La Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA) recibió, desde 2011 hasta 2018, aproximadamente 97 denuncias cada año por el “uso incorrecto de productos fitosanitarios”, según expresó Alex Hughes, de la División de Control de Insumos. “En los últimos tres años las denuncias han bajado sensiblemente”, aseguró. Afirmó que en 2019 y 2020 hubo 50 denuncias y a lo largo de este año se contabilizaron 21. “Normalmente la mitad de las denuncias quedan confirmadas. Va y se corrobora si la situación denunciada realmente ocurrió o no”, relató Hughes durante el diálogo Salud y ambiente: contaminación por agroquímicos, organizado por Cultura Ambiental Uruguay.
Una de las principales causas de las denuncias es la deriva, cuando los plaguicidas se mueven a través del aire y van más allá del área a la que se apuntaba. La deriva se puede dar al momento de la aplicación del producto, pero también por efectos climáticos o fisicoquímicos en momentos posteriores a la aplicación. Otra de las causas fue el no cumplimiento de la distancia a centros educativos y centros poblados, que debe ser como mínimo de 500 y 300 metros, respectivamente.
“Comparados con la región, tenemos una cantidad de ingredientes activos prohibidos muy similar a Brasil y Argentina; estamos un poco mejor que Chile. Con respecto a la Unión Europea, hay unos 35 productos registrados como prohibidos en la Unión Europea que se están usando en Uruguay”, expresó Hughes.
Sin embargo, comentó que hay varias formas de limitar el uso de plaguicidas. La primera es prohibiendo su uso cuando “existe un riesgo que es inaceptable para la salud humana o el medioambiente” –“existen alternativas eficaces y se da una sustitución de un producto por otro”– o “el producto ya no tiene control efectivo sobre el organismo para el que fue solicitado su registro”. La segunda es restringiendo el uso que, según Hughes, se da cuando “a pesar de tener riesgos, no existen otros plaguicidas sustitutos eficaces”. Este tipo de casos pueden causar “riesgos inaceptables para la salud humana o el medioambiente”. Cuando no se puede aplicar ninguna de estas dos formas, se venden los plaguicidas bajo receta profesional.
El técnico resaltó que hay 1.830 “productos fitosanitarios” registrados, con 401 ingredientes activos. 147 son emitidos bajo receta profesional; dentro de ellos hay 17 productos de “categoría 1 a y 1 b” –quiere decir que son “muy tóxicos” o “tóxicos”, según la guía de la Organización Mundial de la Salud–. Los productos son fumigantes y desinfectantes del suelo. “La DGSA puede negar las autorizaciones de venta cuando el análisis químico no concuerda con lo declarado, cuando las propiedades fisicoquímicas no arrojen resultados satisfactorios, cuando de las explicaciones técnicas surja que el producto tiene una peligrosidad que lo hace inaceptable para la salud humana o el medioambiente”, remarcó Hughes. Anunció que en 2021 se “van a terminar de prohibir” los ingredientes activos carbofuran, metil paratión y triclorfon.
Natalia Queheille, también de la División de Control de Insumos de la DGSA, manifestó que están comenzando a pensar en los últimos tres eslabones de la ruta de los plaguicidas: la venta, la aplicación y la gestión de los envases. Resaltó que esto debe acompañarse con una transmisión de las buenas prácticas agrícolas. “Tenemos un software que se le entrega de manera totalmente gratuita, por ahora, al aplicador. Él desde su celular o desde una computadora puede ver en vivo y en directo todo lo que hace el mosquito”, resaltó. El software toma imágenes digitales, dónde están determinadas las “zonas sensibles”, que son los cursos de agua, los centros poblados y las escuelas rurales. “Cuando se va arrimando a una de las zonas sensibles, se le prende una alarma”, explicó. El aplicador también tiene que especificar qué producto aplicó, en qué dosis, sobre qué cultivo y la zona de aplicación. Al mismo tiempo, la DGSA tiene acceso a ver la hora, el lugar, la fecha y la empresa aplicadora. La zona de aplicación no la ven en vivo, pero sí pueden saber cuándo se entra en una “zona sensible”.
Exposición laboral y exposición ambiental
“Sabemos que los plaguicidas son sustancias químicas que se utilizan para eliminar plagas, enfermedades o malezas. Pero su uso descuidado o irracional puede provocar daños irreversibles en el ambiente, afectar la biodiversidad, contaminar las aguas superficiales, subterráneas, el suelo, afectar la salud humana”, dijo Alexandra Bozzo. Ella es ingeniera agrónoma y magíster en Ciencias Ambientales y pertenece a la Red Temática de Medio Ambiente de la Universidad de la República. En 2013 realizó la investigación “Impactos de los plaguicidas utilizados en los cultivos hortícolas protegidos en el cinturón hortofrutícola de Salto sobre la salud de la población expuesta”.
A partir de su trabajo de campo, pudo saber que los aplicadores en muchos casos “no sabían interpretar la etiqueta o qué era el principio activo y a qué categoría pertenecía”. “Había poco conocimiento de la relación entre plaguicidas y salud humana”, sumó.
La ingeniera agrónoma diferenció entre la “exposición laboral” y la “exposición ambiental”. En la primera se toma contacto con los plaguicidas de forma directa, mientras que en la segunda, “ingresan en el organismo a través de residuos en el aire, el agua y los alimentos”. También incentivó a tomar muestras de los sedimentos de los cuerpos de agua y “no quedarse sólo con los residuos en el agua”. “Según las características que tiene cada plaguicida, no los encontramos en el agua en ese momento, pero sí están acumulados en los sedimentos de los arroyos y ríos”, señaló.
Bozzo remarcó que se tiene que considerar la “vulnerabilidad que presentan las personas donde es frecuente el uso intensivo de agroquímicos”. Agregó que “la concientización y las acciones tendientes a realizar un uso adecuado de los productos, así como también la utilización de insecticidas de origen natural y la capacitación de los trabajadores y productores, son fundamentales para garantizar el derecho a un medioambiente sano y sustentable”.