Genoveva Malcuori

Unibici y otras organizaciones que fomentan el uso de las bicicletas como medio de transporte convocaron una bicicletada en Montevideo en contra de la baja de la edad de imputabilidad penal. Sacar el tema fuera de la Universidad de la República (Udelar) fue uno de los principales objetivos.

La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, es partidaria de que el Frente Amplio (FA) tenga candidaturas múltiples al gobierno departamental, y no se “ve” siendo reelecta. Se refirió al “desgaste” que se produjo por “las cosas que se dijeron” luego de la definición de su candidatura, que “pesaron enormemente en estos cuatro años”. En materia de gestión, mencionó al transporte y la limpieza como los principales debes hasta el momento, aunque detalló las acciones que llevó a cabo la Intendencia de Montevideo (IM) para mejorar en ambos temas. Marcó la realización de una serie de obras que apuntan a recuperar lo patrimonial y el espacio público -particularmente el Mercado Agrícola y el Museo de las Migraciones- como el punto fuerte de su administración.

En el anexo del Palacio Legislativo presentaron el anteproyecto de ley sobre VIH/sida desde una perspectiva de derechos humanos. El detalle de la iniciativa se hizo durante el cierre del Diálogo Nacional sobre el VIH y los Derechos Humanos impulsado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En ese intercambio se concluyó que la discriminación es de las principales problemáticas detectadas en Uruguay y en el resto de América Latina, tanto en el ámbito de la salud y de la educación como en el laboral.

Está casada y es madre de una adolescente de 16 años. Hasta ahora se desempeña como presidenta de Gurises Unidos, asociación civil que impulsó su candidatura al cargo de defensora. Entre idas y vueltas vivió muchos años fuera de Uruguay, aunque siempre mantuvo los vínculos y estuvo informada de lo que pasaba en su país natal. Sudáfrica, Estados Unidos y Alemania son algunos de los lugares donde estuvo y se continuó formando. Una de sus principales expectativas es lograr que la Defensoría del Vecino se consolide como una institución a la que los montevideanos recurran “naturalmente”.

Próximo a las 16.00 sonó la primera alarma, que avisaba que la implosión sería a la brevedad. A la hora en punto, se escuchó el último aviso y la edificación comenzó a caer en tres grandes bloques. A medida que se acercaba el momento, comenzó a reinar el silencio y todas las miradas se concentraron en el descolorido Cilindro. Una vez que el edificio estuvo reducido a escombros y polvo, comenzaron los aplausos, los abrazos y las manifestaciones de emoción entre las autoridades de Antel y los demás jerarcas. El derrumbe representa para Antel el puntapié inicial de la construcción de Antel Arena, espacio multifuncional donde se desarrollarán espectáculos culturales y deportivos, entre otras actividades.

Gimena Erchini y Mirta Miraballes se casaron en febrero de este año luego de que naciera su hija Arianna. No lo hicieron para tener la libreta, sino para poder darle los apellidos de ambas mujeres a la niña, que ya cumplió 14 meses. Gimena es la madre biológica y contó a la diaria que la niña hoy podría ser considerada su hermana, porque lleva los mismos dos apellidos que ella. Y es que la Ley de Matrimonio Igualitario no contempla el derecho de filiación, de manera que hay que recurrir a la Ley de Adopción.

La reglamentación en la que el Ministerio de Salud Pública (MSP) viene trabajando, a la que todavía no han terminado de darle forma, apunta a “ampliar las capacidades de acción de las parteras en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud [SNIS]”, según explicó el mandatario. Sin embargo, la asistencia de partos se reduce a las instituciones sanitarias porque “en el contexto actual” se considera que el parto “más seguro y de calidad es el institucional humanizado”.

Los primeros cálculos indican que más de 10.000 jóvenes que deberían sacarse la Credencial Cívica para votar en las próximas elecciones nacionales y departamentales no lo harán. La cantidad de credenciales nuevas ronda las 250.000; en valores absolutos, se trata de un número menor a los registrados en elecciones anteriores.

Estudiantes de la Escuela de Parteras e integrantes del grupo “Por el derecho a elegir dónde parir” analizan cómo evitar la aprobación del nuevo reglamento de normas que hacen al ejercicio de la profesión. El documento fue elaborado por el Ministerio de Salud Pública (MSP) y las parteras manifiestan no haber sido consultadas.