El 7D no existió ni existirá. Será tal vez un 30D o un 15F, o no será. A pocas horas de que Argentina concretara la puesta en vigencia del capítulo sobre concentración de su Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (SCA), aprobada en 2009, una nueva medida cautelar solicitada por el Grupo Clarín detuvo su implementación (ver http://ladiaria.com.uy/articulo/2012/12/fallo-pendiente/) .
En Uruguay, dirigentes políticos -incluso del propio oficialismo, como el senador Rafael Michelini- han cuestionado la decisión del gobierno argentino de rematar las licencias del Grupo Clarín, luego de que éste, que concentra 50% del mercado, se negara a presentar un plan para deshacerse de sus frecuencias excedentes y cumplir así con la ley SCA. Ésta dispone que ningún operador puede superar 35% del mercado.
En su plenario del 24 de noviembre, el Frente Amplio resolvió impulsar la aprobación en 2013 de una ley que “democratice” los medios. En julio de este año el presidente José Mujica intentó dejar en claro que el proceso de redacción de una ley SCA en Uruguay será distinto al proceso en Argentina. No obstante, en el proceso previo a la redacción y al contenido de la regulación, hay más coincidencias que divergencias.
Al igual que la experiencia del Comité Técnico Consultivo (CTC) en Uruguay, en Argentina el proceso de redacción de una ley que sustituyera al decreto aprobado en dictadura que regía la materia se hizo en forma participativa. En 2004 se conformó la Coalición para una Radiodifusión Democrática, que integró a trabajadores, organizaciones sociales y a la academia, y se redactó un documento denominado “21 puntos para el derecho a la comunicación”. Cuando asumió la presidenta Cristina Fernández se le presentó ese texto, y sobre esa base, el Ejecutivo presentó en 2009 un proyecto de ley para debatir. Se realizaron 24 foros, se efectuaron cambios y antes de que culminara 2009, el Senado la aprobó por casi dos tercios de sus integrantes.
Los contenidos que incluye la ley SCA del vecino país -que en su mayoría se limitan a seguir recomendaciones internacionales- son semejantes a los que incorpora el borrador que las autoridades del Ministerio de Industria de Uruguay todavía no han enviado a consideración de Presidencia.
Además de la normativa en materia de concentración, la ley SCA argentina incorpora una defensoría del público, establece un plazo de diez años para el uso de las frecuencias (con opción a diez más) y el pago de un “abono social”. En materia de contenidos, obliga a un mínimo de 70% de producción nacional para las radios y de 60% para la televisión abierta -el borrador del gobierno uruguayo dispone una cuota menor-, incorpora disposiciones relativas a los derechos de los niños y a la no discriminación.
Disputas
La implementación de la ley argentina no ha estado exenta de dificultades. Recién en noviembre de este año se designó a la defensora del público, Cynthia Ottaviano. Y la disposición en materia de concentración ha estado detenida por medidas cautelares presentadas por Clarín, que alega que la ley afecta la libertad de expresión.
Analía Elíades es profesora de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y fue una de las redactoras de la ley SCA argentina. Recordó, en diálogo con la diaria, que la Corte Suprema Argentina ya había desestimado los argumentos de Clarín en su último fallo en la materia. “La parte actora no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad [de expresión]. Más aún, en sus escritos no hay más que menciones generales, pero no existen argumentos que relacionen directamente la norma de desinversión con la libertad de expresión”, señalaba aquella sentencia.
“El debate principal gira en torno al concepto que cada quien le da al derecho a la comunicación, a la libertad de expresión, al derecho a la información”, evaluó Elíades. Para la docente, los gobiernos “progresistas” de la región conciben el derecho humano a la comunicación como “universal para todos los sujetos, sin discriminación alguna”. “En cambio, los dueños de las empresas mediáticas, los medios nucleados en asociaciones como la SIP [Sociedad Interamericana de la Prensa], se amparan en un concepto empresarista de la libertad de expresión, la trastocan creyéndose los únicos titulares de tal libertad y en realidad sólo defienden sus intereses y el ejercicio de su poder”, evaluó. Recordó que esta concepción y la idea de que “la mejor ley de medios es la que no existe” parten de la premisa de que el Estado es el enemigo natural de la libertad, pero advirtió que en muchas circunstancias el Estado es quien puede garantizar que ciertos derechos se ejerzan efectivamente.
Solidarios
El directorio nacional del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil emitió este fin de semana un comunicado en el que apoya a Cristina Fernández y defiende la ley SCA de ese país. “Al contrario de lo que afirman sectores de los medios brasileños, la nueva legislación argentina contribuye a ampliar la libertad de expresión y profundizar las transformaciones democráticas”, afirmó. Además, reiteró la necesidad de que Brasil implemente una ley similar “que impida la existencia de monopolios, especialmente la concentración de radios y televisión en manos de pocas empresas”.
En Brasil la cadena O Globo concentra aproximadamente 40% del mercado. En setiembre de 2011, el 4º Congreso del PT se pronunció a favor de regular los medios para que éstos no impongan una “versión única” de las cosas. La resolución señala que se debe “repudiar cualquier tentativa de censura” pero advierte que los medios deben responsabilizarse cuando “falsean los hechos o distorsionan la información para calumniar, injuriar o difamar”. Estuvo latente en ese debate el papel que jugaron los medios en el episodio del mensalão.