Desde que el Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) recibió la denuncia de un grupo de padres que mandaba a sus hijos al Colegio Nueva Cultura-Método Logosófico pero los retiró una vez que escucharon, mediante grabaciones secretas, el trato que los niños de tres, cuatro y cinco años recibían, el caso pasó a la división Jurídica y se sigue adelante con la investigación (ver Nada es perfecto).
El director general del CEIP, Héctor Florit, explicó que desde entonces se amplió la investigación, puesto que se recibieron más testimonios, pero no sólo en contra de la institución educativa, sino también a favor. Todos se incorporaron a las actuaciones de la división. Además, se siguen realizando inspecciones por parte de la Dirección Nacional de Inspección Privada.
Florit indicó que, al menos hasta la semana pasada, “no existían elementos de convicción suficiente para poder establecer conductas ilícitas por parte del colegio”. Sin embargo, sostuvo que han aparecido “elementos preocupantes”, por lo que se amplió la investigación.
Consultado sobre la utilidad que pueden tener las inspecciones al colegio, -ya que inevitablemente la presencia de este tipo de autoridades tiende a modificar el clima habitual de clase-, Florit reflexionó sobre “las limitaciones” del sistema. “Está claro que no tenemos facultades judiciales ni policiales, entonces lo más que puede hacer Primaria en una institución privada que se ampara en la libertad de enseñanza que establece la Constitución, en tanto se manejen en el marco de la legalidad, es controlar es que los docentes sean titulados, que se dicte el programa de acuerdo al plan vigente, que las condiciones generales de los edificios sean las correctas, que se preserve la seguridad, el orden y la higiene”. Agregó: “Yo comparto la preocupación de lo limitado que son las actuaciones que el Consejo de Primaria puede llevar adelante”.
Para contrarrestar las limitantes, además de tener en cuenta el material que recaban las inspectoras, se consideran los testimonios de los padres y otras personas que están o estuvieron vinculadas a la institución y denunciaron aspectos acerca del trato recibido.
Sobre la titulación de las maestras, si bien las de niños de cuatro y cinco años deben ser egresadas de Magisterio, los padres aseguran que no lo son. Al respecto, Florit señaló que si esa cuestión fue planteada por el grupo de padres inicialmente, entonces también debería estar siendo objeto del estudio que se está desarrollando, del que todavía no hay resultados.
Por otra parte, sostuvo que se está a la espera de los elementos que puedan ir surgiendo a raíz de la denuncia penal hecha por los padres, como también de las radicadas ante el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH). Hasta el momento, la demanda judicial no ha avanzado porque los funcionarios de la Fiscalía de Corte están de paro en el marco de conflictos sindicales existentes en distintas unidades ejecutoras del Ministerio de Educación y Cultura.
En tanto, Gianni Di Palma, vocero de INDDHH, confirmó que están al tanto de que el CEIP está siguiendo el tema por lo que se manejan con “cierto margen de tranquilidad” hasta tanto se conozcan las conclusiones. Comentó que la dirección del Colegio Nueva Cultura se comunicó con ellos para enterarse de forma directa de los cuestionamientos de los padres, algo que se concretó, aunque preservando el anonimato.