El Grupo de Trabajo de Ambiente y Derechos Humanos de la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de la República (Udelar) y la Unesco emitió una declaración este viernes. En el texto manifiesta su “preocupación” ante las “denuncias de hostigamiento” y la “judicialización contra integrantes de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne y el Yasyry” por “sus movilizaciones en defensa del agua como bien común”. “Según han manifestado a través de una carta pública, algunos integrantes del colectivo vienen recibiendo hostigamiento por parte de los impulsores de un complejo de chacras privadas en la Laguna del Cisne [...] En las últimas horas se ha confirmado además la judicialización a varias personas defensoras de la Laguna del Cisne por parte de los empresarios”, detalla.
El grupo que vela por los derechos humanos afirma que “el derecho a la manifestación pacífica, el derecho a la participación y la información en asuntos ambientales, así como la defensa de los defensores de derechos ambientales, son asuntos clave de nuestro sistema normativo, regidos en el Acuerdo de Escazú”. Enfatiza que las personas defensoras del ambiente “constituyen uno de los grupos más afectados en la región por la defensa de los derechos humanos”. “La protección de estas personas es un tema urgente que demanda acciones claras por parte del Estado, incluyendo la investigación y sanción de estos ataques y estrategias que prevengan la discriminación y violencia que enfrentan”, insiste. A su vez, considera que es necesaria “una amplia reflexión pública sobre la necesidad de priorizar el derecho humano al agua por sobre el beneficio particular”.
La judicialización del conflicto socioambiental
Pablo Bidegain es uno de los empresarios que está detrás del proyecto inmobiliario que pretende abarcar una superficie de 300 hectáreas que rodean la laguna del Cisne, la única laguna natural de Canelones, que provee desde 1970 agua potable a la población de la Costa de Oro. “Yo jamás hostigue a nadie. Han empapelado Marindia y alrededores con mi nombre y hasta una foto. Han mentido diciendo que el proyecto es irregular. Han dicho cosas falsas. Y yo lo único que hice fue escribirles a los promotores: ‘Buenas tardes. Soy Bidegain, de laguna del Cisne. Seguimos a disposición para aclarar las dudas que tengan y tomar los consejos que ustedes nos den para el cuidado del medioambiente. Estamos para sumar. Somos proambientalistas y lo que queremos es colaborar con ustedes y seguir lo que consideren bueno para el medioambiente’. Luego ellos hicieron piquete, difamaron y yo denuncié penalmente para defenderme”, expresó al ser consultado por este medio. Enseguida, sumó que le “llama la atención que salgan estos comunicados sin antes escuchar” su “campana”.
Eduardo Carabelli es integrante de la Comisión en Defensa de la Laguna del Cisne. El 8 de abril, contó a la diaria, varios de sus compañeros recibieron una notificación por parte de la fiscal Stella Alciaturi, en la que los intimaba a “no realizar más publicaciones en ningún medio” ni poner “carteles realizando difamación e injurias, bajo apercibimiento de iniciarse un procedimiento penal”. Para el activista esto es una “mordaza” que los tomó por “sorpresa”. “Entendemos y tenemos claro que estamos actuando en el marco de la legalidad, tenemos tranquilidad en lo que estamos haciendo. Nunca injuriamos a este empresario. Sentimos que es necesario que las organizaciones ambientales señalen las responsabilidades, tanto políticas como a los empresarios implicados en estos procesos, para que los vecinos y vecinas sepan de quiénes estamos hablando”, declaró. Por otra parte, puso sobre la mesa que integrantes recibieron “mensajes sistemáticos de este empresario y los sentimos como intimidatorios”.
“El proyecto era y es irregular. No en vano tuvo que dar marcha atrás, desarmar un muelle y otras estructuras que eran irregulares. Tan irregulares como continuar durante todo el verano ingresando camiones, que sólo se pararon posterior a una manifestación que tuvimos frente a la puerta de la laguna. Fue una manifestación pacífica, ordenada, donde nunca se le impidió el ingreso a nadie”, acotó. Declaró que el privado “no entendió la comunicación que formalmente le hicimos, de que el único ámbito en el que nosotros podemos como organización intercambiar con él es en la Comisión de Cuenca de la Laguna del Cisne y el Yasyry, un lugar en el que nunca estuvo”. El activista llamó a que “los demás grupos ambientales de todo el país no dejen de denunciar ante estas situaciones”. Su colectivo, frente a las presiones que sufrió y sufre el ecosistema, pretende que la laguna del Cisne y su entorno sea declarado como área protegida departamental y nacional.