Ingresá

Colmenar en San Antonio, departamento de Canelones. (archivo, febrero de 2009)

Foto: Fernando Morán

Jaque

4 minutos de lectura
Contenido exclusivo con tu suscripción de pago

Apicultores solicitan que el gobierno mejore el control de agrotóxicos.

La mortandad masiva de abejas y el despoblamiento de colmenas por el uso (y abuso) de agrotóxicos se ha transformado en una realidad ineludible para cientos de apicultores de nuestro país. Los cambios ocurridos en la agricultura nacional desde hace décadas han puesto en jaque al sector apícola. Pero no es sólo una cuestión económica: está en juego el sustento de cientos de familias, la continuidad de la actividad y la calidad del medio ambiente.

Contenido no disponible con tu suscripción actual
Exclusivo para suscripción digital de pago
Actualizá tu suscripción para tener acceso ilimitado a todos los contenidos del sitio
Para acceder a todos los contenidos de manera ilimitada
Exclusivo para suscripción digital de pago
Para acceder a todos los contenidos del sitio
Si ya tenés una cuenta
Te queda 1 artículo gratuito
Este es tu último artículo gratuito
Nuestro periodismo depende de vos
Nuestro periodismo depende de vos
Si ya tenés una cuenta
Registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes
Llegaste al límite de artículos gratuitos
Nuestro periodismo depende de vos
Para seguir leyendo ingresá o suscribite
Si ya tenés una cuenta
o registrate para acceder a 6 artículos gratis por mes

Editar

El pasado viernes se realizó en Nuevo Berlín, departamento de Río Negro, un encuentro de apicultores en busca de soluciones para el sector: “Desafíos actuales: la intensificación agrícola y la apicultura”. Concurrieron apicultores de diferentes localidades de ese departamento, así como de Soriano, Colonia y San José. La organización del encuentro estuvo a cargo del Grupo de Apicultores de Nuevo Berlín, la Sociedad de Fomento de esa localidad y la ONG Vida Silvestre.

El cultivo de soja transgénica se triplicó en Uruguay entre 2003 y 2006, y desde entonces ha continuado en ascenso la cantidad de hectáreas sembradas, la mayor parte de las cuales se ubica en el litoral del país, en la cuenca del río Uruguay.

“La verdad es que la situación es desesperante para los apicultores; se dice que en Uruguay se ha perdido la mitad de las colmenas, y acá tenemos un área protegida [Esteros de Farrapos e islas del río Uruguay] se da una contradicción por la mortandad masiva de abejas que hemos tenido. Queremos que el gobierno tome cartas en el asunto rápidamente, los apicultores pensamos y analizamos que si el gobierno no realiza una acción rápida, el sector se termina en cuatro o cinco años en la zona. No pretendemos que el agro se corte ni que no se siembre más soja, pero sí que haya un control muy estricto”, dijo a la diaria Ruben Maidana, apicultor de Nuevo Berlín.

Descontrol

En marzo y abril, apicultores de Nuevo Berlín y de San Javier enviaron a un laboratorio de Alemania muestras de abejas muertas, cera y miel de sus colmenas afectadas. Los resultados llegaron a la semana: si bien la miel no estaba contaminada, se detectó que las abejas habían muerto “por envenenamiento de endosulfán [insecticida] en un grado bastante alto”, dijo Maidana. Muestras tomadas en la misma ocasión fueron enviadas a la División Laboratorios Veterinarios (Dilave), del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), pero hasta el momento no han tenido respuesta.

Una de las demandas concretas de los productores apunta a la forma en que el MGAP, a través de la Dirección General de Servicios Agrícolas (DGSA), controla la aplicación de productos. “Los agrotóxicos se están aplicando masiva e indiscriminadamente, sin control ninguno”, informó Maidana, y agregó: “No tenemos documentación como para asegurar qué se está echando, sabemos por familiares y amigos que trabajan en las estancias que se está usando indiscriminadamente el endosulfán, que cuando dice que puede usarse medio kilo por hectárea y una vez por año, acá se está aplicando 800 gramos por hectárea; aparte se está aplicando con gasoil y con muchos productos que no están permitidos y no hay control ninguno”.

José Luis Maya, apicultor de Libertad, San José, que participó en el encuentro, explicó a la diaria: “Pensamos que hay que trabajar en conjunto con el gobierno nacional y con las intendencias, pedirles que hagan más controles”. Indicó que también habría que rever la autorización de tóxicos usados en nuestro país que están prohibidos en Europa, como el endosulfán y la cipermetrina (insecticida). Néstor Causa, apicultor de Palmitas, Soriano, detalló que habría que “tratar de generar en el gobierno la precaución o responsabilidad de que hay otros productos que no son tan nocivos para el ambiente y que de repente por un tema de costos no se aplican, pero esto va más allá de la apicultura, se están contaminando las fuentes de agua y el medio ambiente en general”. la diaria intentó comunicarse con Inocencio Bertoni, director de la DGSA, pero no fue posible. Bertoni participó el jueves pasado en una reunión de apicultores de Soriano. Causa, que estaba presente, dijo a este medio que evidenciaron en el director actual de la DGSA un interés que no habían encontrado en sus predecesores, y que el jerarca en la reunión manifestó preocupación por “encontrar soluciones a problemas como la tramitación de la denuncia por mala aplicación de agroquímicos, para que puedan hacerse más directamente”.

Denuncias y campos

“Uno de los distintos conflictos que tenemos es que las denuncias en el ministerio no tienen respuestas, es muy lento y burocrático todo. Yo denuncié en 2007 y vinieron a ver las colmenas a los 26 días; vino gente que no era idónea en el tema, no tenían conocimientos de sacar abejas. En 2010 volví a denunciar, cayeron a los 13 días de haber denunciado y vinieron solamente a mirar, porque tampoco estaban habilitados para sacar abejas muertas. El ministerio no se hace cargo de esas cosas, queremos que haya una respuesta rápida, que vengan a ver lo que es la mortandad masiva que se encuentra frente a las piqueras [abertura de las colmenas]”, comentó Maidana. Por normativa, los técnicos de la DGSA tendrían que acudir a las 48 horas hábiles de la denuncia.

La ineficacia del procedimiento hace que muchos productores opten por no efectuar la denuncia, pero hay otro motivo por el que no la hacen: la posibilidad de quedarse sin campos donde colocar sus apiarios. “Conseguir un campo para poner las colmenas es una lucha”, dijo Maidana, que le paga a una empresa forestal lindera a un cultivo sojero. Néstor Causa, que es apicultor desde 1985, explicó que actualmente “la situación es totalmente diferente a la de aquella época, ha cambiado radicalmente con la desaparición del 80% o 90% de las praderas que había en la zona, y también con la eliminación de las malezas, que son el soporte de las colmenas durante gran parte del año”. Especificó que la producción de miel se ha perjudicado por “el cambio en las prácticas agrícolas, el uso del glifosato [herbicida] y plaguicidas, la pérdida de fuentes de alimento de las abejas, también por el cambio climático con el exceso o la falta de agua en momentos puntuales”. El registro de productores apícolas de Soriano descendió 50% en los últimos años. Para Causa, además del control efectivo de agrotóxicos, una de las soluciones podría pasar por “la posibilidad de generar fondos o créditos para que los apicultores se agrupen y puedan financiar la transhumancia”, es decir, el traslado de los apiarios hacia zonas que no estén afectadas por los monocultivos agrícolas basados en un fuerte uso de químicos. Pero el apicultor reconoció que “la transhumancia tiene una limitante geográfica porque Uruguay no es un país muy grande y si la agricultura sigue avanzando...”.

¿Tenés algún aporte para hacer?

Valoramos cualquier aporte aclaratorio que quieras realizar sobre el artículo que acabás de leer, podés hacerlo completando este formulario.

Este artículo está guardado para leer después en tu lista de lectura
¿Terminaste de leerlo?
Guardaste este artículo como favorito en tu lista de lectura