La distribución de la riqueza se ha convertido en un tema de discusión pública. En realidad, puede decirse que se trata de una proyección hacia la sociedad de las disputas a la interna del partido de gobierno. Hace un par de semanas el vicepresidente Danilo Astori salió al cruce de las demandas de distintos sectores de la izquierda de que el gobierno intervenga de mejor forma en la distribución de la riqueza. Si bien en dichas demandas no había propuestas concretas, era muy fácil percibir que el objetivo apunta a transformar la estructura impositiva de tal forma que logre afectar a algunos sectores de la economía que se han beneficiado mucho de la buena gestión del gobierno en materia económica.
Astori calificó de “oportunistas tributarios” a quienes pretenden tal cosa. El oportunismo se explicaría porque se aspira a que quienes en este momento histórico están mejor paguen más, y de esa forma poder recaudar más y redistribuir lo recaudado entre los sectores que se han beneficiado menos de la buena situación económica. Frente a esto, el gobierno aboga por mantener la misma carga impositiva sobre estos sectores; es decir, no ser oportunista tributario en este caso implica no incrementar impuestos a quienes se han beneficiado y enriquecido en el último tiempo como consecuencia de la conducción económica que se ha llevado adelante.
Ante este argumento, es inevitable manifestar cierta perplejidad frente a una hipotética consistencia de criterios normativos para el diseño impositivo, porque la reforma tributaria que se llevó adelante en el período de gobierno pasado, justamente, lo que impuso fue que quienes se encuentran en una posición más ventajosa paguen más que quienes no lo están. Recordemos también que en este caso, además de la eficiencia, fue la solidaridad el valor que justificaba la reforma. En particular, si se considera el Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), si alguien se encuentra en una situación menos ventajosa y tiene ingresos por debajo de siete BPC (Base de Prestación y Contribución), no debe pagar IRPF, mientras que si está en una mejor situación y gana 30 BPC, sí debe hacerlo.
Las personas, al igual que las empresas, se encuentran sometidas a circunstancias que pueden otorgarles más o menos bienestar, así que perfectamente se puede concebir que una misma persona, en un período de cinco años, podría pasar por las situaciones del ejemplo, y en virtud de ello deberá contribuir más cuando le va mejor que cuando le iba peor. Esta situación, que puede afectar a cualquier ciudadano, es muy similar a lo que Astori denomina “oportunismo tributario”.
¿Qué puede decirse en defensa del argumento del gobierno? Un argumento importante tiene que ver con la necesidad de que la economía continúe creciendo, ya que está fuera de discusión que para distribuir mejor es imprescindible tener qué distribuir. Pero, ¿es irreconciliable una mayor carga tributaria a ciertos sectores con el estímulo al crecimiento?
La experiencia de los países que tienen una distribución de la riqueza considerablemente mejor que la uruguaya parece desmentir esto último. Lamentablemente, en este inicio de discusión pública sobre este tópico, poco o nada se ha dicho al respecto, y mucho menos se han presentado razones para justificar un tratamiento diferente a ciudadanos y a empresas. La solidaridad invocada en la reforma tributaria parece ser vinculante solamente para los ciudadanos. Puede decirse que el gobierno tiene la carga de la prueba para justificar qué lo lleva a un tratamiento asimétrico de ciudadanos y empresas. Si tales razones no se presentan, habría que afirmar que el gobierno del Frente Amplio, con su reforma tributaria, ha sido un “oportunista financiero”, para utilizar las palabras de Astori, o que privilegia en forma no justificada a ciertos sectores de la economía.
Como la igualdad es la virtud soberana de las sociedades democráticas, y en virtud de ello el tratamiento igualitario es una exigencia que se puede plantear simplemente desde la condición ciudadana, creo necesario que se presenten razones menos efectistas y más convincentes para excluir el tema de la distribución de la riqueza de la agenda pública. La clave de la razón pública es que las posiciones que se defiendan puedan llegar a ser aceptadas por todos a quienes están dirigidas, y los argumentos de Astori están lejos de ello.
Gustavo Pereira Doctor en Filosofía, especializado en justicia, democracia y redistibución.