El 30 de abril cerró la consulta pública del Plan Nacional de Implementación de Derechos de Acceso a la Información, Participación y Justicia Ambiental en Uruguay, una hoja de ruta que creó el Ministerio de Ambiente junto a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) que busca la implementación del Acuerdo de Escazú.
En este marco, diversas organizaciones enviaron cartas a las autoridades poniendo sobre la mesa cambios que consideran necesarios para que la normativa se aplique correctamente. La Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, Redes Amigos de la Tierra, Coordinación por el Agua, la Federación de Funcionarios de OSE, la Agrupación Tucu-Tucu, el Colectivo Ecofeminista Dafnias, la Comisión de Vecinos en Defensa de la Laguna del Cisne y Yasyry, y el Movimiento por un Uruguay Sustentable, entre otras organizaciones, decidieron hacerse escuchar en forma colectiva.
“La realidad del Estado uruguayo, como sucede en la amplia mayoría de los países de América Latina y el Caribe, es la de un gobierno que no hace frente a las tensiones existentes entre los grandes poderes económicos (extranjeros y locales) interesados en lucrar con los bienes naturales del país y el derecho de las generaciones presentes y futuras a vivir en un ambiente sano”, señala la misiva que escribieron los activistas, a la que accedió la diaria.
Enseguida, subrayan que la situación en el país es “compleja” dado que “el presupuesto 2024 del Ministerio de Ambiente no alcanza los cinco millones de dólares anuales”. Ante esto, inquieren: “¿Qué tipo de contralor puede realizarse a empresas (como UPM) que facturan esa cifra en pocos días?”. Asimismo, indican que este “conflicto de intereses” se pudo observar en marzo, cuando la cartera ambiental se opuso a que la visión de investigadores de la Universidad de la República y representantes de organizaciones sociales, además de un informe realizado por la Institución Nacional de Derechos Humanos, se tuvieran en cuenta en el tratamiento que realizó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo sobre el proyecto Neptuno-Arazatí.
Ante la problemática que describen y “por la experiencia adquirida en estos 20 años de vigencia [de la modificación] del artículo 47 de la Constitución”, realizan dos propuestas. “Los espacios de participación deben ser independientes del Poder Ejecutivo. Proponemos que los espacios de participación social en temas ambientales dependan de la Universidad de la República, tanto por su autonomía como por su vasta idoneidad técnica en los temas de interés”, explican las organizaciones. Por otra parte, entienden pertinente “generar una unidad de acceso a la participación pública, como órgano garante del derecho de acceso a la participación pública, con la más amplia autonomía técnica”. Observan que las medidas mencionadas “son condiciones mínimas e ineludibles para garantizar una participación real y fructífera en armonía con los principios rectores del Acuerdo de Escazú”.
Andrés Seré, integrante de la Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía, dijo en diálogo con la diaria que actualmente “tenemos muchísimos problemas de participación en las comisiones de cuenca”. “Los espacios de participación tienen reglamentos que no se cumplen. Las comisiones [de cuenca] tienen cuórum establecido, cuando les queda bien lo toman en cuenta y cuando no les sirve no lo hacen. ¿A quién recurrimos en estos casos? Hoy en día no tenemos forma de reclamar. ¿Qué es lo que hacemos, por ejemplo, cuando nos rechazan un pedido de acceso a la información pública? Vamos a la Unidad de Acceso a la Información Pública (UAIP) y hacemos una denuncia”, explican. Las organizaciones consideran que debería crearse un ente similar a la UAIP, pero que se especialice en la participación en asuntos ambientales.
Sobre la cuestión vinculada a que los espacios de participación dependan de la Universidad de la República, Seré expresó: “Hoy en día el Ministerio de Ambiente decide qué se discute, cómo se discute, si es virtual o presencial, si se llaman o no a sesiones de la Comisión de Cuenca. Es mucho poder y es un poder que no puede estar en las manos del Ejecutivo”. “La Universidad tiene que estar y ser protagonista. Obviamente, y acá está bueno ser claro, no se trata de que tenga que decidir todo. No se trata de que nosotros estemos relegando todas las decisiones a la academia. No se trata de poner por encima el poder académico. Se trata de que la Universidad, como institución que es autónoma y cogobernada, nos da cierta garantía”, agregó.