“Las importantes exoneraciones tributarias a las ganancias empresariales que representan cerca de 1% del Producto Interno Bruto [PIB], bien podrían ser fuente de recursos para la inversión en salud, vivienda y educación”, plantearon los economistas y docentes Martín Sanguinetti y Pablo Messina, de la filial de Extensión de la Asociación de Docentes de la Universidad de la República (ADUR), durante la tercera instancia preparatoria -cumplida el sábado- hacia el Encuentro Popular de Educación (EPE) que se realizará el 26 y 27 de julio. La ponencia tomó como referencia el documento “Insumos para la discusión presupuestal”, elaborado por ADUR-Extensión, y en el cual se ha basado la asociación para fijar posición en diferentes instancias intergremiales. El trabajo, que apunta “fundamentalmente a las Zonas Francas y a la Ley de Promoción y Protección de Inversiones”, señala que “hay margen para incrementar los impuestos, ya que Uruguay tiene una carga tributaria menor a la de los países de la región”. Además, el Estado tiene “una estructura tributaria regresiva” que “carga la mayor parte de los impuestos sobre los trabajadores y no sobre los agentes que más se enriquecen”, aseguran.
Primero cuánto, después cómo
El documento de ADUR pretende “aportar elementos que fundamenten un incremento del presupuesto de la educación pública”, explicaron los expositores. En tal sentido, proponen “invertir los términos de la discusión: primero considerar los recursos necesarios y luego la forma de financiarlo”.
La afirmación de la existencia de un “incremento sustancial en el gasto educativo” fue calificada de “cuestionable”, pues si bien “el gasto corriente en educación ha aumentado en los últimos años, el gasto real ajustado por la inflación educativa y por el índice medio de salarios se ha mantenido estable desde finales de la década del 90”. Incluso, apunta que “si bien el salario docente ha mejorado en los últimos años, dicha mejora ha sido modesta en relación al resto de la economía, apenas alcanzando los niveles de 2001”. Sanguinetti y Messina recordaron que varió la forma en la que se organiza el gasto público. “A partir de 2005 el Poder Ejecutivo instaló una nueva forma considerando que ha cumplido el pedido del 4,5% del PIB para la educación. Pero en esa cuenta aparecen otros componentes que no son los dos incisos tradicionales. Son ejemplos de estos gastos algunos que ya existían, como la Escuela Policial, la Militar y otros”. En ese marco, “el peso de la educación […] con relación al PIB, pasó de ser 2,3% en 1996 a 3,9% en 2011. Por lo tanto, si bien el gasto en la educación se incrementó en los últimos años, no alcanzó las cifras prometidas en el primer gobierno del Frente Amplio [4,5% del PBI], entendiendo la educación como la ANEP [Administración Nacional de Educación Pública] y Udelar [Universidad de la República]”. De ajustarse ese gasto según su capacidad de compra, se constata que, entre 1999 y 2011, “la cantidad de recursos que se pueden comprar con el presupuesto asignado (docentes que se pueden contratar, la infraestructura que se puede generar, etcétera) es similar para todo el período analizado”. “Si bien en términos nominales el gasto para la educación ha aumentado, dicho aumento en términos reales no es tan alentador”.
Mitad de tabla hacia abajo
El documento hace énfasis en las condiciones salariales de los trabajadores de las diferentes ramas de la educación, pues “si bien han tenido una mejora del salario real, tomando en cuenta los valores iniciales, apenas ha mejorado la situación previa a la crisis de 2002”. “A su vez, observando los niveles de los salarios promedio de la educación respecto del resto de los sectores de la economía, ésta se encuentra en el puesto 20 entre 34 dentro del ranking salarial según sector de actividad”, señala el documento en el cual Sanguinetti y Messina basaron su exposición, afirmando que la mejora del salario docente en los últimos años “ha sido modesta en relación al resto de la economía”. A ello “se suman los bajos niveles salariales que se arrastran del pasado, que mantienen a la educación como un sector postergado para el desarrollo profesional”.