Jorge Méndez, responsable del área educativa en el Programa Nacional de Discapacidad (Pronadis), comentó a la diaria que el seminario se pensó como un espacio “plural” para promover el debate y la reflexión sobre “educaciones y discapacidades”, donde poder escuchar nuevos enfoques, propiciar el encuentro entre educadores, activistas y familiares de personas discapacitadas. En este sentido, remarcó la importancia de “juntarse para trabajar este tema que está un poco quedado atrás”. El llamado al seminario fue un buen reflejo de que existe voluntad de hacer las cosas en equipo: “lanzamos la convocatoria el 29 de octubre y el 1º de noviembre tuvimos que cortarla porque teníamos capacidad para 140 y más de 600 personas quisieron formar parte”, contó.
Durante el encuentro, un tema llevó a otro, pero siempre se volvía a la educación inclusiva. En los diálogos estuvo en juego la corta trayectoria educativa de las personas con discapacidad, puesto que generalmente se termina en ciclo básico y la mayoría no tiene primaria completa, común o especial. Aunque también hubo acuerdo en que a veces las propuestas educativas inclusivas están, ya sea porque la institución se la pone al hombro o lo hacen unas pocas maestras, pero esas ofertas muchas veces se desconocen.
Representantes de la Comisión de Educación de la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad (CNHD) se refirieron en su exposición a los puntos mencionados. Recordaron que la ley Nº 18.651 de Protección Integral de Personas con Discapacidad, aprobada en febrero de 2010, señala en su artículo 39 que el Ministerio de Educación y Cultura, en forma coordinada con la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), “deberá facilitar y suministrar a la persona con discapacidad, en forma permanente y sin límites de edad, en materia educativa, física, recreativa, cultural y social”, los medios necesarios para que pueda desarrollar al máximo sus “facultades intelectuales, artísticas, deportivas y sociales”. La equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad debe ser desde la “educación inicial en adelante”, en “todos los niveles del sistema educativo nacional”, según se establece en el artículo siguiente.
Pero lo que plantea la normativa no se cumple. “La realidad nos indica que estos artículos no se están cumpliendo en su totalidad”, aseguró Eliana Quintela, representante en la comisión por el Congreso de Intendentes.
Seguidamente, María Helena Viana, integrante de la CNHD por el Consejo Directivo Central de la ANEP, aseguró que el sistema educativo en este momento “deja una cantidad de excluidos”. La lista la integran todos aquellos estudiantes que se salen de la media, que son la mayoría por la heterogeneidad que caracteriza a los grupos y a las instituciones. En relación al tema, reflexionó sobre el “trato igualitario” que predomina en el discurso social y, sin embargo, resulta contradictorio. “En el caso de los alumnos con barreras para el aprendizaje, consagra la de- igualdad. Si yo trato igual al que es desigual, lo que hago es perseverar la desigualdad”, enfatizó. De modo que hay que respetar las diferencias y saberlas explotar.
Específicamente sobre educación inclusiva, Viana consideró que no se trata de una “utopía” puesto que “es posible”. “Es un proceso para identificar y responder a la diversidad de las necesidades de todos, y mejorar los aprendizajes y la participación de todas las culturas y comunidades”, añadió.
Al igual que otros expositores y que el público presente, enfatizó que la responsabilidad para la inclusión es compartida, y no debe depender del “voluntarismo” de algunos docentes o instituciones educativas. El Estado, las organizaciones de la sociedad civil y los familiares de las personas con discapacidad deben compartir la tarea. Para ella, el cambio de vida de los primeros conllevará mejoras para los denominados grupos vulnerados. “Lo que hace difícil la vida del discapacitado es el pensamiento que se acciona en los demás”, remarcó.