En el fin de semana largo que pasó, no todos se dedicaron a descansar. Unos 130 jóvenes voluntarios de la organización Un Techo para mi País (UTPMP) recorrieron de sábado a lunes los barrios de Montevideo tras las huellas de los asentamientos irregulares.
El circuito realizado fue trazado en función de los resultados del primer Catastro Nacional de Asentamientos Irregulares, efectuado en 2008, recorrido que en su momento se elaboró en función de los datos otorgados por el Programa de Integración de Asentamientos Irregulares, que contaba con información de un relevamiento previo realizado de los asentamientos de Uruguay.
“Un Techo para mi País trabaja con base en la urgencia que se tenga en los asentamientos y el catastro nos da datos sobre en cuáles asentamientos es prioridad intervenir”, comentó Sofía San Cristóbal, directora de Comunicación de la organización.
Trabajo en etapas
El catastro que lleva adelante la organización comenzó en Montevideo. “Tomamos como referencia los 366 asentamientos irregulares que vislumbramos en 2008, y si bien recorrimos las mismas zonas, fuimos a algunos asentamientos que ya se habían regularizado, mientras que otros no existen más o surgieron nuevos en distintos lugares”, detalló la vocera de UTPMP.
Hasta el momento, lo único confirmado es que la encuesta se realizó en más de 300 asentamientos. Se indagó sobre los antecedentes del asentamiento, el acceso a los servicios básicos y la situación ambiental que se vive en la zona.
A través de un comunicado, la directora de la organización, Cynthia Pérez, destacó la importancia del censo más allá de las cifras: “Para UTPMP dar este paso significa invitar a nuestros voluntarios a tomar contacto con algo más que las cifras que relevemos, a reunirse, una vez más pero desde otra perspectiva, con la realidad de los cientos y muy diferentes asentamientos de nuestro país”.
En las próximas semanas estarán abocados a recabar la información sobre la situación que se vive en el interior del país y posteriormente se realizará un estudio de los datos obtenidos. Para la primera quincena de agosto esperan contar con la publicación impresa, la cual será distribuida en distintas organizaciones públicas y privadas, que trabajan con la población más vulnerable de nuestro país.
Las casitas
Un techo para mi país es reconocida por “las casitas” de madera y techos de chapa a dos aguas, que construyen en forma conjunta jóvenes voluntarios y vecinos de los asentamientos irregulares. Un mínimo porcentaje de la casa (10%) es financiada por los propietarios, y la mayor parte se paga con dinero recaudado por donaciones de empresas o de particulares.
Hasta el momento, han construido más de 1.600 viviendas en 60 asentamientos en Montevideo y algunos rincones del interior del país. Cabe señalar que el trabajo de los voluntarios se centra en los asentamientos irregulares, es decir, aquellos donde “se fomenta constantemente una situación de ilegalidad, no sólo a nivel del terreno que se habita, sino en el acceso a los servicios básicos”, ya sea agua, electricidad o saneamiento, comentó San Cristóbal.
Para ella, cuando se regulariza la situación en los asentamientos, “se corta con esa naturalidad de fomentar que las cosas se obtienen de forma irregular”.
El trabajo en los asentamientos se da en etapas. Se comienza con la construcción de viviendas provisorias, en la segunda instancia se promueve la regularización, el acceso a los servicios y el desarrollo de comunidades autosustentables. La tercera etapa es la concreción de la vivienda definitiva, de material y sobre un terreno regularizado. Actualmente, vecinos de unos 16 asentamientos, donde ya se construyeron casitas, atraviesan la segunda etapa. Sobre la concreción de las viviendas definitivas, San Cristóbal dijo que ese momento llegará cuando se coordine el trabajo de todos los actores involucrados y cuando los vecinos culminen el proceso.
Cabe destacar que en 2008, cuando la organización realizó el primer Catastro de Asentamientos Irregulares para tener insumos para desarrollar la tarea, los resultados revelaron que unas 251.884 personas vivían en esta situación; cifra que en el mejor de los casos podría disminuir si se tiene en cuenta el incremento de inversión en políticas sociales por parte del Estado.