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Por segunda vez en una semana el Banco Mundial se pronunció sobre riesgos de corrupción, pobreza y convulsiones sociales.

Desde los paquetes de salvataje financiero liberados por la Unión Europea (UE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) a los países europeos con agudas crisis fiscales y de endeudamiento, como Grecia, Irlanda y la semana pasada Portugal, hasta las expansivas tasas de interés mantenidas por los Bancos Centrales de los países más desarrollados, son cada vez más fuertes los síntomas de una alarma generalizada entre los principales centros de poder mundiales respecto al curso que adquieren los acontecimientos sociales y políticos. Tras el inusual discurso pronunciado la semana pasada por el presidente del Banco Mundial (BM), Robert Zoellick, se sumó este lunes otro informe del organismo advirtiendo contra fenómenos negativos que siempre fueron señalados por sectores progresistas y de izquierda.

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Tras dos años y medio de crisis financiera y económica global con recesión o virtual crecimiento neutro, recién sobre fines de la semana pasada el Banco Central Europeo (BCE) elevó en solo un cuarto de punto la tasa de interés de referencia de su política monetaria, de 1% a 1,25%. La razón de urgencia para esto, pese a lo tímido de la recuperación de la actividad, fue el ascendente curso de la inflación, proceso éste que también alcanza a América Latina. La eurozona, con su moneda única atravesando su primera gran crisis, se debate en un angosto margen entre apostar más a la reactivación de la actividad y evitar que el riesgo de otra recesión se instale ahora vía alza de precios.

La Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos (EEUU), por su lado, mantiene las tasas "planchadas" entre 0% y 0,125%, política monetaria expansiva que paulatinamente está produciendo reactivación económica en varios sectores de actividad.

Esta suerte de renuncia parafiscal de hecho, es aplicada con la misma lógica preventiva que sustenta la asistencia financiera para los Estados incapaces de cumplir sus obligaciones financieras: la alarma ante la eventualidad de que se trasladen hacia más naciones tanto los riesgos de interrupción de sus cadenas de pago como los movimientos ciudadanos de oposición a la aplicación de los ajustes fiscales exigidos por la UE y el FMI. Es difícil negar con evidencia que las movilizaciones públicas protagonizadas desde el año pasado por miles de ciudadanos de varios países europeos en rechazo a los planes de ajuste fiscal, probablemente hayan influido sobre la imaginación y el estado de ánimo de los jóvenes árabes que se lanzaron a las calles, desde Túnez hasta Yemen, en reclamo de libertad, dignidad y mejor calidad de vida.

Admirable alarma

En este sentido fue que Zoellick pronunció la semana anterior, en un centro universitario especializado, un discurso novedoso que parece marcar un punto de inflexión respecto de la tradicional cosmovisión reflejada históricamente por el BM (ver la diaria del jueves 7). En ese texto el ejecutivo recordó que el detonante de las protestas iniciales en Túnez fue la humillación pública sufrida por un vendedor callejero de frutas en manos de agentes del Estado, llamado Mohamed Bouazizi. "Resultó que en Túnez había decenas de miles de Bouazizis. En efecto, sus semejantes pueden encontrarse en todo el mundo, dondequiera que a los hombres, mujeres y niños se les nieguen las oportunidades y la esperanza debido a la pobreza, la exclusión social, la privación de sus derechos civiles y la falta del imperio de la ley. Pero las enseñanzas que deja la experiencia de Túnez y el Oriente Medio se extienden más allá de una región, un país o un mercado. Detrás de la muerte de un vendedor de frutas hay mucho más que la convulsión política que sacude a la región. Aquí hay enseñanzas para la región, para el mundo, para los gobiernos, para las instituciones de desarrollo y para las ciencias económicas", reflexionó Zoellick, para proponer más adelante en el texto que las instituciones como el BM y los gobiernos se modernicen y estrechen vínculos con las sociedades civiles como forma de mitigar la erosión que la corrupción produce a las economías y las sociedades. Y lo detalló: "Eso significa reformar las instituciones internacionales, como el Grupo del Banco Mundial y el FMI, para que reflejen mejor las realidades de la transformación del poder económico que está ocurriendo hoy en el mundo. Significa urgir a nuestras instituciones para que actúen con más rapidez, sean más flexibles y más abiertas y estén más atentas a las necesidades de los clientes.

Significa concentrarse en resolver los problemas de una manera pragmática, y no limitarse a analizar el tema de los pobres como objeto de las políticas formuladas por los expertos. Significa democratizar la economía del desarrollo de manera que todos puedan tomar parte en el diseño, ejecución y mejora constante de las soluciones en materia de desarrollo. Significa reconocer que las organizaciones concebidas con jerarquías de mediados del siglo XX ahora deben conectarse entre sí con agilidad y destreza a través de redes verdaderamente mundiales: de gobiernos, empresas privadas, grupos de la sociedad civil, otros organismos internacionales y parlamentarios", advirtió en su ponencia. En este sentido, también admitió que apenas "hace veinte años" el lenguaje interno del funcionariado del BM excluía deliberadamente las referencias a la corrupción, concepto que era valorado como excesivamente "político" y no atinente a la labor del organismo.

Otra vez la pelota...

La alarma planteada por Zoellick con relación a los resultados globales de pauperización económica y corrupción institucional fue reiterada al inicio de esta semana desde el organismo que preside, que emitió su Informe de Desarrollo Global.

En este texto, según la caracterización formulada por la agencia británica de noticias Reuters, el BM “desafía una visión largamente aceptada por las instituciones multilaterales” al puntualizar que “el alto crecimiento económico por sí solo no puede reducir la pobreza y el desempleo, que generan conflictos y violencia”.

Publicado el domingo de noche, el informe señala que “el acceso al empleo, la seguridad y la justicia, no un mayor crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB), es clave para romper los ciclos reiterados de violencia política y criminal”.

En este sentido, Sarah Cliffe, una de las autoras del trabajo, alertó que “el alto desempleo y la inequidad pueden combinarse con la debilidad de la capacidad gubernamental o los problemas de corrupción, irregularidades y abusos a los derechos humanos, para generar riesgos de conflicto y violencia”. La agencia también señala que ese razonamiento está ambientado en las tensiones políticas que tienen lugar en casi todos los países árabes. Túnez y Egipto, donde se encendieron las primeras mechas de la explosión social en esos Estados, registraron tasas anuales de expansión económica del orden del 5% o mayores, “suficientes para reducir la pobreza, pero no lograron beneficiar al pueblo y se mantuvo la represión, la corrupción y el alto desempleo, lo que llevó a protestas que desbancaron a sus gobernantes”. El propio Zoellick es citado apuntando que: “Si vamos a romper los ciclos de violencia y reducir las tensiones que las generan, los países deben desarrollar instituciones nacionales más legítimas, responsables y capaces que ofrezcan a sus ciudadanos seguridad, justicia y empleo”, dijo el titular de la entidad. Ésta recomienda a los gobiernos de países que vienen dejando atrás fuertes conflictos internos conformar “coaliciones” con la sociedad civil, y asegura que en muchos casos urge a los gobernantes la conquista de dos o tres “triunfos rápidos”, citando entre ellos a Haití, Sudáfrica, Irlanda del Norte, Ruanda, Camboya, Indonesia, Afganistán, Colombia y Liberia.

Apoyado en la experiencia de varios países que vincularon medidas rápidas “que generan confianza” con acciones de largo aliento, el informe recomendó “trabajar con la comunidad en las áreas de mantenimiento del orden, empleo y entrega de servicios; crear puestos de trabajo mediante obras públicas a gran escala; desarrollo de programas de seguridad y justicia; inclusión de la mujer en el diseño e implementación de los proyectos; y freno a la corrupción”.

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