272 animales víctimas de tráfico ilegal fueron incautados entre el 8 y el 9 de marzo por la Dirección Nacional de Aduanas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente. Según según supo la diaria _, se trata de 60 loros amazónicos (Amazona aestiva), 21 lagartos colorados (Salvator rufescens), 28 cotorritas australianas (Melopsittacus undulatus), 36 tortugas de tierra (Chelonoidis chilensis), 21 cacatúas ninfa (Nymphicus hollandicus), cinco loros cabeza azul (Psittacara acuticaudatus), 14 tortugas campanita (Phrynops hilarii), dos cardenales (Paroaria coronata), siete aves diamante (Taeniopygia guttata), 33 gargantillos (Sporophila caerulescens), tres canarios (Serinus canarius), cuatro mirlos (Turdus merula), siete agapornis (Agapornis personatus), cuatro soldaditos (Lophospingus pusillus), dos tortugas cuello largo (Hydromedusa tectifera), 19 cabezas blancas (Arundinicola leucocephala), tres erizos (Atelerix albiventris), una tortuga canaleta (Acanthochelys spixxi) y un estornino (Sturnus vulgaris_).
Todos ellos fueron encontrados hacinados en cajas y llevados a la sede de la Dirección Nacional de Aduanas, ubicada en Nicaragua y Rondeau, en Montevideo. Más tarde, se realizaron exámenes a los ejemplares de aves incautadas para saber si tenían influenza aviar y el resultado fue negativo. Ante esta noticia, según comentaron fuentes a la diaria, se tomó la decisión de llevar a los animales al Bioparque de Durazno para que transcurran su cuarentena. La fuente manifestó que, hasta este miércoles, los animales continuaban en el mismo lugar, en condiciones “lamentables” hasta el punto de que se “comían unos a otros”. Por esta razón, varios de ellos murieron. En fotografías se puede observar más de diez tortugas en un pequeño recipiente u ocho aves en pequeñas jaulas. Sin embargo, desde el sábado la responsabilidad de los animales pasó de estar bajo la órbita del Ministerio de Ambiente a la del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP).
El traspaso de competencias fue autorizado en base al artículo 186 de la Rendición de Cuentas de 2021. Allí se establece que el MGAP tendrá entre sus cometidos la tarea de “decomisar definitivamente” a “los animales y productos de origen animal y vegetal o productos de uso agrícola o veterinario que ingresen al país en contravención a las normas zoosanitarias o fitosanitarias de importación”. A su vez, se detalla que en el caso de “ingreso de flora y animales en infracción de cualquier especie, cuando constituyan un riesgo para la salud humana, animal y vegetal”, el MGAP podrá utilizar “el sacrificio sanitario y destrucción total”.
Existe la semiexcepción para las especies reguladas por la Convención Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora, en cuyo caso “se podrá autorizar su ingreso al país” siempre que “se cumplan las medidas de bioseguridad determinadas”. En caso de incumplimiento de estas medidas, se puede “autorizar la repatriación de estas especies o proceder al sacrificio y destrucción en los términos explicitados”.
La directora de Control de Especies y Biodiversidad del Ministerio de Ambiente, Carmen Leizagoyen, comentó a la diaria este miércoles de mañana que, hasta ese momento, todavía no tenía información sobre “lo que se va a hacer con los animales”. Sin embargo, recalcó que los animales continuaban en la sede de Aduanas y que la decisión no está bajo la órbita del Ministerio de Ambiente, sino del MGAP.
En nombre de la “sanidad”
La Dirección de Servicios Ganaderos, según su página web, tiene entre sus competencias “mantener, mejorar y consolidar el Estatus Sanitario Nacional”. En este contexto, Diego de Freitas, director de la unidad, confirmó a la diaria que en la incautación “había aves, lagartos, tortugas”.
“Se hizo una evaluación por todo lo que tiene que ver con el riesgo sanitario. Cuando el ingreso es ilegal, por la parte sanitaria, está amparado el sacrificio para proteger la salud del país. En este caso, también estamos ante una emergencia sanitaria por la influenza”, subrayó. Comentó que la planificación de la cartera es “el sacrificio de las aves y los lagartos”, mientras que las tortugas “se van a cuarentenar y se les va a hacer seguimiento, porque no habría riesgo de introducción de enfermedades”.
Al preguntarle si los animales tenían gripe aviar, el jerarca manifestó que la decisión “no pasa sólo por el tema de la influenza”. “Hoy estamos ante el tema de la influenza, pero estamos hablando de diferentes enfermedades. Hay varias enfermedades a tener en cuenta”, indicó. Sobre la fecha en que se les practicará la eutanasia a los animales, informó que “ya está la resolución, se está coordinando el tema del sacrificio y el tema de la cuarentena. Todo esto se está coordinando con Ambiente y con el Instituto de Bienestar Animal”.
De Freitas dijo que “a nadie le gusta el sacrificio de los animales”, pero “lo que nosotros tenemos que preservar es la sanidad del país”. “No estuve en el depósito de la Aduana; estamos con el tema de la influenza, empezando el período de vacunación de fiebre aftosa, hay todo un equipo que está trabajando”, manifestó. Al preguntársele si tenía presente las condiciones en las que estaban los animales incautados, contestó: “Eso no te lo puedo decir”.
Una cuestión “antiética”
“Creemos que eutasianar a los animales no es lo correcto. Es no hacerse cargo del problema. Uruguay de por sí fomenta indirectamente el tráfico de especies y lo promueve con leyes que no tipifican penalmente ningún eslabón de la cadena. No es ético, es injusto y el Estado no se hace cargo de los problemas que fomenta, ya sea por una acción tímida o por una omisión en el control”, apuntó Mauricio Álvarez, integrante de la organización Conservación de las Especies Nativas del Uruguay (Coendú). Además, Álvarez remarcó que tanto el comprador de las especies como el vendedor son “igual de responsables” del tráfico ilegal.
La organización Coendú se enteró de la situación días antes y difundió un comunicado con la “sospecha” de que a los animales se les iba a hacer la eutanasia. Ayer la sospecha se confirmó. En la misiva informaban que “la persona incautada” ya había cometido este tipo de delitos anteriormente. “La reincidencia en Uruguay es algo de todos los días, ya que las sanciones no son para nada adecuadas”, agregan. “Insistimos en que los animales silvestres deben ser libres. Su hogar no es nuestro hogar. El Estado debe incorporar estos mensajes en la educación. No sólo es delito; no es ético el encierro de ningún animal para satisfacer un capricho humano”, insisten.
Desde la organización rechazan la eutanasia de los animales y consideran que debería ser “el Estado o el infractor” quien solventara el costo de su mantenimiento. Por su parte, Álvarez finalizó: “Lo fácil es matar, y matar es no hacerse cargo”.