Sobre las 13.30 del martes golpearon la puerta de la casa de Marco Berneda en Bella Unión, departamento de Artigas. Eran funcionarios policiales que, con una orden de la Justicia en mano, allanaron su casa y se lo llevaron detenido. Berneda es cultivador registrado formalmente, tal como lo establece la ley que regula la producción, distribución y venta de cannabis, aprobada a fines de 2013. Según le explicaron, la Policía local recibió una denuncia anónima. Pese a que mostró su registro a los oficiales que se apersonaron en su domicilio, no pudo evitar que allanaran su casa y se llevaran las “ocho o nueve” plantas “chicas” que tenía, varias de las cuales no eran hembras. Además, fue conducido a un calabozo, en el que estuvo durante unas ocho horas sin que nadie le explicara nada más.
Berneda está preocupado principalmente por recuperar las plantas. Según explicó, sufre dolores de espalda para los que toma medicación, pero en algunas oportunidades, en vez de tomar las pastillas, fuma marihuana para calmar el dolor, pero ahora lo dejaron “sin nada”, según señaló. Lamentó que la Policía le haya “revuelto toda la casa”, porque vive con sus abuelos, que “son grandes y se ponen nerviosos”. También narró que “en tono de burla”, los oficiales policiales le dijeron: “Seguí plantando que te vamos a seguir sacando”.
Berneda nunca tuvo inconvenientes con la Justicia y ningún vecino ni conocido le manifestó quejas por las plantas que tenía en su casa. Según indicó, antes de estar registrado formalmente ante el Instituto de Regulación y Control del Cannabis (Ircca) plantaba dentro de su casa, pero después de estar registrado comenzó a hacerlo afuera, por lo que especula con que muchas personas pueden haber visto sus cultivos. La ley que regula el mercado de marihuana establece que para “la plantación, el cultivo y la cosecha domésticos” para consumo personal o para compartir en el hogar se autoriza hasta seis plantas hembras de cannabis.
La situación que vivió Berneda el martes ya fue puesta en conocimiento de las autoridades del Ircca y de la Junta Nacional de Drogas. No obstante, éstas consideran que no tienen margen de actuación porque el caso debe ser dirimido por la Justicia, y entienden que debería ser el abogado defensor quien planteara los reparos ante el juez.