En la actividad, que es a puertas cerradas, participan representantes de organizaciones de ciegos y de gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. Es organizada por la Unión Latinoamericana de Ciegos (Ulac), filial de la Unión Mundial de Ciegos, y el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura (MEC).
Cuestión de propiedad
El documento se discutirá en la sesión del Comité Permanente de Derecho de Autor y Derechos Conexos de la OMPI del 15 al 24 de junio. Fue impulsado por la Unión Mundial de Ciegos y propuesto por Brasil, Ecuador y Paraguay, y luego se le sumó México. Plantea excepciones y limitaciones, "flexibilidades mínimas necesarias en las leyes sobre derecho de autor para garantizar el acceso pleno y en igualdad de condiciones a la comunicación" a personas ciegas y con baja visión, dice el texto del tratado.
Alfredo Scafati, presidente del Consejo de Derechos de Autor del MEC viajará a Ginebra en representación de nuestro país, y dijo a la diaria que Uruguay apoya la propuesta del tratado. Pero no será sencillo. Scafati comentó que "Estados Unidos propone hacer una recomendación en lugar de un tratado [que no se obliga a los estados a cumplirlo] y la Unión Europea no quiere tratado ni recomendación, sino esperar cinco años para ver si se adaptan las legislaciones nacionales a estas limitaciones y excepciones necesarias para que los discapacitados visuales puedan acceder al material". Y señaló que Oceanía tampoco lo votaría. Los que están de acuerdo son el grupo africano, latinoamericano y asiático.
Agregó que "la Unidad Latinoamericana de Ciegos ha trabajado muchos años en este tratado y ellos no quieren otra solución que no sea un tratado vinculante y en cierta forma es comprensible, porque una recomendación es algo que podés tomar o no y lo que necesitamos hoy es un documento vinculante para todos los países miembros de la OMPI y que tengamos excepciones y limitaciones mínimas, para que todos los países puedan adaptar su legislación y acceder a esos materiales, ya sea en formato braille o las nuevas tecnologías".
Explicó que "el gran temor de los titulares de derechos de las editoriales, de los intérpretes, es que por esa vía puedan estar perdiéndose beneficios económicos" pero no es así porque "las limitaciones o excepciones pueden ser onerosas o no onerosas" y además existen mecanismos de control para asegurar que los materiales sean consumidos sólo por discapacitados visuales.
Esta propuesta ya se había presentado en la sesión de 2009, en la que la delegación uruguaya en Ginebra lo apoyó aunque no lo patrocinó. En esta sesión Uruguay continuará apoyándolo y las organizaciones de discapacitados visuales solicitan que sea copatrocinante.
Fernando Galarraga, secretario de Tecnología y Acceso a la Información de Ulac-Argentina, mencionó que la historia se divide "en dos grandes etapas: la prehistoria, que lleva sin duda la mayor cantidad de tiempo, y la historia, que arrancaría hacia el año 3000 antes de Cristo. El hecho significativo que marca esta división es la invención de la escritura". Agregó que muchos siglos después "la imprenta fue la que sacó los libros de los ámbitos más exclusivos y excluyentes, que eran los ámbitos de filósofos, juristas y religiosos en general", pero que "las personas con discapacidad visual seguían en su propia prehistoria, de alguna manera ajenas a todo este movimiento". Galarraga enfatizó que en 1825, cuando el francés Luis Braille creó el sistema de lectoescritura para no videntes, "se arrancó a las personas con discapacidad visual de la prehistoria y el silencio que implicó no acceder a esto que la humanidad ya disfrutaba prácticamente de 4.000 y pico de años antes".
Un poco más tarde Pablo Lecuona, representante de la Ulac en la campaña "Derecho a leer", de la Unión Mundial de Ciegos-Argentina, continuó el relato. Hizo una minuciosa descripción de cómo se fueron ampliando las posibilidades técnicas. Dijo que gran parte de la producción de obra para personas ciegas se realizó de manera artesanal, a mano, en sistema Braille, hasta la década de 1980, cuando comenzaron a usarse chapas para imprimir la matriz en papel, lo que amplió la escala y "permitió hacer mayores tiradas de obra, pero siempre con pocas disponibles". Detalló el universo que se abrió a mediados de los 60 con "el acceso a la lectura mediante el audio, grabado en cintas abiertas, en casetes", que fue el primer formato que se pudo intercambiar entre bibliotecas y organizaciones aunque fuera a baja escala.
Explicó que el gran cambio llegó a comienzos de la década de 1990, con la informática: la digitalización, las impresoras Braille (aunque mucho caras que las comunes) y el hardware que genera voz sintética y permite escuchar el texto desde la computadora; luego, el escáner y programas de reconocimiento óptico permitieron copiar el texto y escucharlo mediante un programa lector o imprimirlo en Braille; el acceso a internet y el recientemente aparecido formato Daisy, que ofrece "un desarrollo mayor de lo que eran los libros en audio porque permite moverse por la obra, buscar capítulos, hacer marcas en el texto". Con ese raconto, Lecuona dijo que ahora, que se puede producir desde muchos lugares y a gran escala, "se hacen más latentes problemas como los de derecho de autor" y que "es necesario adecuar el marco legal para que no resulte un freno para las posibilidades que tenemos de mejorar el acceso a la lectura".
Derecho a leer
Cuando las organizaciones producen un libro en formato accesible a personas ciegas o con baja visión tienen que gestionar licencias y autorizaciones. Si se aprobara el tratado (ver nota en esta página) los recursos económicos (siempre escasos) podrían concentrarse en la producción y acortarían tiempos. Detalló que a los estudiantes universitarios se les mandan libros de un día para el otro y cuando lo requieren “tenemos que ser capaces de responder de forma rápida”. “Tecnológicamente tenemos esa capacidad porque si se cuenta con el libro se lo puede digitalizar, escanear, pasar a audio, Braille o leer en una computadora en poco tiempo, pero si no tenemos una excepción que nos permita hacer eso o tenemos que hacer una gestión de licencia y pedido de autorizaciones o un trámite burocrático para la adaptación de esa obra, ese estudiante no va a tener ese libro a tiempo”, detalló.
Por otra parte, precisó que sólo 57 países tienen legislaciones nacionales de limitaciones o excepciones a los derechos de autor, pero también es importante trascender fronteras. Antonia Irazábal, presidenta de la Fundación Braille del Uruguay, explicó a la diaria que son muy escasos los recursos para producir textos y que el cambio de legislación “podría permitir la circulación transfronteriza de los materiales que se producen en países desarrollados y que nosotros no tenemos”.
Norma Toucedo, secretaria general de la Unión Latinoamericana de Ciegos, fue muy clara en la reivindicación: “Resolver temas de derecho de autor y derechos conexos es muy importante: si yo no puedo ir a una librería y comprar un libro al mismo precio que vos o si no puedo ir a una biblioteca y sacar el libro, tengo que tener la posibilidad de acceder a él en formatos accesibles al mismo tiempo y al mismo precio”.