El arquitecto Juan Pedro Urruzola, director del Departamento de Planificación de la IM, fue el encargado de presentar las directrices sobre el ordenamiento territorial y desarrollo sostenible de Montevideo a diez años.
La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible, aprobada en 2008, dispone que el proceso de elaboración de los instrumentos de ordenamiento debe incluir una "puesta de manifiesto" del documento final avanzado por un plazo no menor a 30 días para la consulta y recepción de observaciones. La intendenta de Montevideo, Ana Olivera, firmó el 29 de agosto la resolución que habilitó esa puesta de manifiesto; se anunció una segunda instancia, que tendrá lugar el viernes 30 en la Facultad de Arquitectura. Urruzola indicó que la idea es elevar "en algunas semanas" el documento definitivo a la Junta Departamental de Montevideo, el órgano encargado de aprobarlo.
En aprietos
El documento presentado identifica seis "preocupaciones territoriales" que no son muy difíciles de identificar por el común de la población. La primera es la degradación de los recursos naturales. "Los cursos de agua que aún permanecen a cielo abierto son los que presentan mayores problemas", dice el documento, debido a los asentamientos instalados en sus riberas, por el vertido de efluentes domiciliarios y por recibir los descartes de puntos de clasificación de residuos sólidos. Se identificó la "pérdida de suelos con diferentes potencialidades productivas" debido al avance de suelos urbanos y actividades productivas. Se menciona el impacto de la actividad minera no controlada, y la contaminación superficial de suelos por "los vertimientos de diferentes procesos industriales y la disposición informal de residuos". Respecto al aire, las principales fuentes contaminantes puntuales son la Central Batlle, la planta de refinería de ANCAP y la Central de La Tablada. También se menciona que las actividades antrópicas presionan sobre ecosistemas como las riberas de los arroyos y los humedales de Santa Lucía y de Carrasco. Además se observa con cuidado la variabilidad climática que pone en riesgo a quienes viven en zonas inundables.
La segunda preocupación identificada es la segregación socioterritorial: "Se destaca la tendencia a la localización de los sectores de mayores ingresos en la costa este, los sectores de menores ingresos en las periferias, así como en algunos reductos tugurizados en áreas centrales y los sectores medios en prácticamente todas las zonas urbanas de forma fragmentada".
En tercer término se mencionó la "precarización del hábitat", que alude a las soluciones habitacionales inadecuadas, sin servicios ni infraestructuras básicas que proliferan en la periferia de la ciudad, así como al vaciamiento de áreas centrales que cuentan con todos los servicios. Ese desbalance genera crisis del espacio público y precarización del espacio urbano.
En cuarto lugar se identificó como preocupación la "expansión urbana" -residencial logística, industrial- sobre áreas rurales, que amenaza a las actividades rurales tradicionales y obliga a la extensión de servicios. El texto indica que es una expansión de bajas densidades que "produce un mayor consumo de suelo por habitante" y que "en términos sociales se genera un proceso territorial cuya insustentabilidad se hace cada día más evidente".
La quinta preocupación deriva de las anteriores: la subutilización de las capacidades instaladas en las áreas urbanas consolidadas.
La "demanda de suelo para infraestructura y producción" es la sexta dificultad identificada. Se menciona que tres grandes infraestructuras ubicadas en la bahía de Montevideo -el puerto de Montevideo, la planta de refinería de ANCAP y la Central Batlle- generan conflictos en las áreas urbanas circundantes, en el tránsito, volúmenes de mercadería, mayor demanda de energía y combustibles, emisión de gases a la atmósfera y riesgos de incendio.
A partir de esas seis preocupaciones surgen seis objetivos: preservar el ambiente y los recursos naturales; revertir los procesos de segregación socioterritorial; mejorar las calidades urbanas que califican el hábitat; controlar la expansión urbana; prever suelo apto y adecuado para la residencia y para las actividades productivas logísticas; mejorar el vínculo de las grandes infraestructuras y equipamientos con la ciudad y el territorio.
Lineamientos
Para el ámbito rural se propone estimular el uso responsable del suelo y proteger el entorno rural agrícola. En el ámbito urbano se dispone a desarrollar políticas de recuperación y densificación de áreas urbanas consolidadas que están en proceso de vaciamiento, definir y estructurar áreas de interfaz urbano-rural para contener la expansión urbana, consolidar y calificar áreas urbanas periféricas para dotarlas de infraestructura (también hay lineamiento para ellos). Para el sistema habitacional se propone conformar "tejidos socialmente heterogéneos" desalentando la segregación; implementar políticas para "la densificación de áreas intermedias con mixtura social"; desarrollar políticas que promuevan la vivienda con servicios básicos, atacar la precariedad e informalidad, relocalizar asentamientos. Plantea también que los espacios públicos sean lugares de integración social, para lo que prevé mejorar el sistema de movilidad, e implementar estrategias de recuperación y mejoramiento y generar varias centralidades a lo largo de la ciudad.
Para el sistema productivo se propone encontrar oportunidades que permitan la activación del tejido urbano en torno a transformaciones territoriales. Se aspira a consolidar enclaves bien localizados con buenas infraestructuras y servicios para las actividades logísticas e industriales intensivas. Se apunta a mejorar la relación ciudad-puerto "promoviendo un sistema portuario descentralizado", entre el que se menciona el futuro puerto Punta de Sayago, terminales de carga, enclaves logístico-industriales, sistema multimodal de cargas, y rectificando áreas urbanas próximas a la bahía. También hay lineamientos para mejorar el sistema de movilidad de transporte de pasajeros (planificación integral del territorio adyacente a corredores y terminales, concebir un sistema de transporte multimodal y promover la conectividad vial transversal) y para el de carga, para minimizar los conflictos en las cercanías del puerto. Hay lineamientos para preservar los espacios protegidos, cuencas del Santa Lucía y arroyo Carrasco y para el sistema institucional, en el que articulen actores locales, departamentales, metropolitanos y nacionales.
Territorios estratégicos
Son cinco. El primero de ellos es el frente costero metropolitano litoral del Río de la Plata, del que se aspira a promover "su uso y el acceso público y democrático"; para el lado de la bahía se reconoce como un desafío la "integración armoniosa" de los distintos usos del territorio.
El segundo territorio es la interfaz urbano-rural identificado en tres sectores: en torno al colector vial perimetral, entre la ruta 5 y la costa oeste, y entre la ruta 8 y el Río de la Plata. Se traza para priorizar la protección del suelo rural natural y productivo, "consolidar un borde urbano con enclaves logístico industriales", definir un "eficiente sistema de infraestructuras para el transporte de cargas" y el ordenamiento de áreas residenciales urbanas y suburbanas.
La "cuñas verdes" están conformadas por las cuencas de los arroyos Miguelete y Pantanoso; se propone proteger y recuperar los cursos, excluir la residencia de áreas inundables y permitir el uso público de las márgenes.
Se considera como los "ejes transversales" las calles Batlle y Ordóñez, Luis Alberto de Herrera y General Flores; se busca revitalizar las áreas urbanas intermedias localizando grandes equipamientos y vivienda de interés social.
El último territorio estratégico identificado es el centro de la ciudad, que abarca Ciudad Vieja y toda el área aledaña a 18 de Julio. El objetivo es potenciar los valores urbanos y simbólicos.
Polémica
Luego de la presentación se habilitaron las consultas del público. Se hizo oír el sector oeste de Montevideo, donde integrantes de la Red Intersocial Oeste se mostraron molestos por la instalación del puerto Puntas de Sayago, que a criterio de ellos es casi el mismo plan de Free Port que proyectó la secta Moon en 2000 y ahora se habilita por impulso gubernamental. Aseguraron que el movimiento portuario va a contaminar toda la bahía. Urruzola respondió que se trata de una decisión del gobierno nacional y no departamental. También manifestaron su rechazo por ser consultados después de que se tomaron las decisiones y reprocharon que ellos no se enteraron de la puesta de manifiesto por la comuna, que a su juicio no difundió ampliamente la actividad, tal como lo dicta la Ley de Ordenamiento. Urruzola indicó que “no está todo el pescado vendido” pero que allí se discutían directrices y cuestiones generales, no puntuales.