Reciclado
“Me conocen por Cacho… Cachito”, se presenta Juan Carlos Altesor. Fue presidente del Consejo Vecinal y luego de la Junta Local Nº 10 de Piedras Blancas, y como ex clasificador formó a principios de los 90 el Movimiento de Asentamientos Populares (MAP), que aspiraba a regularizar la dura realidad de quienes trabajan con la basura. Veinte años después Cacho ve una luz de esperanza en el intento de desarrollar políticas sociales en este sentido y aun ahora, que trabaja como feriante y corredor de ventas, sigue luchando por los derechos de los clasificadores. “En 1990 con un grupo de los clasificadores de Casavalle, Aparicio Saravia, Barrio Borro y Juan Acosta creamos el MAP, con la finalidad de organizarnos para solicitar reivindicaciones en nuestro trabajo, como asistencia médica, o reconocimiento en instituciones, tanto estatales como el BPS. Para mejorar nuestra calidad de vida: solventar la alimentación de nuestros hijos, su educación y tener una vivienda digna”, dijo. Según Altesor, Uruguay es un país que crece y que aspira a ser de primera, “pero todavía tiene ciudadanos de primera y de segunda”. “El hecho de que ahora se ponga mucho más atención en las políticas sociales nos brinda a nosotros una luz de esperanza. Se van abriendo cabezas en la clase política, se está acercando más el pueblo”.
Ocho de cada 100 menores de edad trabajan en Uruguay, según el Instituto Nacional de Estadística. De ese conjunto, 5,4% desempeña tareas fuera del hogar y 2,5%, dentro de él. De los 35.562 niños y niñas que salen a trabajar, unos 20.000 se dedican a la recolección y clasificación de residuos, una de las peores formas de trabajo infantil según la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El viernes, en la Torre de los Profesionales, se divulgaron las conclusiones del informe, surgido en el marco del Programa Proniño de Telefónica en coordinación con la ONG Gurises Unidos y el Centro de Informaciones y Estudios del Uruguay (Ciesu). La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, la ministra de Desarrollo Social, Ana María Vignoli, y jerarcas de diversas instituciones sociales participaron en la presentación.
La investigación se desarrolló en el segundo semestre de 2008 en diferentes asentamientos de Malvín Norte. En total se realizaron 117 entrevistas -15 familias-, 74 a menores y 43 a mayores. El objetivo trazado por José Fernández, investigador del Ciesu, y su equipo fue “aportar elementos para una mayor comprensión de la realidad de los niños trabajadores vinculados a la recolección y clasificación”. Se trata de entender la problemática y dejar un insumo para aquellos que tienen la responsabilidad de generar políticas específicas para solventarla. “Se está elaborando a nivel de gobierno un plan de acción, que todavía está en una etapa de diseño, y que más adelante necesitará una estrategia gradual para trabajar sobre las familias, el mercado y los generadores de residuos”, dijo Fernández a la diaria.
El 7,9% del trabajo infantil que hay en Uruguay representa la mitad del promedio de América Latina, pero todavía está muy lejos del 2% que alcanzan los países desarrollados: “Es alta y requiere un abordaje inmediato, pero consideramos que no es inabordable”, expresó Cecilia Menoni, coordinadora del Programa Proniño, que desde 2001 apoya la prevención del trabajo infantil.
Si bien existe un consenso en luchar por la erradicación del trabajo infantil, en la conferencia se plantearon diferentes puntos de vista sobre temas tan amplios como la conflictividad por la distribución del excedente o el tráfico internacional de residuos, los derechos humanos, laborales y animales, el papel del Estado, de la educación pública, la inteligente repartición de los recursos en un país que atraviesa un escenario socioeconómico esperanzador, la ética, la moral y los valores, los gravísimos riesgos de salud que atentan contra la expectativa de vida de los niños, en un país que tiende a envejecer y que no puede darse el lujo de excluirlos.
¿Cuándo es un problema?
“Se ha instalado una falsa dicotomía entre promotores y abolicionistas del trabajo infantil. No necesariamente es un problema social, se convierte en problema cuando vulnera los derechos del niño. No podemos permitir que los gurises vivan entre la basura”, definió el director del INAU, José Ferrando.
Menoni señaló que el trabajo infantil es un tema poco abordado y latente en todo el territorio, y describió que el estudio implica lo visible y lo invisible de esta realidad: “Lo visible es el carro que anda por las calles y recolecta materiales como cartón, plástico, metales, papel, etcétera para la venta o para alimentación y vestimenta. Pero lo que no se ve es el niño o adolescente que trabaja clasificando en la casa. En definitiva, el niño vive y trabaja en la basura”.
Tanto Menoni como Fernández insistieron en que no hay que culpabilizar a la familia, porque la vulnerabilidad está dada por el contexto social. “Hay familias emprendedoras, parejas de larga data, con marcados valores como el amor a los abuelos, por ejemplo, pero llevan adelante uno de los trabajos más pesados y riesgosos que existen. Ellos plantean: ‘Esto es una manera de no ser lo otro: lateros, vendedores de droga o rastrillos’. Llevan emprendimientos familiares, eso está bueno, el problema es que la tarea los destruye”, indicó Fernández.
Pensando en las acciones a futuro, para el investigador es de vital importancia comprender el problema, por eso considera que lo más oportuno es hacer un estudio cualitativo, para ponerles rostros a las cifras. “No es que los adultos quieran que el niño trabaje, es que no quieren dejar a los niños en el asentamiento con tiempo libre, porque afirman que eso los lleva a la droga o al robo; entender eso es clave para diseñar una estrategia. Eso lo entendés después de que entrevistás a estas personas. Entonces hay que pensar otro tipo de estrategias, no sólo en la educación formal de los gurises, sino en el uso del tiempo libre, en darles la posibilidad de ir a un club deportivo, de hacer otras actividades culturales y sociales, como puede hacer un niño de clase media”.
La informalidad
Los autores afirman en el libro que quienes trabajan en recolección y clasificación tienen una cultura de trabajo y realizan extensas jornadas laborales y que encuentran dificultades para insertarse en espacios formales. “Hay dos mercados desregulados: la venta de droga y la recolección. Ésta es la tarea más neoliberal del Uruguay, porque no está regulada. Acá están ganando algunos empresarios vinculados con los residuos, y el reciclador en un momento de desesperación sale a buscar algo que le dé dinero inmediato. Obviamente, a costa de un riesgo a mediano y largo plazo brutal. Ahora, el que está trabajando en la basura no es un atorrante. Seguramente trabaja mucho más que ocho horas diarias”, remarcó Fernández.