Ayer se descubrió la placa fundacional del primer proyecto aprobado por medio de la Ley de Participación Público Privada (PPP), para construir un recinto penitenciario en Punta de Rieles que podrá albergar a casi 2.000 personas. La empresa privada tendrá a su cargo, además de la construcción y la financiación de la obra, los servicios futuros de mantenimiento, limpieza, lavandería y alimentación, mientras que la seguridad, los servicios de salud y las tareas de rehabilitación serán responsabilidad del Ministerio del Interior, por intermedio del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR).
Usualmente se habla de este tipo de proyectos como un mecanismo útil para financiar la creación de infraestructura y pagarla en cómodas cuotas a largo plazo. Pero las PPP también presentan un conjunto de ventajas como herramienta para proveer infraestructura pública de calidad, que van más allá de la financiación y de las cuales se habla poco. En este artículo se describirán tres de esas ventajas.
En primer lugar, al privado no se lo contrata sólo para que construya infraestructura, sino para que brinde un servicio que requiere, como condición indispensable, determinada infraestructura en buenas condiciones. En el caso del recinto penitenciario, el Estado no paga por tener a su disposición una nueva cárcel, sino por tener una que cumpla con ciertos estándares de calidad. Por lo tanto, si la cárcel no está disponible en esas condiciones, simplemente no se paga.
La disponibilidad se mide con una serie de indicadores que son acordados previamente y se miden en forma periódica. Si el privado supera los estándares estipulados, se le paga lo acordado, pero si no se alcanzan tales estándares, se realizan deducciones que pueden incluso llevar el pago a cero. Esto quiere decir que si el privado no soluciona los problemas de focos de luz que se queman, caños que se tapan o celdas que se llueven, no alcanzará el estándar requerido y tampoco recibirá un pago completo.
Obsérvese que como el privado es quien financia la obra inicial, y dado que sus ingresos dependen del mantenimiento de esos estándares, será el primer interesado en que se cumplan. De lo contrario se le pagará menos, y si las deducciones son muy altas podría, incluso, no recuperar lo que ha invertido.
En segundo lugar, de lo anterior se desprende que el Estado se asegura un estándar de calidad estable a cambio de un pago fijo durante un período prolongado de tiempo. Con independencia de cuánto se rompan las cañerías o de cuántas lamparitas haya que cambiar, siempre pagará lo mismo. En palabras un poco más técnicas, se transfiere el riesgo al privado pagando un monto fijo. Esta característica es fundamental para entender por qué a veces es preferible una PPP a una obra tradicional. No es necesario suponer un Estado ineficiente e inoperante para dar participación a un privado “que lo haga mejor”. Aun suponiendo que la eficiencia estatal es la misma que la privada, una PPP puede ser preferible a una “obra tradicional”, si lo que cobra el privado por gestionar el riesgo es menos que lo que le cuesta al Estado asumir ese riesgo.
Para saber qué es preferible en cada caso, se debe comparar el costo del proyecto PPP con el de realizarlo mediante un mecanismo tradicional. En un contrato de “obra tradicional”, el Estado apela a un contratista para construir cierta infraestructura, y va pagando a medida que se realiza la obra. En general, si hay sobrecostos en relación con lo previsto, el Estado debe hacerles frente. Una vez terminada la obra, el contratista se desvincula de ella, y su mantenimiento queda a cargo del Estado. De hecho, si la obra tiene errores de diseño o constructivos, es muy probable que su corrección recaiga sobre el Estado. Además, el mantenimiento de la infraestructura para mantener un estándar de calidad, reparando todo lo que se dañe o deje de funcionar, implica, en forma inevitable, un monto variable e incierto de dinero, y por lo tanto cierto grado de ineficiencia, por exceso o por defecto, en la asignación de presupuesto.
En definitiva, la PPP es preferible a una obra tradicional si el pago al privado resulta menor que el costo de licitar una obra tradicional, sumado al de todos los riesgos a los que haya que hacer frente en el futuro. Esta estimación se realiza para todos los proyectos PPP, y sólo se sigue adelante con aquellos a los que esa comparación les es favorable. En el caso de esta cárcel, se estimó que el proyecto PPP será 22,4 millones de dólares más barato que la opción tradicional.
En tercer lugar, y a modo de cierre, una ventaja muy importante de la PPP del recinto penitenciario de Punta de Rieles es que el INR ya no tendrá que ocuparse de destapar caños, limpiar pisos o lavar ropa, y por lo tanto se podrá dedicar de lleno a la seguridad de la cárcel, la salud y, sobre todo, a la rehabilitación de las personas privadas de libertad, que es su principal cometido.