“No podemos seguir siendo datos, no podemos seguir siendo estadísticas, no podemos seguir siendo noticias. Por eso es importante que construyamos este espacio”, reclamó Nadino Calapucha, coordinador de Organizaciones Indígenas de la Cuenca del Río Amazonas, en referencia a los asesinatos y amenazas que reciben los defensores y defensoras ambientales. Su declaración tuvo lugar durante la primera Conferencia de las Partes (COP1) del Acuerdo de Escazú, que finalizó este viernes, fecha que coincidió con el Día Internacional de la Madre Tierra. La herramienta legal fue promovida por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) y firmada por 24 de los 33 países de la región. Sin embargo, sólo 12 lo ratificaron, entre ellos Uruguay, donde la herramienta legal entró en vigor el año pasado.
Acceso a la información, a la Justicia y a la participación pública en la toma de decisiones en asuntos ambientales son los principales postulados del acuerdo; también es el primero en consagrar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos en asuntos ambientales. La conferencia tuvo lugar en Chile; allí se aprobaron tres puntos de vital importancia: las reglas de funcionamiento de las COP, las reglas del Comité de Aplicación y Cumplimiento y el cronograma de las próximas instancias. Hasta el momento está confirmado que en 2023 tendrá lugar en Argentina una conferencia extraordinaria. A su vez, en esta oportunidad, la COP fue presidida por Uruguay.
“Los datos a nivel global relatan que cada dos días un defensor o defensora indígena, sobre todo en la cuenca amazónica y los países vinculados a ella, es asesinado por defender los territorios, donde está más del 82% de la biodiversidad mejor conservada del planeta. Nos ha costado la vida, persecución y asesinatos”, reiteró Calapucha. Minutos antes, señaló que quizás parte de los espectadores estén sorprendidos, porque es la primera vez que se escucha a un representante indígena en este tipo de espacios. Sobre este punto radica otro avance que supone el acuerdo: la posibilidad que tiene el público de participar y emitir sus opiniones en reuniones donde normalmente sólo lo hacen los delegados estatales. La COP1 contó con seis representantes del público, elegidos mediante una votación organizada por la Cepal; la mayor parte eran activistas socioambientales.
La interna
Marcelo Cousillas es el director de la Asesoría Jurídica del Ministerio de Ambiente (MA) y quien ofició de presidente en la COP1. En diálogo con la diaria manifestó que el nuevo puesto implica “un voto de confianza de los demás países” para “ordenar los debates” y “motorizar las reuniones” con el objetivo de conseguir “resultados en los tiempos”. “Es el primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe”, apuntó y se refirió a los países que todavía no lo han ratificado. Ve con buenos ojos el camino que tomó Chile, donde una de las primeras medidas del presidente Gabriel Boric fue firmarlo. A su vez, el mandatario enseguida envió un proyecto de ley -que está siendo discutido en el Parlamento chileno con “suma urgencia”- para lograr su ratificación. “Esperan tenerlo aprobado en los próximos meses, ahora participan como observadores, no tienen poder de decisión”, agregó el representante del MA.
Durante la reunión del jueves, Bolivia propuso eliminar el inciso 7 del artículo 7 del acuerdo, donde se indica: “La Mesa Directiva contará con un representante del público con voz pero sin voto. Asimismo, mantendrá un diálogo continuo con el público y con aquellos representantes que este último designe, celebrándose reuniones periódicas conjuntas de preferencia en un modo virtual”.
Cousillas explicó que finalmente el país, ante la negativa de sus pares, terminó “retirando todos sus planteos”. “Básicamente lo que Bolivia planteaba eran dos proyectos de reglas, tanto para el funcionamiento de la COP como para el establecimiento y funcionamiento del Comité de Cumplimiento. Eran dos proyectos nuevos, distintos de los que se habían estado elaborando y negociando durante dos años. Bolivia argumentaba que por problemas internos no eran las mismas personas, no tenían los antecedentes, eran nuevos en el proceso. Pero claro, todos los demás países no podían tirar por la borda todo lo hecho”, desarrolló.
Por otro lado, se definieron las reglas del Comité de Apoyo a la Aplicación y el Cumplimiento del Acuerdo de Escazú. En el artículo 18, se especifica que se tratará de un “órgano subsidiario” de la Conferencia de las Partes y tendrá como objetivo, como lo dice su nombre, promover su aplicación. Cousillas manifestó que para elaborar las reglas se creó un grupo pequeño liderado por Uruguay, Santa Lucía y Panamá. Confirmó que será “un grupo de siete expertos, que tienen que ser de países de la región, pero que no se puede repetir la nacionalidad”. “Tiene una doble finalidad: por un lado, colaborar con los países en la aplicación del acuerdo; por otro, atender incumplimientos o denuncias que puedan existir sobre el no cumplimiento. No es un órgano judicial, de control. De alguna manera es un órgano que lo que busca es facilitar, ayudar a los países”, sumó.
El representante del MA expresó que los estados deben dar “facilidades y garantías” a quienes “efectúen denuncias o solicitudes” y a los integrantes del comité. “En las reglas también se establece cómo se puede pedir colaboración, cómo se puede hacer denuncias, cómo puede actuar el comité, y qué recomendaciones, observaciones, propuestas puede hacer a la Conferencia de las Partes. La que termina resolviendo que es lo que se hace es la propia Conferencia de las Partes”, indicó.
Importancia de las localidades y municipios
Andrea Dejten es integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo en Uruguay (Ciedur) y participó de la COP1. Señaló a la diaria que vienen trabajando con el acuerdo desde las primeras negociaciones. “Nosotros estuvimos trabajando mucho en territorio, con las localidades, sobre el tema de la participación. Fuimos difundiendo lo que era el Acuerdo de Escazú”, relató. Comentó que Uruguay tiene un marco normativo “amplio” y que si se lo conoce, se puede “pedir su aplicación”. Observó que los municipios son “un ala de gobierno a los que en su momento se les dio un montón de competencias ambientales”, que están en “la primera línea”, pero “no están cumpliendo las funciones que deberían”. Desde su visión, los gobiernos municipales deberían estar “mucho más empoderados en sus funciones”.
“Uruguay cuenta con espacios de participación, que muchas veces son institucionales, como las comisiones de áreas protegidas, los consejos locales de pesca, las comisiones de cuenca, incluso las mesas de desarrollo rural, que son un poquito distintas. La verdad es que muchos de estos espacios no están funcionando, no están siendo convocados, no hay registros de actas, entonces es muy difícil que se siga”, reclamó. Al mismo tiempo, resaltó que cuando se participa, un gran número de personas “no sienten que sus decisiones sean tenidas en cuenta”.
Lamentó que la sociedad civil tenga que cumplir “una función de contralor” y que se le “sobreexija”; sin embargo, recordó que vecinos y vecinas ya están haciendo uso del acuerdo al momento de realizar denuncias. “No es menor que las localidad vayan tomando esta herramienta. Es muy nuestra, de América Latina y el Caribe. Es el acuerdo más nuestro que hemos tenido en temas ambientales”, recalcó, y agregó que “se está entendiendo que la participación es clave para la gobernanza ambiental y la gestión ambiental de los territorios”.
Uno de los puntos claves del acuerdo es el acceso a la Justicia en materia ambiental. Por su parte, Dejten destacó que nuestro país “carece de conocimientos especializados”. Señaló que “al no haber recursos para el establecimiento de tribunales ambientales”, se puede comenzar con capacitaciones para los operadores de Justicia en torno al derecho ambiental y al Acuerdo de Escazú en particular. Porque no hay que olvidar que “la fuerza de esta herramienta es servir a la sociedad civil y las localidades”.
La integrante de Ciedur indicó que el acuerdo tiene carácter “multilateral” y de “cooperación”. Para finalizar, marcó que las conquistas se han dado de a pasitos: “En un principio no estábamos sentados en la misma mesa [que los delegados de los estados], estábamos atrás. Pedíamos la palabra cuando se podía, nos controlaban. Todo eso fue cambiando, porque si estamos hablando de un acuerdo de participación pública no podemos quedarnos atrás. Ahora se nos da una posición más fuerte, estamos a su costado”.