dominicana Mafilo– las exportadoras reportaron precios más altos en su país por las mismas cargas declaradas en República Dominicana.
En una entrevista por video, desde su sede en Iquitos, Luis Ascencio Jurado dijo que se aseguran “de que el origen [de la madera] sea legal tanto en el Perú como en otras partes del mundo” y que desde 2016 toman medidas para extraer maderas de sus propias concesiones y exportar. “Pero en las estadísticas de las exportaciones a nivel del Perú, nosotros no exportamos ni 0,50% de la madera”, pues después del Yacu Kallpa les bajaron sus exportaciones 80%.
William Amaringo dijo a las reporteras que lo entrevistaron que la culpa principal recae en las autoridades peruanas. Afirmó que su empresa ha tenido que enviar un ingeniero forestal que revise en el bosque para garantizar que la madera que saca es de proveniencia legal, y ese es trabajo que debería hacer el Estado.
Muerte por voracidad comercial
Son cada vez más los países que intentan regular y controlar la comercialización internacional de madera, en particular la de especies amenazadas.
Además de la mencionada enmienda a la Ley Lacey, de 2008, en Estados Unidos, que impide importar madera de origen ilegal y que permite exigir documentación de origen a cualquier importación si hay sospechas de juego sucio, Australia expidió la Ley Australiana de Prohibición de la Tala Ilegal en 2012 y la Unión Europea sacó el Reglamento de la Madera en 2013. Sin embargo, el cumplimiento de estas leyes y políticas se complica por cadenas de suministro que son cada vez más complejas.
No es posible saber a ciencia cierta si estos jugadores mencionados en esta investigación exportaron madera de origen ilegal desde Brasil o Perú, pero investigadores coinciden en que tanto en Brasil como en Perú las autoridades no han tenido la capacidad de regular la explotación voraz, desordenada y muchas veces ilegal de las especies forestales más comerciales.
Un análisis de las exportaciones de 2015 registradas por el puesto de control en el puerto de Callao de la Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre del Servicio Forestal peruano, hecho por la ONG Agencia de Investigación Ambiental, encontró que apenas 16% de la madera de los cargamentos verificados resultó ser de origen legal. Se comprobó que otro 17% fue ilegalmente extraída, mientras que el 67% restante “tiene riesgo alto o medio de ser ilegal”. Es decir, cinco de cada seis árboles podrían haber sido ilegalmente talados.
En otra investigación publicada en el Journal for Nature Conservation, cinco científicos brasileños de la Universidad Federal Fluminense y del Jardín Botánico de Río de Janeiro cruzaron los datos de los documentos de origen forestal entre 2012 y 2016 con el libro rojo de especies en peligro de Brasil. Encontraron que, entre 2.214 especies comercializadas, había 38 de especies en peligro que sumaron seis millones de metros cúbicos. Eso equivalía a 10% de todo el tráfico de madera en Brasil en ese período. Algunas de estas especies en peligro estuvieron cada año entre las 20 más vendidas.
La tala que no obedece a planes de explotación sustentable del bosque contribuye a la pérdida de los ecosistemas amazónicos, cuya conservación es el mayor aporte de sus países a mitigar la crisis climática. Por eso los empresarios tienen que asegurarse de que la madera que comercializan proviene de una explotación forestal sostenible, una responsabilidad que les exigen las propias normas peruanas y brasileñas, y también las estadounidenses, australianas y europeas.
“Pero aun un manejo ordenado no garantiza que sea sustentable”, dijo a esta alianza periodística la ecóloga Ángela Parrado Rosselli, quien ha investigado la regeneración de especies en la Amazonia colombiana. No lo garantiza porque no hay conocimiento claro de cómo se reproducen muchísimas especies, según la región donde se ubiquen, la calidad del suelo y el agua, o la producción de sus frutos. “Entonces los gobiernos aplican normas genéricas que no necesariamente garantizan la regeneración de todas las especies”, explica.
Además, dice Parrado Rosselli, aunque se cumplan los planes de tala autorizados, también es indispensable verificar si se manejó el bosque para permitir la regeneración de especies más débiles.
El buen manejo forestal para producir madera amazónica a los ritmos industriales que demanda el mundo es entonces, en el mejor de los casos, problemático. Lo que esta investigación periodística pone en evidencia es que, ante las inconsistencias de las cadenas de suministro en el comercio internacional, es difícil seguirles la pista incluso a actores vetados o bajo sospecha y a maderas provenientes de especies en riesgo.
Siendo productor principal de madera amazónica, con una explotación intensa y poco regulada, no es de extrañarse que sólo en 2020, Perú haya perdido 278.000 hectáreas de bosque natural, mayoritariamente amazónico, que dejaron de ser sumidero de 132 millones de toneladas de emisiones de CO2, según el último informe de Global Forest Watch.
Luis Jurado Ascencio, de Inversiones La Oroza, está convencido de que los que destruyen la Amazonia no son quienes, como él, la explotan comercialmente. “Yo sigo en este negocio porque en realidad primeramente soy forestal y me da muchísima pena que gentes inescrupulosas se están metiendo con nuestros bosques tropicales y los están deforestando de una manera criminal”, dice, citando entre esos depredadores a narcotraficantes. “Cada gente que se mete a esto se está haciendo más de dinero, a tal punto que ya en Iquitos hay chacras de cultivos de coca”.
Explica que no quiere desamparar a quienes trabajan para su empresa desde hace años y que, aunque ya no está haciendo las exportaciones de antes, quiere continuar intentándolo. Si no lo consigue, concluye, tendrá que dejar el negocio.
Por su parte, Brasil es el país del mundo que más bosque primario perdió durante el año pandémico, según Global Forest Watch: 25% más que en 2019. Los científicos coinciden en que las 1,7 millones de hectáreas recientemente destruidas y el acelerado ritmo de la devastación amenazan con liberar millones de toneladas de carbono a la atmósfera y convertir el Amazonas en una sábana de especies devastadas.
A pesar de las sanciones y de la presión internacional para contener la explotación de la Amazonia, sin los controles debidos en los países de origen, la madera que comercializan empresas forestales, aun las sancionadas, sigue fluyendo al mundo. Ellos usan nuevas nuevas avenidas y nuevos socios, pero la madera que exportan sigue estando bajo sospecha de que ha sido sacada sin permiso, contribuyendo a la destrucción de este bosque vital para la subsistencia del planeta y de la humanidad.
Esta versión es un resumen de la investigación publicada en los sitios de los medios integrantes de la alianza.