A raíz del sostenido aumento de la cantidad de delitos como el hurto o la rapiña, los uruguayos sienten que viven en un país inseguro. Más allá de las discusiones bizantinas sobre cuál es la relación entre el delito y la sensación, lo que queda claro es que existe desde hace ya muchos años un clima de opinión que exige mayor represión por parte del Estado.
Ante ese clima, el sistema político ha respondido con aumentos de penas, reforzamiento de las Policías, instalación de cámaras en espacios públicos, megaoperativos y más de un episodio de violencia estatal fatal. En el discurso cotidiano de los uruguayos, por ejemplo en conversaciones privadas o en comentarios en internet, se expresaba a menudo un escalofriante deseo de exterminio: desde el “algo hay que hacer” al “hay que matarlos a todos”.
Tanto el gobierno como la oposición participaron en esa escalada, pero fueron Vamos Uruguay y el Herrerismo los que buscaron cerrar el círculo y promover un plebiscito, para que la propia opinión pública que exige más represión se expresara y consagrara una reforma constitucional que bajara la edad de imputabilidad penal.
Al principio la izquierda tardó en reaccionar, un poco confundida por las señales del gobierno y un poco sobrepasada por lo que parecía una ola imparable de miedo y odio. Hace poco más de un año las encuestas señalaban que dos tercios de los votantes se inclinaban por votar a favor de la propuesta de reforma constitucional, y se llegó a discutir si luchar contra eso valía la pena.
Algunos episodios escandalosos de violencia estatal, como la muerte de Sergio Lemos en Santa Catalina y los abusos en el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), mostraron qué es lo que hace el Estado cuando se le exige represión, y encendieron la alarma sobre la urgencia de responder a las voces que buscaban exacerbar la violencia. La marcha organizada por el PIT-CNT y los vecinos de Santa Catalina, reclamando justicia en el caso de Lemos, y las denuncias de la Institución Nacional de Derechos Humanos sobre la situación del Sirpa, mostraron que existían vías de acción política e institucional contra la marea represiva.
Mientras tanto, la comisión No a la Baja trabajaba denodadamente para buscar apoyos. Los consiguió en lugares predecibles, pero fue mucho más allá. La campaña contra la reforma es apoyada hoy por los movimientos sindical, estudiantil, feminista, de la diversidad y de los derechos humanos, el Frente Amplio (FA), la Universidad de la República, el arzobispo de Montevideo, Naciones Unidas, el Fondo para la Infancia de las Naciones Unidas (Unicef), el movimiento scout, todos los partidos menores, sectores minoritarios pero relevantes de los partidos tradicionales y muchas otras organizaciones. Quienes impulsan el plebiscito quedaron prácticamente aislados.
Este esfuerzo dio resultados, y la voluntad de votar a favor de la baja de la edad de imputabilidad bajó sostenidamente, al punto de que hoy los analistas dicen que existe incertidumbre sobre el resultado del plebiscito o que es muy difícil que éste resulte aprobado. El embanderamiento del FA con la causa fue clave, al alinear a buena parte de su electorado y aportar buena parte del cambio cuantitativo en el clima general de la opinión.
El resultado del plebiscito puede ser incierto, pero lo que ya es claro es que el trabajo político de la comisión y de gran parte de la sociedad civil organizada logró un vuelco en un clima de opinión que hace no mucho tiempo parecía tan obvio y necesario como el oxígeno que respiramos. Con la marcha de hoy por 18 de Julio se cierra una campaña brillante, que demuestra exactamente de qué se trata la política: de cuestionar lo obvio, organizar lo disperso, representar a lo condenado a ser abyecto y destruible, y mover, aunque sea unos pocos metros, el margen de lo posible.