Hace unos meses, la diaria informó que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo falló contra empresas forestales y de caza que querían impedir la ampliación del área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. Los privados alegaban que fueron afectados en su libertad de trabajo, empresa y propiedad. El Ministerio de Ambiente defendió su potestad para ejercer limitaciones o prohibiciones en beneficio del interés general. Entre 2023 y 2024, el organismo desestimó al menos cinco procedimientos que buscaban la anulación del decreto 60/020, que permitió llevar adelante este incremento de territorio protegido. Las sentencias marcaron un precedente importantísimo y brindaron respaldo al Sistema Nacional de Áreas Protegidas —que tiene bajo su órbita apenas poco más del 1% del territorio nacional— para hacer cumplir el derecho que tenemos a vivir en un ambiente sano. Pradera Roja es el nombre de una de las compañías forestales que, sin éxito, buscó dejar sin efecto la herramienta de conservación.
En diciembre de 2024, esta empresa presentó ante el Ministerio de Ambiente el Informe Ambiental Resumen de un proyecto de forestación denominado El Tatú/El Mirador que pretende abarcar 13 padrones, ocupando un total de casi 4.000 hectáreas. Dos de los 13 padrones están incluidos en el área protegida Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal y tienen un área total de 1.526 hectáreas —en ellos se propone un manejo de rebrote, porque fueron afectados anteriormente—, los 11 predios restantes se ubican linderos al sitio.
Según consta en el documento al que accedió la diaria, la comunicación del proyecto de “reforestación” fue presentada ante la Intendencia de Treinta y Tres y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental en noviembre de 2023. Posteriormente, la iniciativa fue clasificada por el Ministerio de Ambiente como “B”, que incluye aquellas “actividades, construcciones u obras, cuya ejecución pueda tener impactos ambientales significativos moderados, cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados mediante la adopción de medidas bien conocidas y fácilmente aplicables”. En mayo de 2024, Pradera Roja presentó el Estudio de Impacto Ambiental, que corresponde según la normativa. Tres meses después, el Área de Impacto Ambiental le pidió modificaciones. El trámite avanzó y, en la actualidad, el Informe Ambiental Resumen se encuentra en puesta de manifiesto, el período donde la población puede enviar comentarios y apreciaciones sobre el proyecto a las autoridades.
La compañía dice que el manejo de los predios “estará orientado a una producción forestal sustentable y estará sujeto a las restricciones estratégicas, operacionales, ambientales y sociales”. Sin embargo, en los últimos días la población local se está haciendo escuchar y alerta sobre los impactos que podría traer la actividad en el territorio. Entre otros puntos, que se puntualizan más adelante, piden una reunión urgente con el ministro de Ambiente, Robert Bouvier, y las autoridades de la Dirección Nacional de Biodiversidad (Dinabise) y la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental. Piden que la reunión sea en territorio. Gerardo Evia, director de la Dinabise, dijo a la diaria que tomó conocimiento de la puesta de manifiesto y que elaborarán un informe técnico.
¿Las especies exóticas conocen los límites humanos?
En el Informe Ambiental Resumen que presentó Pradera Roja —se encuentra disponible en el Observatorio Ambiental Nacional— dice que la iniciativa proyecta “reforestar entre otoño y primavera de 2025 una superficie aproximada de 1.027 hectáreas efectivas/1.233 hectáreas afectadas”. Indica que la plantación será de eucaliptos (Eucalyptus grandis y Eucalyptus dunnii) para la “producción de madera de calidad y fibra”. En el caso de los Eucalyptus grandis para “madera de calidad” plantará “a una densidad de 950/1.000 plantas/hectárea” y en el caso de los Eucalyptus dunni “con fin pulpable” lo hará “a una densidad de 1.150 plantas/hectárea”. “Las áreas no productivas desde el punto de vista forestal, que presentan valores de protección y conservación, tienen un objetivo de manejo de conservación, de modo de mantener la biodiversidad, calidad del agua y/o evitar erosión”, agrega en el informe la empresa que estuvo en contra de la ampliación del área protegida.
En el otoño y la primavera de 2025, Pradera Roja pretende retirar los “residuos de la cosecha”, “preparar los suelos”, “controlar hormigas”, aplicar herbicidas, plantar y fertilizar. Sobre la “preparación del suelo” —el laboreo— relata que implica el “despejado del tapiz vegetal en una banda de unos 90 centímetros de ancho” y un “subsolado central de unos 30 centímetros de profundidad”. Con respecto al “control de hormigas” dice que debe hacerse en forma previa a la preparación de los suelos, “reduciendo la población de hormigas a un nivel compatible con la mejor instalación de las plantaciones, y se continúa el control en forma ininterrumpida durante los primeros seis meses post plantación”. Señala que “el método de control utilizado es sistemático” y “la dosis total a aplicar [de agroquímicos] es entre 4 y 6 kilogramos/hectárea de producto, dependiendo del grado de actividad y cantidad de hormigueros”. “No se aplica el producto [agroquímicos] en zonas cercanas a cursos de agua permanente”, declara.
La compañía expresa que “en áreas con abundante presencia de Cynodon dactylon se utilizará herbicida tipo glifosato en cobertura total previo a la plantación con una dosis de entre 2 y 3 kilogramos/hectárea dependiendo de la cantidad y tipo de malezas”. Finalmente, indica que la plantación se hará “en forma manual con bastones plantadores” y, junto con ella o “máximo 20 días después”, deberá fertilizar. Añade que “se aplican dosis en el entorno de 80 a 100 kilogramos/hectárea” en la fertilización inicial. Por otro lado, describe que el proyecto forestal “pretende estar acoplado a un plan ganadero” ya que “el monte se mantiene limpio, lo que constituye una medida de prevención contra el riesgo de incendio y el ganado obtiene sombra y abrigo”. Suma que la ganadería podría ingresar “a partir de los 2 años de la plantación” y hará “contratos por 11 meses” donde establecerá “plazos, precios, obligaciones, responsabilidades y derechos”.
En el Informe Ambiental Resumen, Pradera Roja manifiesta que la “plantación original” la realizó entre abril y setiembre de 2009. En aquel momento, los dos padrones incluidos dentro del área protegida —de más de 1.500 hectáreas— también fueron afectados. Desde la fecha, dice, se han “establecido condiciones especiales de manejo forestal en parte de esa zona”. “Dado que el camino departamental pasa por el padrón 1.269 [que forma parte del área protegida] conforma una divisoria de aguas, se determinó que en la zona ubicada al Este del camino se debería disminuir en forma progresiva la densidad de plantación de modo que al año 6 quedara una densidad de 130 árboles/hectárea y posteriormente a la cosecha, la imposibilidad de reforestar en ese lugar”, apunta. Por otro lado, menciona que en el área de “intervención directa por la plantación no se identifican sitios de cautela arqueológica”.
Pradera Roja considera que “no se prevén impactos negativos de relevancia sobre los recursos naturales y sociales”. Sin embargo, presenta un resumen de “los posibles efectos no deseados” y “las medidas de prevención y/o mitigación”. Algunos de los “posibles efectos no deseados” son pérdida de hábitats, fragmentación de ecosistemas, contaminación de suelo y cursos de agua, afectación a la biodiversidad, erosión, eutrofización, incendios e impactos en la cuenca visual. Por ejemplo, también menciona la “supresión de bosque nativo o comunidades de importancia para la conservación” y como medida de “mitigación” se indica que establecerá “áreas de amortiguación” contra el bosque nativo y cursos de agua “permanente”. Asimismo, propone “la definición de áreas buffer y la delimitación de una extensa área de conservación”; agrega que “pretende compensar la pérdida de hábitat disponible en los sectores actualmente forestados, principalmente de ambientes abiertos”.
Otra medida gira en torno a la aplicación de agroquímicos, la empresa indica que podría haber “riesgos para la salud de los operarios” y propone como salvaguarda que las personas usarán “equipos de protección personal”.
Mapa que presentó la Asamblea Hue Mirī en la carta dirigida al Ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
Sin información y sin consulta a las comunidades
Luego de tomar conocimiento de la iniciativa, vecinas y vecinos de Isla Patrulla y Sierras del Yerbal —aledaños a donde pretende instalarse Pradera Roja—, junto con el apoyo de la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín, elaboraron una carta dirigida al ministro de Ambiente, Robert Bouvier.
En la misiva expresan su “alarma y rechazo frente al anuncio de un nuevo proyecto de forestación de eucaliptus en las nacientes de la cuenca del arroyo Yerbal Grande”. Asimismo, recuerdan que el decreto 60/020 —normativa que Pradera Roja buscó impugnar— considera que “la ampliación y modificación del área protegida permitirá proteger a los ecosistemas de las fuentes de presión existentes, entre las que se destacan la minería, la forestación, la invasión de especies exóticas y la caza”. En este sentido, añaden que allí quedó determinada la prohibición dentro del sitio de “plantaciones forestales de especies exóticas, con excepción de aquellas de baja escala que se realicen para abrigo, sombra y uso doméstico” y las que contaban con Autorización Ambiental Previa vigente hasta el momento que se emitió el decreto.
Las comunidades señalan que el proyecto de forestación contaba “al momento de la ampliación con Autorización Ambiental Previa para un solo ciclo”. “El manejo de rebrote como se propone significa un nuevo proyecto en un área protegida donde dicha actividad está prohibida y no cuenta con la Autorización Ambiental Previa necesaria como establece el decreto 60/020. Además, nos preocupan los padrones linderos al Paisaje Protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal propuestos para plantaciones forestales ya que incluyen cursos de agua como cañadas y nacientes de los arroyos Yatay, Los Ceibos y Yerbal Grande, que alimentan con agua potable a comunidades rurales y pueblos como Isla Patrulla y la ciudad de Treinta y Tres”, subrayan.
Relatan que en la zona han vivido “el avance de este tipo de actividad productiva” y se sienten en el derecho de afirmar que “los monocultivos forestales ya han demostrado ser una amenaza directa para los bienes naturales y las comunidades locales”. “Cuando se instalan estos proyectos, desplazan y suplantan la gran diversidad de los pastizales naturales y matorrales serranos que caracterizan a nuestras sierras por un monocultivo”, afirman. Enseguida, también ponen sobre la mesa que “contaminan el agua con agrotóxicos”, afectando “gravemente la calidad del agua que consumimos, donde recreamos, donde pescamos, que usamos para nuestros animales de producción y nuestros cultivos familiares y, por tanto, afectan la salud de las personas y del ecosistema”. “Afectan la vida de la fauna nativa que se alimenta de hormigas como el tatú, la mulita, el tatú peludo, el tamanduá y distintas especies de aves, debido al envenenamiento de hormigas con el producto fipronil [insecticida]”, suman.
La lista de impactos que detallan las comunidades es larga; también incluyen la alteración de “los ciclos del agua, mermando la cantidad de agua disponible en los manantiales, cañadas y arroyos”, el empobrecimiento de los suelos y la afectación de “nuestro paisaje con la instalación de un monocultivo de gran porte”. Sobre este último punto, recordemos que la Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal es un Paisaje Protegido. Asimismo, remarcan: “Desde el punto de vista social y del empleo no aportan nada a nuestras comunidades, puesto que no generan ningún puesto de trabajo y, por el contrario, afectan la calidad de vida y el trabajo en otras actividades como la producción ganadera, la agricultura agroecológica o el turismo ecológico y comunitario, haciendo que cada vez sea más difícil de sostener nuestras vidas y producción de alimentos. Este modelo forestal acelera y fuerza la migración de la población rural a las ciudades, engrosando los cinturones de pobreza”.
En este sentido, denuncian que el proyecto de Pradera Roja se impulsó “sin información ni consulta previa, libre e informada a las comunidades locales, lo que constituye una violación de derechos fundamentales y una omisión de los requerimientos internacionales estipulados para las empresas forestales en torno a las relaciones comunitarias”. A su vez, manifiestan que la iniciativa “no contó con un estudio de impacto arqueológico como lo establece la Ley 16.466 y su decreto reglamentario 349/005, alegando la inexistencia de bienes histórico-arqueológicos en el área, sin considerar que diversos estudios, publicaciones y testimonios materiales en el lugar advierten la profunda diversidad culturales y arqueológica del territorio”.
Los vecinos y la Asamblea Hue Mirī en Defensa de la Cuenca de la Laguna Merín piden que “no se autorice el proyecto bajo ningún concepto en los padrones comprendidos dentro del área protegida, respetando el decreto 60/020, y que la empresa se encargue de hacer el abandono correspondiente, con la consulta y participación de la comunidad y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas”. Por otro lado, también solicitan que el proyecto en los padrones restantes “se clasifique como categoría C, por ser linderos al área protegida y por estar asociados a nacientes de la cuenca del Yerbal y que se convoque a la audiencia pública correspondiente para asegurar la participación ciudadana en un proyecto de alto impacto”. Finalmente, reivindican que “las comunidades locales seamos protagonistas en las decisiones que afectan nuestros territorios y que se respete nuestro derecho a un ambiente sano y la preservación de nuestras fuentes de trabajo”.