A pesar de que la tasa de desempleo juvenil está entre las más bajas de la historia del país, la cifra supera ampliamente la media de los trabajadores. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2012 la tasa de desempleo promedio fue de 6,5%, mientras que la de menores de 25 años alcanzó a 18,5%.
El objetivo general del proyecto, que ya cuenta con media sanción, es facilitar la inserción laboral de los jóvenes y a la vez cuidar la calidad del empleo y evitar la deserción de la educación y la formación profesional. Prevé instrumentos para incentivar las prácticas laborales, programas educativos y de formación, así como la promoción de emprendimientos juveniles autónomos.
Para facilitar que incorporen jóvenes a las plantillas, se prevé una serie de estímulos a las empresas, que dependen de la modalidad elegida. En el caso de “trabajo protegido y promovido” se ofrece un subsidio de hasta 60% del costo laboral del trabajador -en el caso de los hombres- y 80% para el caso de las mujeres. Los programas de trabajo protegido beneficiarán a los menores de 30 años que estén desempleados y que pertenezcan a hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica.
En la modalidad de primera experiencia laboral, las empresas reciben un subsidio de hasta 25% de las retribuciones mensuales del trabajador y las contrataciones que hagan no podrán ser inferiores a seis meses ni exceder un año. Además, el beneficiario puede ser contratado una sola vez, no debe contar con experiencia laboral formal previa y debe tener entre 15 y 24 años de edad.
En la modalidad de práctica laboral para egresados, el subsidio recibido por las empresas será de 15%.
A discriminar
Otros beneficios ofrecidos a las empresas que participen en las diferentes modalidades son la utilización gratuita de servicios de selección de personal, el acceso al etiquetado de empresas participantes y la difusión de la marca empresarial.
Por su parte, las firmas que incorporen jóvenes deberán estar en situación regular en los pagos al Banco de Previsión Social y no haber despedido personal ni haber realizado envíos al seguro por desempleo durante los 90 días anteriores a la contratación, ni hacerlo durante el plazo que dure ésta.
El proyecto agrega que el porcentaje de personas empleadas no puede ser mayor a 20% de la plantilla permanente y que los jóvenes contratados recibirán los beneficios sociales de cualquier trabajador formal, incluyendo el del Fondo Nacional de Salud.
Por otra parte, se establece una serie de acciones de “discriminación positiva” que se busca implementar mediante la participación de organismos públicos. Las entidades estatales o las personas públicas no estatales deberán contratar al menos a 50% de los jóvenes bajo la modalidad de primera experiencia laboral; 8% de los jóvenes contratados deben ser afrodescendientes, 4% personas con discapacidad y 2% transexuales.
Además, por tratarse de un proyecto de promoción de empleo de personas en edad de estudio, se entiende necesario compatibilizar las actividades laborales con la continuidad de los estudios. Para ello, se incluye un subsidio de 20% del valor de la hora de trabajo en caso de reducción de una hora en la jornada laboral y de 40% en caso de reducción de dos horas.