La compañía Morseloy SA es propiedad de José Andrés Guichón, empresario y director del Parque Industrial Olmos. En junio presentó ante el Ministerio de Ambiente (MA) los informes de viabilidad ambiental de localización –primer paso para conseguir la autorización de la cartera– de dos proyectos. Uno consiste en la construcción y operación de una “planta de valorización de residuos domiciliarios” que pretende gestionar “los residuos generados en el departamento de Canelones”. El otro es la construcción de un “relleno sanitario”, es decir, un sitio de disposición final de residuos que almacenará 75 toneladas diarias, “aproximadamente el 15% del total generado en el departamento (500 toneladas diarias)”. Ambas iniciativas estarán ubicadas en dos padrones contiguos, linderos al arroyo Pando, de la localidad canaria Empalme Olmos. Viviendas, emprendimientos productivos, escuelas y pozos desde donde se extrae agua subterránea pueden observarse en los alrededores. A su vez, estando en el lugar, pueden sentirse olores desagradables que provienen del vertedero Cañada Grande, que se encuentra a tan sólo unos kilómetros y donde se entierran aproximadamente 160.000 toneladas de residuos por año.
En este contexto, un grupo de vecinos y vecinas de donde pretende instalarse la empresa se encuentra organizado y denuncia que los proyectos presentados ante el MA tienen errores en el estudio de la zona, que se realizó en un marco de secretismo y en el que no se consideraron las afectaciones a la salud socioambiental de la comunidad. “Empalme Olmos ya cumplió con el departamento. Hace 30 años que estamos en esta situación, recibiendo la basura de todo el departamento y sufriendo los inconvenientes que esto trae. A lo lejos no se ve el impacto que hay en la población, pero estando acá podés ver el tránsito de camiones, el olor, la degradación de los campos a su alrededor. Insisto, los nuevos proyectos afectan muchísimo a la salud física y la salud emocional. Cuidemos un poquito al ambiente, cuidemos un poquito a las personas. Tenemos derecho a vivir en un ambiente limpio”, dice Amalia de Vasconcellos, vecina que vive a escasa distancia del futuro sitio de disposición final de residuos.
La empresa, por su parte, enfatiza que el “relleno sanitario” y la planta de “valorización de residuos” son proyectos “independientes”. Sin embargo, desde el MA resaltaron que, a partir de los documentos, se desprende que compartirán infraestructuras y localización. Por esta razón, le solicitó a Morseloy SA que el “análisis ambiental” sea realizado “en forma integral”. Según se puede observar en el visualizador de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental (Dinacea), los proyectos parecen haberse unificado. Tal como lo había solicitado la compañía, fue categorizado como “A”, que “incluye aquellos proyectos de actividades, construcciones u obras cuya ejecución sólo presentaría impactos ambientales negativos no significativos, dentro de lo tolerado y previsto por las normas vigentes”. Esto supone que no se realizarán audiencias públicas con la población local y que se otorgará la autorización ambiental “sin más trámite”, según la normativa. En la actualidad, según la página web, el emprendimiento se encuentra en proceso de “puesta de manifiesto”, que es un período de 20 días hábiles donde cualquier interesado puede formular por escrito “las apreciaciones que considere convenientes”.
Empalme Olmos.
Foto: Alessandro Maradei
¿El plan perfecto?
Según los documentos presentados por Morseloy SA al MA, la planta de valorización ocupará siete hectáreas, recuperará “materiales reciclables”, “combustibles derivados de residuos” y procesará 500 toneladas diarias. Con el objetivo de facilitar “la operativa asociada” y “minimizando los traslados de residuos y materiales” no aptos, prevén instalar el sitio de disposición final de residuos en los mismos predios. Abarcará otras diez hectáreas, funcionará por 20 años y enterrarán allí hasta 547.500 toneladas. Asimismo, se admite que podrán existir impactos ambientales, pero los minimizan. Sin ir más lejos, la compañía afirma sin rodeos que “no se prevén conflictos ambientales con la población local” ya que “la densidad de viviendas es baja”. Destaca como posibles afectaciones el ruido generado por la maquinaria y “el tránsito de camiones” en los que transportarán los materiales –aunque no se brindan más detalles sobre cuántos ingresarán por día, por ejemplo–. Por otra parte, señalan que “la intervención antrópica producto del desarrollo industrial en la zona y procesos de urbanización asociados a este ha eliminado elementos paisajísticos de valor que ameriten ser considerados por su naturalidad, singularidad, diversidad, valor histórico o documental”. Esta afirmación es una de las tantas cuestionadas por los vecinos. A su vez, la empresa indica que no se afectarán “las visuales desde los receptores próximos al sitio de implantación” porque se “mantendrá la plantación forestal [que existe actualmente], oficiando esta como barrera”.
Con respecto a los olores que pueda generar la planta de valorización, se menciona que el proyecto “prevé la construcción de multifosas compartimentadas que permiten realizar una gestión organizada de los residuos evitando zonas muertas de acumulación y la consecuente generación de olores desagradables”. “La planta cuenta con capacidades suficientes para su procesamiento evitando también acumulaciones excesivas en tiempos prolongados. Ante eventos de contingencia por roturas o otros eventos que impidan su procesamiento, se prevé la disposición dentro del relleno sanitario”, relata la empresa. Sobre los olores generados por el sitio de disposición final de residuos, únicamente dice que “realizarán coberturas temporales con tierra”.
Uno de los principales retos del emprendimiento es gestionar los lixiviados, los efluentes líquidos que generará tanto la planta como el sitio de disposición final. Admiten que, de realizarse una “inadecuada gestión”, se podría contaminar suelos, aguas superficiales y subterráneas. “Los lixiviados serán reutilizados parcialmente para la reinoculación de los biodigestores y riego de las pilas de compostaje. Los excedentes serán canalizados para su vertido en la planta de tratamiento (PTE) del relleno sanitario. Previo a su vertido en la PTE, se construirá una cámara de aforo y muestreo que permitirá el monitoreo de los caudales vertidos y su composición”, subraya. También dice que para evitar la “afectación de las escorrentías superficiales, la erosión de los suelos y contaminación de cursos de agua” la planta “requerirá la impermeabilización de un área próxima a cuatro hectáreas”. “Se prevé la canalización por cunetas de los drenajes pluviales y descarga hacia una laguna de amortiguación”, agrega.
Empalme Olmos.
Foto: Alessandro Maradei
En agosto, la empresa respondió algunas cuestiones en las que el MA le solicitó que detallara más información. Una de las temáticas fue la presencia de pozos de agua subterránea en el radio de dos kilómetros y para la toma de agua potable de poblaciones en cinco kilómetros. “No se encuentra presencia de pozos de agua subterránea en el radio de dos kilómetros ni de agua potable de poblaciones un radio de cinco kilómetros, según la información disponible desde el portal de la Dirección Nacional de Aguas. La presencia de pozos subterráneos se da a una distancia de tres kilómetros o superior, aguas arriba del proyecto, con usos industriales y de riego; con esto se considera que las posibilidades de afectación se ven ampliamente reducidas (chequear afirmación)”, dice la empresa. Es importante resaltar dos puntos. Primero, los paréntesis y el mensaje incluido en ellos forman parte del documento. Segundo, es probable que no todos los pozos desde donde se extrae agua subterránea cuenten con la habilitación de la cartera ambiental.
Más que un número
“Un grupo reducido de viviendas habitadas”. De esta forma define la empresa a los vecinos y vecinas que tienen sus hogares entre Villa Olmos y Empalme Olmos.
Frente a los predios donde se busca instalar el sitio de disposición final de residuos, existe un barrio nuevo. Noel, quien vive allí, cuenta que comenzó a formarse hace dos años, cuando una inmobiliaria vendió 63 terrenos. “Hay gente que está viviendo, gente que está construyendo o proyecta vivir acá. Es un barrio que está en crecimiento”, indica. Agrega que el emprendimiento generará “la pérdida de valor de la tierra y, sin dudas, se va a devaluar el precio de los terrenos y casas”. Mientras relata su historia, en las calles internas, donde los camiones que transportan residuos hacia Cañada Grande no se desplazan, niños pasean en bicicleta. Recuerda que en su infancia él solía ir con sus amigos a bañarse en el arroyo Pando, pero ahora tiene temor de que se contamine. Su vecina desde hace tres meses, Manuela, dice que se encuentran rodeados de emprendimientos que dificultan la calidad de vida, pero que el nuevo proyecto sería la gota que rebasa el vaso. “Cuando nosotros compramos el terreno fue a pura cuota. A mí me quedan seis años para pagar, mi cuota no va a bajar y recién después podría vender si quisiera. Pero, además, ¿qué me van a dar por mi casa? Obviamente no me pasa sólo a mí, hay vecinos que viven acá hace más años”.
Empalme Olmos.
Foto: Alessandro Maradei
Un caso es el de Amalia, que vivió su infancia en la zona y regresó hace 18 años. Frente a su casa, que queda en otro barrio cercano donde viven más familias, existe una explotación minera. “¿Qué decirte? La zona, de a poco, se ha degradado muchísimo. Desde la instalación del basurero a cielo abierto ha habido una pérdida de calidad de vida. El tránsito de camiones y sus vibraciones se sienten las 24 horas del día. No todos los días se siente olor, pero hay días que sí”, lamenta con cierto grado de resignación. Explica que “ha habido accidentes” por el tránsito de camiones y que “los días de lluvia se complica muchísimo” porque las calles aún son de tierra. Ella también describe con ternura sus memorias sobre la zona donde se instalará el proyecto. Antes era considerado “el balneario del pueblo”, pero después un privado no permitió más el acceso. Dice que la supera pensar que allí habrá “una montaña de basura”. “Más allá del impacto que tiene en el ambiente un vertedero de este tipo, también está el problema de salud física y psicológica. Existe un daño emocional, muchísima gente que ha tenido que abandonar lo que ha sido su proyecto de toda la vida: tener su campito, su casita, estar en un lugar tranquilo. De repente te encontrás en medio de un basurero”, explica.
Manuel, otro vecino, comenta que se enteraron del proyecto por pura casualidad, mientras escuchaban la radio. Piensa que muchos locatarios todavía no deben saber de su existencia y que fue hecho rodeado de “secretismo”. “En el proyecto habla de que se comunicaron con referentes locales y con autoridades locales. Ninguna de las dos cosas ha sucedido. Recién el lunes pasado hubo una reunión de concejales en la que participaron el alcalde de Pando, el alcalde de Empalme Olmos y el propietario del predio, con dos ingenieros. A nosotros no nos invitaron”, declara. Enseguida, comienza a enumerar escuelas, establecimientos productivos, centros poblados y cursos de agua que están alrededor de los predios y comenta los errores que existen en el documento presentado al MA. “La empresa dice que no había vecinos cerca. La prueba está acá en territorio, nos pueden ver. Además, ¿cuánto es lejos y cuánto es cerca? ¿Cuál es el parámetro? ¿Un vecino está cerca cruzando la calle o un vecino también está cerca a 5.000 metros? Con un día como el de hoy, donde hay mucho viento, el olor llega lejos”, afirma. A su vez, plantea que los pozos desde donde se suministraba agua al pueblo están cerrados. Sin embargo, agrega: “Si en el futuro, por cambio climático o sequía, tenemos que volver a usarlos, como ya pasó, no sabríamos si no están contaminados”.
Antes de partir, los vecinos y vecinas acompañaron a la diaria a una recorrida por las inmediaciones del vertedero Cañada Grande. La cantidad de letreros que dicen “se vende” frente al recinto es llamativa. Tienen miedo de que el proyecto de Monseloy SA, con el paso de los años, tenga consecuencias similares. Su vida no se trata del daño colateral de un emprendimiento.