El miércoles los ministros del Tribunal de Cuentas de la República (TCR) analizaron un informe de auditoría largamente esperado. Por unanimidad, la Junta Departamental de Rivera había solicitado hace un año una auditoría sobre los contratos de la Intendencia de Rivera con la empresa Ramón C Álvarez, en particular sobre dos situaciones: el contrato de concesión del Abasto Municipal y la participación de un funcionario de la empresa en la elaboración de pliegos de la licitación para la remodelación del autódromo. La auditoría llevó gran parte de 2014 y terminó a comienzos de julio, pero el informe llegó a la sesión de los ministros del TCR la semana pasada. Todavía no fue aprobado.
El informe elaborado por el área jurídica del TCR enumera irregularidades en todos los puntos a estudiar, en particular en relación a la remodelación del Abasto, una licitación que se realizó a fines de la gestión departamental anterior, de Tabaré Viera (Partido Colorado, PC). La concesión fue para la empresa Coral Safiro SA, pese a que ésta “carecía de antecedentes en emprendimientos similares y no cuenta con actividad económica que pueda demostrar su solvencia”, puntualiza el informe. De todas formas, el contrato se firmó en enero de 2010 con la empresa Ramón C Álvarez como fiadora solidaria. Según el TCR, Coral Safiro tiene la misma dirección que Ramón C Álvarez.
En relación a esta licitación, el tribunal constató el incumplimiento del contrato en varios aspectos. La empresa no pagó el canon (24.000 dólares en el período) ni cumplió con el avance de las obras (la inversión debía haber sido de 1.900.000 dólares hasta el momento), lo que determina la rescisión unilateral del contrato. También señala que la Intendencia “prorrogó los plazos en reiteradas oportunidades, sin exigir al adjudicatario ninguna multa ni sanción”. Detalla que la garantía exigida por el cumplimiento del contrato se calculó mal, con una diferencia en favor del garante de 95.000 dólares. La empresa adjudicataria tampoco pagó los gastos por consumo de UTE y OSE, por 914.534 pesos, que siguió pagando la Intendencia, y se comprobó que después de iniciada la auditoría del TCR, en enero y en abril de este año, la comuna descontó dichos gastos al fiador solidario Ramón C Álvarez. El informe establece que “la Administración debió proceder de conformidad con lo establecido en el Pliego, aplicando el receso unilateral establecido como sanción” y las multas, entre las que se incluye la garantía de fiel cumplimiento del contrato.
En relación al proyecto de remodelación del autódromo, el informe observa que un ingeniero civil que participó de forma honoraria, en carácter de asesor, en la etapa preparatoria de la licitación, fue luego representante de una de las oferentes, Ramón C Álvarez, a la postre adjudicataria. El hecho “no se ajusta al haz de juridicidad que debe ceñir la contratación administrativa”, señala el informe, que asegura que participar como representante de una empresa en un proceso en el que se había actuado en la etapa preparatoria “implica contar con un conocimiento pasible de ser usado en beneficio propio o de terceros y el manejo de información reservada o privilegiada”. La Intendencia, señala el informe, “debía haber advertido la implicancia que resultaba de contratar con la firma Ramón C Álvarez, cuyo representante había actuado en la etapa preparatoria de la licitación”. Los descargos de la administración, agrega, “no son admisibles”. El informe puntualiza, además, que la oferta de Ramón C Álvarez, -que fue la más barata de las tres presentadas- tuvo un error de planificación al presupuestar los aportes laborales: estimó gastos por 640.000 pesos que terminaron siendo de 4.789.335 pesos.
Del estudio de otros contratos entre la Intendencia y la empresa en el período 2010-2013 surgen ocho observaciones, entre ellas compras fraccionadas sin justificación, la falta de informes de disponibilidad de crédito presupuestal o la falta de los seguros correspondientes.
El edil Fabián Fontoura (Frente Amplio), quien solicitó la auditoría del TCR después de varios pedidos de informes y un llamado a sala al intendente Marne Osorio (PC), espera a conocer el informe del TCR para resolver los pasos a seguir. “Si el informe confirma las cosas que he detectado, si hay visos de conductas delictivas, haremos la denuncia judicial, porque la Intendencia se aparta de los pliegos de los contratos siempre en beneficio de una empresa”, indicó a la diaria.