En setiembre, entre 15 y 20 personas ocupantes de terrenos de Cumbres de Neptunia declararon en el Juzgado Penal de Atlántida a raíz de una denuncia formulada un año atrás. Ayer los abogados de los denunciados presentaron en la sede penal un escrito solicitando que el expediente se archive. Pablo Ghirardo, uno de los defensores, explicó a la diaria que en las declaraciones judiciales “había quedado claro que no había elementos suficientes para seguir el proceso penal”.
El expediente abarcaba 30 inmuebles y alrededor de 60 familias, indicó el abogado, detallando que la denuncia fue presentada por una decena de vecinos en setiembre de 2013 argumentando que del 1º al 10 de setiembre se habían construido varias viviendas en la zona y habían provocado incendios.
Según Ghirardo, los denunciados presentaron documentación -facturas de contratación de servicios públicos- que comprobaba que vivían allí desde antes -de dos a cuatro años- y demostraron ser ocupantes poseedores y no usurpadores. La diferencia no es menor, porque el delito por usurpación es la única figura de ocupación que se dirime en la órbita penal, aclaró.
Se considera ocupante poseedor a quien haya ingresado pacíficamente al inmueble y haya permanecido en el lugar por más de un año ininterrumpido; en ese caso pasa a adquirir derecho sobre el bien y sólo el propietario puede pedirle el deslojo. Pero en este caso, la denuncia no fue hecha por propietarios, sino por vecinos. Ghirardo entiende que los denunciantes recurrieron al delito de usurpación porque les ofrece tres ventajas: “No tengo que acreditar vínculo con el inmueble, no importa si ingreso en forma pacífica o violenta, y basta con que presente la denuncia para que estas personas sean citadas judicialmente”.
El escrito presentado ayer afirma que “todos los denunciantes faltan a la verdad y lo hacen porque son conscientes [de] que de narrar los hechos tal cual son, no prosperaría la acción penal”. Alega que el juzgado “pudo comprobar por sus propios medios que estamos ante familias compuestas por gente de trabajo, gente joven y gente mayor que encontró en estos terrenos una posibilidad de obtener una vivienda digna”, y añade que se “criminaliza” a quienes buscaron un lugar para vivir.
Ghirardo afirmó que “hay mala utilización de la vía penal, que es la última ratio, el último recurso al cual podemos acudir”. Denunció, además, que “hubo una serie de irregularidades en el expediente”, porque la Policía concurrió al lugar a recabar datos “como si fuera un censo y nunca informó que era por una causa judicial”.
Cuando comenzaron las citaciones, habitantes de Cumbres de Neptunia, el Remanso de Neptunia y Marindia Norte conformaron la Coordinadora de Vecinos Contra los Desalojos. Se manifestaron a fines de setiembre y ayer acompañaron a los abogados al juzgado. Ghirardo dijo que “cuando los vecinos se empezaron a movilizar hubo varios aprietes, y hubo un caso de tortura en una sede policial a una persona sordomuda, que es una de las denunciadas. Desde el punto de vista jurídico, no es un proceso con todas las formas; por eso, lo mejor es que se cierre”.
Algunos de los denunciantes viven a 500 metros y otros a varios kilómetros de los ocupantes. La coordinadora y los abogados dicen desconocer el porqué de la denuncia. Uno de los motivos puede ser la llegada a la zona de emprendimientos comerciales, y con ellos, servicios que eleven el valor de los terrenos, cuyos dueños aún no se conocen.