Basta con mirar el presupuesto del gobierno encabezado por José Mujica, con evaluar las prioridades legislativas del año pasado y los principales temas que discutirá la agrupación de gobierno del Frente Amplio (FA) el 5 de febrero en Atlántida. La seguridad es una prioridad para la coalición de izquierda, un enfoque que no ha estado exento de críticas. La senadora Constanza Moreira (Espacio 609), por ejemplo, ha convocado a debatir si se va a seguir dedicando la mayor parte de las energías a este tema.
La seguridad es, además, un tema de campaña que divide aguas, en este caso en base a una única propuesta: la aplicación del régimen penal adulto a partir de los 16 años. En Argentina -que no tiene un régimen de responsabilidad penal juvenil como sí tiene Uruguay-, el Congreso debate desde 2009 la posibilidad de crear un régimen de este tipo y hubo quienes propusieron bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, pero hasta ahora no hubo una definición. “Esto de la edad no es una política de seguridad, la verdadera política de seguridad pasa por la seguridad objetiva, por tener buenas instituciones policiales y por políticas indirectas (como la educación)”, manifestó la presidenta Cristina Fernández en 2011.
El ataque a las causas de la delincuencia fue durante mucho tiempo el foco de la izquierda. En años recientes se puso el acento en la actualización de la Policía, en jerarquizar la Policía comunitaria, en mejorar el sistema de Justicia, en incorporar la participación ciudadana en la elaboración de políticas de seguridad -por ejemplo, el Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania de Brasil-. En algunos países como Uruguay, incluso se optó por endurecer determinadas penas y por operativos de saturación policial que podrían recibir la etiqueta de política “de mano dura”.
Súper verdes
A instancias del gobierno colombiano y esgrimiendo como razón el combate a la guerrilla, el Parlamento de ese país aprobó en diciembre de 2012 una reforma constitucional que modifica el fuero militar y deja en la órbita de la Justicia militar los homicidios “en combate”.
Según el informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la desigualdad y la incapacidad estatal en tres áreas -justicia, sistema carcelario y Policía- explican el empeoramiento de los indicadores de seguridad.
Otro de los factores, según el PNUD, es que la cooperación internacional ha sido insuficiente para combatir el tráfico de drogas y armas. En diciembre de 2012, Brasil anunció que duplicará su personal de seguridad fronteriza para 2014. El ministro de Justicia de Brasil, José Eduardo Cardozo, explicó que la intención es reducir la capacidad de organizaciones delictivas de ingresar drogas y contrabando al país. En Uruguay el Parlamento analizará este año un proyecto sobre “tenencia responsable de armas” presentado en 2012 por el Ejecutivo, que entre otros puntos busca una mayor cooperación regional. “Acá hemos detectado situaciones de personas que compran armas en Montevideo, las llevan y las venden en la frontera. Hay una persona que compró más de 20 Glock. Esa arma tiene mucho valor en Brasil, en las favelas. Eso para nosotros no es delito, pero para ellos sí. Se trata de coordinar a nivel regional e introducir el concepto de que tener armas es una responsabilidad y que debe hacerlo una persona idónea”, explicó a la diaria el director general de la secretaría del Ministerio del Interior, Charles Carrera. El proyecto tipifica el delito de tráfico internacional de armas y establece la obligatoriedad de inscripción de éstas en un único registro.
En barra
El informe del PNUD señala que en América Central es donde se registran los mayores niveles de violencia a raíz de la droga y de las bandas conocidas como “maras”. Carrera negó que este fenómeno exista en Uruguay y rechazó que el país esté camino a una “favelización”, como afirmó el ministro Eduardo Bonomi.
En Brasil se registró una criminalidad muy alta el año pasado en San Pablo y Santa Catarina, y el gobierno dispuso el traslado de los jefes del crimen organizado, que operan desde las cárceles, a prisiones de máxima seguridad. El sistema carcelario brasileño, al igual que el uruguayo, presenta altos índices de hacinamiento y ha sido calificado como “medieval” por el propio ministro de Justicia de ese país.